Foto: Jesús Fernández Pizan
Autoría: Jorge Chávez Ortiz
Fecha: Miércoles, 30 de setiembre de 2026
“Ni una sola gota de agua debería llegar al mar sin ser primero utilizada en beneficio de la humanidad” (Molle et al., 2009)
1. Charles Sutton y el nacimiento de la burocracia hídrica en el Perú
Charles Sutton fue un ingeniero geógrafo estadounidense que, impulsado por la búsqueda de nuevos horizontes, llegó al Perú en las primeras décadas del siglo XX. Era una época donde el ideal de expandir la frontera agrícola tomaba cada vez más fuerza. Durante sus viajes por la costa y sierra peruana, Sutton logró identificar múltiples puntos de interés para desarrollar proyectos de irrigación; por ello, a más de medio siglo de su fallecimiento, sus propuestas aún resuenan en proyectos como Siguas y La Joya.
Sutton fue el promotor técnico de las Pampas de Majes (Arequipa) y de Chavimochic (La Libertad). Pese a la magnitud de sus propuestas, en vida, solo logró ejecutar el proyecto de irrigación del Valle de El Imperial (Lima). Asimismo, fue uno de los principales impulsores del proyecto Olmos (Lambayeque), una obra que en la actualidad es duramente cuestionada en distintos aspectos.
Como señalan (Oré y Rap, 2009), Sutton fue el precursor de una nueva generación de técnicos e ingenieros especializados en la gestión de recursos hídricos, quienes promovieron que el Estado adoptara el agua como el motor para la modernización de la agricultura costeña. Estos especialistas se formaron inicialmente en la Escuela de Agricultura, creada en 1902 y fuertemente respaldada durante el gobierno de Augusto B. Leguía, periodo en el que Sutton tuvo su mayor influencia política. En 1960, tras obtener el rango universitario, esta institución se convirtió en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).
De esta casa de estudios egresó la mayor cantidad de ingenieros agrícolas que luego se integrarían a instituciones estatales, empresas, organismos internacionales y consultoras. Con la visión de poner el agua exclusivamente al servicio del hombre, se consolidaron como una auténtica «burocracia hídrica». Esta élite técnica forjó su identidad y experiencia práctica trabajando en los grandes «proyectos especiales» de la costa, diseñando infraestructura moderna para captar y transferir agua desde la cordillera de los Andes hacia los valles costeños. En los años noventa, una de las corrientes más importantes de esta tecnoburocracia se concentró en el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), con la misión exclusiva de diseñar y construir megainfraestructuras.
2. La crítica al enfoque tecnicista y el paradigma de la «pérdida» de agua
Aunque esta mirada productivista fue aplaudida durante décadas, hoy en día, los burócratas hídricos son blanco de severas críticas. Se les cuestiona un enfoque excesivamente tecnicista y deshumanizado, sesgado por la creencia de que la costa es la prioridad del país, lo que genera un desprecio implícito por la diversidad y el derecho al desarrollo de las demás regiones. A menudo, su mentalidad cerrada ha derivado en prácticas autoritarias, falta de transparencia, generación de normativas ambiguas que afectan a la población local y una marcada obsesión por restar poder a las organizaciones sociales, actuando frecuentemente como intermediarios de agendas neoliberales externas que favorecen a grandes empresas.
Muchos técnicos mantienen el pensamiento de que el agua solo es útil si genera valor económico directo para el ser humano. Olvidan que el recurso forma parte de ecosistemas hídricos vitales (como ríos y lagunas) y que está profundamente ligado a culturas, costumbres y estilos de vida locales. Las propuestas originadas por Sutton se han convertido en los pilares que sostienen a los actuales agroexportadores de la costa peruana; sin embargo, esta lógica de construir represas, canales y trasvases se traslada mecánicamente a realidades distintas, bajo el pretexto de beneficiar a zonas donde supuestamente el recurso escasea.
Un ejemplo claro de este pensamiento se reflejó en un cartel publicitario de Minera Yanacocha difundido hace más de 18 años. En él, se presentaban los porcentajes del uso del agua en la cuenca afirmando que la minería consumía el 1%, la ciudad el 4%, el campo el 25%, mientras que el 70% restante se «perdía» en el mar. El anuncio cerraba con la frase: “Agua hay en Cajamarca, lo que falta es juntarla”. Al respecto, Preciado (2011) señala que la empresa proyectaba la idea de no ser una gran consumidora en comparación con otros sectores. Sin embargo, la disponibilidad del agua no depende únicamente del volumen consumido, sino que involucra dinámicas complejas del ciclo hidrológico y del sistema sobre el cual se desarrolla: la cuenca hidrográfica.
