Autoría: Marco Arana Zegarra
Fecha: Miércoles, 23 de setiembre de 2026
Un estudio serio de factibilidad de toda megaobra debiera contemplar alternativas sostenibles a la misma. Un estudio riguroso no puede contemplar una única alternativa, ni menos constituirse en una justificación forzada, más aún cuando hay poderosos intereses detrás de la ejecución de una megaobra de infraestructura. Conceptualmente se sabe que un estudio de factibilidad “no solo se utiliza para evaluar y medir ganancias financieras, también se utiliza para evaluar diferentes situaciones, objetivos, intenciones o necesidades”. Como veremos, eso no ha ocurrido con los diversos estudios hechos para la construcción de la represa que Newmont, y otras mineras, necesitan para ampliar sus operaciones en las cabeceras de cuencas de Cajamarca.
Toda construcción de una gran represa es presentada como si fuera el anhelo o sueño de sus beneficiarios finales: agricultores, ganaderos, industriales, poblaciones que requieren agua para consumo humano y servicios. Sin embargo, las grandes represas son, en realidad, el sueño de políticos que buscan fidelizar o ampliar su masa de votantes; de los financistas privados que buscan maximizar sus ganancias con los dineros que fluyan o con la obtención de la administración de las costosas infraestructuras hidráulicas que les serán entregadas (hasta que recuperen la inversión realizada, como ocurrió con Odebrecht y la represa de Olmos y como también la corrupta empresa quería hacerlo con la represa de Chadín II, en la frontera de Amazonas y Celendín); de empresarios de la industria de la construcción que, frecuentemente, son grandes empresas transnacionales que subcontratan a empresas locales, las mismas que se sumarán a la tarea de desacreditar a quienes se interpongan en su loca competencia por hacerse de un contrato. Esos son los intereses que están detrás de la construcción de las represas en todo el mundo. Por construirlas, hasta llegan a cometer actos delictivos, como hicieron con el asesinato de Berta Cáceres, la ambientalista que recibió el prestigioso premio Goldman (2015) y que fue asesinada en Honduras, el año 2016, porque se oponía a la construcción de la represa Agua Zarca, la misma que se quería imponer sin contar con la consulta previa libre e informada del pueblo indígena Lenca.
Las grandes represas no son ecológicas ni sostenibles
A nivel mundial se han hecho importantes estudios que demuestran los graves daños ambientales: 1) las zonas de aguas abajo reciben menos nutrientes, el suelo pierde gradualmente su fertilidad y deja de ser capaz de sustentar la flora y la fauna de la región; 2) con la disminución de la cantidad de estos nutrientes que llegan al océano, las algas, que son importantes sumideros de carbono, dejan de proliferar; 3) el riego por inundación, facilitado por las aguas de las grandes represas, conllevan la salinización de los suelos (como está ocurriendo con las represas de San Lorenzo, Poechos, Tinajones y Gallito Ciego); 4) el agua expuesta al sol acelera el proceso de evaporación, lo que conlleva una enorme pérdida de agua. Los embalses del mundo pierden aproximadamente 170 kilómetros cúbicos de agua por evaporación cada año, lo que equivale al 7% de toda el agua dulce consumida por las actividades humanas; 5) las emisiones de metano provenientes de las grandes represas equivalen al 4% de los gases de efecto invernadero (GEI) globales, igual que lo producido por la aviación. Con sólida base científica y técnica se puede afirmar que “la creencia de que las represas ayudan a conservar el agua es errónea”. En buena parte de la comunidad científica ecológica, se sabe que las grandes represas contribuyen a agravar la crisis climática global.
En Cajamarca, basta ver lo que pasó con la construcción de Gallito Ciego: Tembladera perdió toda su población de camarones (los que actualmente se consumen provienen de Tumbes o de Ecuador). El inexistente manejo de la erosión en la cabecera de cuenca del Jequetepeque, más los sedimentos que por años arrojó Yanacocha en el río Rejo, tributario del río Jequetepeque, agravó el problema de la colmatación por sedimentos, al extremo que esta represa disminuyó su capacidad en 111.61 MMC respecto del año 1991. La celebrada represa del Gallito Ciego también contribuyó a la pérdida de fertilidad de los suelos aguas abajo. Esta pérdida de fertilidad de los suelos pasó a ser compensada añadiendo grandes cantidades de agroquímicos que elevan los costos de producción y hace que los suelos sean cada vez más dependientes de la utilización de fertilizantes químicos. “Contrariamente a la creencia popular, las represas no son ecológicas”, hay evidencia científica y técnica muy sólida al respecto.