Resulta irónico que infraestructuras como las presas El Rejo y Grande presentadas, en su momento, como soluciones capaces de mejorar la calidad de vida de la población cajamarquina, se hayan convertido hoy en la sombra de un discurso que se recicla constantemente. Ese mismo relato promueve ahora la construcción de la Presa Chonta y la perforación de pozos tubulares como la respuesta supuestamente definitiva a los problemas de escasez hídrica que enfrenta la ciudad de Cajamarca.
Ya en julio de 2005, en un artículo publicado en la revista Ideele (N.° 172), Raúl Benavides defendía la construcción de presas en las partes altas de las cuencas —como Grande y El Rejo— como una solución a los problemas de gestión del agua. Sin embargo, si dicha propuesta hubiera demostrado ser realmente exitosa, cabría esperar que este modelo se hubiese replicado en los demás ríos y quebradas que rodean las operaciones de Yanacocha y no se habría producido el desastre ambiental de octubre-noviembre 2022 en que las aguas contaminadas de la presa del río Grande dieron lugar al cierre de compuertas que dejó a toda la ciudad sin agua, por varios días (Memoria SEDACAJ, 2022)
La persistencia de este enfoque revela una visión tecnocrática que privilegia la infraestructura gris —represas, canales, trasvases y pozos— como principal respuesta a los desafíos hídricos. Para el burócrata hídrico, la solución suele encontrarse en nuevas obras de ingeniería, aun cuando estas no necesariamente aborden las causas estructurales del problema ni garanticen una gestión sostenible del agua en el largo plazo.
La persistencia de este enfoque revela una visión tecnocrática que privilegia la infraestructura gris —represas, canales, trasvases y pozos— como principal respuesta a los desafíos hídricos
3. La crónica del proyecto Presa Chonta: Viabilidad, burocracia y sobrecostos
El caso de la Presa Chonta es peculiar por donde se mire y arrastra un largo historial de marchas, contramarchas y un notable incremento de presupuesto.
El primer intento (2011-2014)
Durante la gestión de Ramiro Bardales Vigo al frente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se impulsó formalmente el proyecto. Mediante un Convenio Específico de Transferencia de Partidas celebrado con el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se acordó financiar la elaboración del Expediente Técnico por un monto de S/ 13,500,000.
De ese presupuesto, se desembolsaron S/ 11,383,109.54 (mediante el Contrato N° 165-2012-MPC) al Consorcio Río Chonta, conformado por Asesores Técnicos Asociados S.A. y Técnicos de Ingeniería de Consulta – Ingetec Sucursal de Integral S.A. (Colombia). El consorcio estaba representado por José Hernández Calderón —quien cuatro años más tarde sería nombrado ministro de Agricultura y Riego— y disponía de un plazo de 240 días para entregar el estudio. En paralelo, la municipalidad contrató a Servicios de Consultores Andinos S.A. (Contrato N° 018-2013-MPC) por S/ 1,290,309 para supervisar dicha elaboración.
La primera desaprobación técnica (2015)
El expediente técnico inicial nunca llegó a aprobarse. Durante la gestión municipal de Manuel Becerra Vílchez, el Ministerio de Agricultura publicó la Resolución de Dirección General N° 0183-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA (15 de junio de 2015), mediante la cual se denegó su aprobación debido a que no se levantaron diversas observaciones formuladas durante el proceso de evaluación.
Entre las omisiones más relevantes figuraba la ausencia de un mapa que identificara con precisión la ubicación de las concesiones y proyectos mineros vigentes en la cuenca del río Chonta, un aspecto fundamental, considerando que la presa estaba concebida para contribuir al abastecimiento de agua para consumo humano. Asimismo, el expediente carecía de información detallada sobre la distribución y densidad de especies de flora y fauna en situación de amenaza.
Particularmente preocupante fue la omisión de información sobre el hábitat de Taphrolesbia griseiventris (colibrí ventrigrís), una especie endémica cuya distribución conocida se restringe al cañón de Sangal en el río Chonta. La importancia biológica de esta ave ha motivado la visita de reconocidos ornitólogos internacionales, como Tom Schulenberg, Ignacio Areta y Fernando Angulo, quienes han viajado a Cajamarca específicamente para observarla en su hábitat natural. Sin embargo, las autoridades locales, regionales y nacionales han prestado escasa atención a su situación de conservación y al significativo potencial aviturístico que alberga este ecosistema.
En esta primera etapa, identificada con el código SNIP 76288, la elaboración del expediente técnico demandó una inversión superior a 11 millones de soles, mientras que el costo estimado para la ejecución de la presa ascendía a S/ 343 264 540.
Las crisis ecológicas no se arreglan con megaproyectos de ingeniería que solo patean el problema para adelante; lo que toca es cambiar de raíz cómo nos relacionamos con la naturaleza
El entrampamiento y los informes ocultos (2016-2021)
Durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra se intentó reactivar el proyecto, aunque sin lograr avances significativos. Incluso José Hernández Calderón, quien ocupó el cargo de ministro de Agricultura durante ese periodo, no impulsó su ejecución, pese a que años antes había representado a la empresa responsable de la elaboración del expediente técnico que finalmente fue declarado inviable. Ese mismo ministro de Agricultura es el que se vería involucrado en un escandaloso caso de corrupción del gobierno de Martín Vizcarra por las supuestas coimas de Obraínsa e ICCGSA en la ejecución del Proyecto de almacenamiento, trasvase y suministro de Pasto Grande en Moquegua.
En 2019, el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA) contrató servicios especializados para realizar una evaluación técnica del expediente, concluyendo que el proyecto de la presa Chonta era inviable desde el punto de vista técnico. Esta misma conclusión fue presentada públicamente en 2021 por el ingeniero Alberto Ángeles Lucas, secretario técnico de PEJEZA, durante una reunión convocada por el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Sin embargo, dicho informe técnico fue desestimado por parte de los principales gremios empresariales de la región.
Cabe señalar que, hasta la fecha, PEJEZA no ha atendido los correos electrónicos ni las solicitudes formales de acceso a la información pública que han sido presentadas para obtener la documentación relacionada con el proyecto de la presa Chonta, lo que limita el acceso ciudadano a información de interés público sobre una obra de gran relevancia para la región y tiende un velo de opacidad sobre el proyecto.
El “destrabe” político y la duplicación de costos (2023-2026)
Con la llegada de Joaquín Ramírez Gamarra a la alcaldía provincial de Cajamarca (periodo 2023-2026), la Presa Chonta regresó a la palestra local, esta vez promovida activamente por la Asociación Los Andes de Cajamarca (Newmont ALAC) —la ONGD de Minera Yanacocha—, la municipalidad, la Cámara de Comercio de Cajamarca y el Poder Ejecutivo.
El 21 de agosto de 2024, en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 0064-2024-MIDAGRI-DVDAFIR para «destrabar» el proyecto. En el acto participaron los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Economía y Finanzas (MEF), Vivienda (MVCS), la municipalidad y Newmont. El esquema acordado distribuyó las tareas así:
- El MEF incorporaría el proyecto en la Programación Multianual de Inversiones.
- El MIDAGRI se encargaría de la ejecución física y el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) brindaría acompañamiento, apoyo y asistencia técnica.
- El MVCS evaluaría el componente de agua potable.
- La Municipalidad Provincial de Cajamarca gestionaría el saneamiento físico-legal.
- Newmont ALAC asumiría el financiamiento para actualizar el expediente técnico por un monto de S/ 7,460,000.
Este anuncio fue celebrado con «bombos y platillos» por los sectores promotores de la actividad minera en cabecera de cuenca. El convenio fue respaldado políticamente por el entonces ministro del MIDAGRI, Ángel Manero, recordado por su polémica frase en el Foro del Agua del Perumin 37 (septiembre de 2025): “La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera”.
La actualización del expediente y la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) corrió a cargo de AFRY (Perú) S.A.C., filial de la firma de ingeniería sueco-finlandesa AFRY AB. El documento fue presentado al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el 1 de diciembre de 2025 (Expediente A-IGAPRO-00230-2025).
Inicialmente, el Senace desaprobó el estudio mediante la Resolución Directoral N° 00037-2026-SENACE-PE/DEIN (7 de abril de 2026). Una de las observaciones relevantes fue que el proyecto no sustentó técnicamente la elección del caudal ecológico para el mes más crítico de la temporada seca, lo que hizo caer el resto de los componentes ambientales. Ante esto, la Municipalidad Provincial de Cajamarca interpuso un recurso de reconsideración que fue declarado fundado con notable celeridad, en tiempo récord de cinco semanas, consiguiéndose la aprobación final del IGAPRO el 15 de mayo de 2026 mediante la Resolución Directoral N° 00053-2026-SENACE-PE/DEIN.
Tras este destrabe, la Presa Chonta pasó a formar parte de la cartera de la Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), compartiendo espacio con proyectos de fuerte discurso político como la Tercera Etapa de Chavimochic y Poechos.
En este segundo momento histórico, las cifras revelan el verdadero impacto financiero del proyecto. El nuevo Código Único de Inversión (CUI) es el 2079274 y la inversión pública estimada pasó a S/ 516,146,613.00. Sin embargo, en los registros oficiales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), el monto total de inversión inscrito para la construcción de la presa asciende a S/ 691,106,054.70. Comparado con el presupuesto original de 343 millones de soles, el costo del proyecto ha sufrido un incremento del +101.33%. En términos prácticos, la obra se terminó duplicando antes de colocar la primera piedra, alimentando una vez más el engranaje de la infraestructura gris bajo las órdenes de la burocracia hídrica.