Con sólida base científica y técnica se puede afirmar, que “la creencia de que las represas ayudan a conservar el agua es errónea”. En buena parte de la comunidad científica ecológica, se sabe que las grandes represas contribuyen a agravar la crisis climática global
Las ineficiencias económicas de las represas también son conocidas
En la Cumbre Climática del año 2013, cincuenta y siete organizaciones y coaliciones de América Latina llamaron la atención sobre las evidencias científicas de cómo las grandes represas agravan la situación del cambio climático: 1) Implican sobrecostos, demoras y pérdidas económicas mayores que los beneficios que reportan; 2) Tardan tanto en ser operativas, que resultan ineficientes para atender crisis energéticas urgentes; 3) Causan graves e irreparables daños ambientales; 4) Los daños ambientales que provocan pueden generar a su vez violaciones de derechos humanos y mayor empobrecimiento de comunidades; 5) la interrupción del ciclo natural del recurso hídrico pone en jaque todo el sistema de agua al servicio de las comunidades. Esto último lo estamos experimentando en Cajamarca con la represa del río Grande que construyó Yanacocha después de las protestas del Quilish: los canales de riego ya no reciben agua de las fuentes naturales que nacían en la desaparecida cabecera de cuenca. Ahora reciben aguas tratadas y bombeadas provenientes de las operaciones mineras, las que, por falta de fiscalización adecuada, suelen incumplir los estándares de calidad permisibles. Ocurrió también con la contaminación de las aguas que abastecen a la planta de tratamiento de El Milagro que, en 2022, fueron contaminadas por sulfatos y la empresa minera cerró las compuertas de la represa, dejando sin agua a toda la ciudad de Cajamarca. Por espacio de cinco días, no hubo agua en las tuberías de toda la ciudad. Las autoridades de Sedacaj y de la ANA no podían ingresar a monitorear la calidad de agua sin contar con “el permiso” de minera Yanacocha, pues la represa está en terrenos de su propiedad y, como lo dijo el gerente de SEDACAJ, había “orden de disparar”. En la práctica, las aguas de esa represa han sido privatizadas.
Ministro Manero: cuando la autoridad capitula ante el poder minero
La prioridad sobre el agua la tiene la minería. Largamente aplaudido en la Convención Perumin 37, realizada en Arequipa el año 2025. El propio ministro de Agricultura, Ángel Manero, se expresó así: “La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera… Si tenemos que elegir en momentos de escasez entre darle agua a la agricultura o a la minería, tenemos que darle a la minería porque es la actividad que más flujo de caja le da al país”. En su opinión, esta decisión asegura ingresos que posteriormente pueden destinarse a obras de almacenamiento y conducción de agua para beneficio de los agricultores.
Esa afirmación del ministro no era nueva ni fue una equivocación. La prioridad del agua para la minería viene ocurriendo en Cajamarca. Los usuarios de los canales de riego que se abastecían tradicionalmente de las fuentes de agua natural que manaban de la cabecera de cuenca vieron, desde inicios de los 90, cómo el agua dejaba de fluir hacia sus terrenos de cultivo. También vieron cómo muchas veces la poca agua que les llegaba estaba contaminada. Ocho canales de riego que salían o atravesaban la propiedad de minera Yanacocha fueron afectados en la totalidad de sus aguas que eran de fuente natural, las mismas que les proporcionaban hasta 221.45 litros por segundo. En la planta de tratamiento de agua de El Milagro, el agua escaseaba o también llegaba contaminada, la turbidez y los indicadores de acidez (pH) se habían disparado y la presencia de metales pesados había comenzado a ser un grave problema. La problemática fue tan grave que Yanacocha debió hacer un convenio con SEDACAJ, obligándola a ocultar la información pública que le fuera requerida (Convenio de agosto 2002). La presencia de metales pesados en el agua que procesa SEDACAJ sigue siendo un problema actual. Por ejemplo, en la memoria institucional de SEDACAJ del año 2023 (página 11) se dice: “El Directorio en pleno ha tomado importantes decisiones para el mejoramiento de la calidad del agua potable y servicios que se prestan a la colectividad de Cajamarca; siendo algunas de ellas la DECLARACIÓN DE INTERÉS PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA NO CONVENCIONAL, PARA EL TRATAMIENTO DE METALES PESADOS…” En la memoria anual institucional del año 2024, esa prioridad desapareció y no se reportó ningún avance al respecto.