4. La falla metabólica y la ilusión tecnológica de la Represa del Chonta
Para desarmar el discurso oficial sobre la Presa Chonta, las ideas del filósofo japonés Kohei Saito caen como anillo al dedo. Saito nos recuerda algo clave: las crisis ecológicas no se arreglan con megaproyectos de ingeniería que solo patean el problema para adelante; lo que toca es cambiar de raíz cómo nos relacionamos con la naturaleza. Ahí entra su concepto de falla metabólica: esa ruptura violenta de los ciclos naturales de la Tierra provocada por un sistema económico obsesionado con crecer y acumular sin frenos. Visto así, el empeño de la burocracia hídrica por meter cemento (la famosa infraestructura gris) es el típico «parche tecnológico». Quieren solucionar una escasez superficial sin tocar las dinámicas de despojo y daños a los ecosistemas hídricos que la causaron en primer lugar.
Esto nos obliga a rascarnos donde pica y hacernos preguntas incómodas. ¿Nos venden la presa como la salvación exclusiva para el agua potable de la ciudad y el riego de los agricultores, jurando que la minería no va a tocar ni una gota? Pero si el beneficio es tan puramente social, ¿a quién le conviene realmente centralizar todo el control del agua en un monstruo de concreto hipercostoso? ¿Es un capricho político para hacernos creer que este modelo de desarrollo es viable, o estamos ante una acción de greenwashing corporativo que suena recontra sofisticado?
Seamos realistas: que Newmont Yanacocha ponga más de siete millones de soles solo para actualizar el expediente técnico no es caridad, es un negocio redondo. Les limpia la cara frente a sus pasivos ambientales ante la opinión pública, calma las aguas con la población y les asegura esa «licencia social» que necesitan para seguir operando y ampliar sus operaciones tranquilamente. El poder real no cambia; solo se maquilla.
Si pensamos desde los bienes comunes y una sostenibilidad verdadera, la contradicción salta a la vista: ¿Por qué la respuesta del gobierno y las empresas siempre es vaciar cemento y no internalizar los costos ambientales esforzándose, donde sea posible, por devolverle la vida a la tierra? ¿Por qué no se habla de reforestación masiva con plantas nativas que retengan la humedad de forma natural, o de proteger a rajatabla las cabeceras de cuenca para que no dejen de brindarnos servicios ecosistémicos indispensables?
Para el enfoque de Saito, la respuesta es obvia: sembrar árboles y empoderar a las comunidades no genera contratos millonarios, no aceita consultorías ni le da el control geopolítico del agua a unos pocos. El cemento, en cambio, privatiza el agua de forma solapada, dejándola en manos de tecnócratas y élites económicas.
Por eso, se entiende el empeño de las autoridades y promotores por tapar lo obvio: que en la parte alta de la cuenca hay concesiones y proyectos mineros en espera. Si revientas los ecosistemas de arriba, alteras todo el ciclo del agua y, a la larga, te quedas sin el caudal de agua o con agua de calidad inadecuada que se supone deberá llenar la presa. Esconder este riesgo no es un olvido técnico; es una necesidad política para sostener una promesa viva. Al final, el peligro real es tremendo: Cajamarca podría quedarse atrapada con un enorme cascarón de cemento vacío o contaminado debido a la destrucción ambiental planificada en las alturas, heredando a la población una deuda económica colosal y una crisis del agua mucho peor que la que tenemos actualmente.
Bibliografía
- Molle, F., Mollinga, P., & Wester, P. (2009). Hydraulic Bureaucracies and the Hydraulic Mission: Flows of Water, Flows of Power. Water Alternatives, 2(3), 328–349. http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol2/v2issue3/65-a2-3-3/file
- Oré, M. T., & Rap, E. (2009). Políticas neoliberales de agua en el Perú. Antecedentes y entretelones de la ley de recursos hídricos. Debates En Sociología, (34), 32–66. https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.200901.003
- Preciado, R. (2011). El agua y las industrias extractivas en el Perú: un análisis desde la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. In P. Urteaga (Ed.), Agua e industrias extractivas: cambios y continuidades en los Andes (pp. 169–216). IEP, Justicia Hídrica, Concertación. http://justiciahidrica.org/wp-content/bibtex/pdf/07_Cap.6_urteaga.pdf
- Saito, Kohei. (2022). El Capital Contra la Naturaleza. Bellaterra, Barcelona.