Si se continuara con el despropósito de que Newmont siga arrastrando a autoridades nacionales y locales para construir la represa del Chonta; la condición indispensable sería que se declare la intangibilidad de toda la cabecera de la cuenca que proveerá de agua a la represa
“Chonta va porque va”. La argumentación vacía de sus promotores
Si se quisiera prescindir de voces técnicas autorizadas, la no valoración de las desastrosas experiencias económicas y ecológicas que, en el siglo pasado, acompañaron a todas las grandes represas hoy colapsadas; si se continuara con el despropósito de que Newmont siga arrastrando a autoridades nacionales y locales para conseguir la construcción de la represa del Chonta; la condición indispensable, como lo manifesté siendo congresista, debería ser que se declare la intangibilidad de toda la cabecera de la cuenca que proveerá de agua a la represa para uso exclusivo de aprovisionamiento de aguas para consumo humano y actividades agrícolas y ganaderas sostenibles.
Hay que decirlo claro, la urgencia de Newmont y sus aliados para la construcción de la represa, no es la necesidad de agua para nuestra población ni la demanda de los agricultores y ganaderos, para quienes hay soluciones más sostenibles. La urgencia de la construcción de la represa es el aseguramiento del proceso de expansión minera. La minera sabe que han destruido la capacidad de recarga del acuífero y contaminado las aguas subterráneas que abastecían la ciudad y el valle de Cajamarca. Para seguir ampliando sus operaciones, necesitan ampliar aún más ese proceso de devastación ecológica en las cabeceras de cuencas. En realidad, necesitan construir este cementerio de sedimentos y lodos tóxicos mineros que solo tendrá una vida útil de 40 a 50 años. Por ello, han construido una costosa narrativa que embelese a incautos y sea financiada mayoritariamente por el Estado. Las futuras generaciones que heredarán Cajamarca, en vez de tener una alternativa de desarrollo con sostenibilidad ecológica y económica, heredarán un territorio de sacrificio minero. Hay otras alternativas. Chonta no es la única. Lo dijo la acallada voz del ex decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Cajamarca, ingeniero Oswaldo Ortiz “las grandes represas son económicamente ineficientes, es mejor construir pequeñas y medianas represas”. Lo dice la voz del ingeniero combaíno Javier Díaz: “Hay otras alternativas descentralizadas en el territorio, menos costosas y más eficientes”. El secretario técnico de PEJEZA, Alberto Ángeles, autoridad que tuvo la máxima responsabilidad para impulsar la represa también lo señaló claramente en una reunión técnica en la Cámara de Comercio de Cajamarca: “No hay viabilidad técnica ni social” (2022).
¿Chonta puede ir?
Por todo lo expuesto, la represa del Chonta enfrenta serios problemas. Es inocultable la importancia que esta obra tiene para la expansión de las actividades mineras en más cabeceras de cuencas. Su vida útil corre pareja a la vida útil de los grandes proyectos mineros ubicados en la parte alta de la represa. De allí que no tenga ninguna sostenibilidad ni financiera ni ecológica. Su destino es convertirse en un cementerio de lodos tóxicos de futuras actividades mineras.
Es urgente la declaratoria de intangibilidad de las cabeceras de cuenca para que no sean destruidas y puedan seguir proporcionando servicios ambientales fundamentales como la recarga de los acuíferos de la provincia de Cajamarca. Asimismo, es fundamental la remediación de los pasivos mineros de Yanacocha en la naciente del río Azufre en Combayo.
Otras alternativas sostenibles, financiera y ecológicamente, para el abastecimiento de aguas para consumo humano y actividades agrícolas y ganaderas para Cajamarca, sobre la base de la no privatización de las aguas, debieran ser exploradas observando técnicamente los siguientes aspectos:
- Ordenamiento territorial para planificar el uso de suelos, sin que su cambio de uso afecte las zonas productoras de aguas. Para ello se requiere no solo estudios de balance hídrico (solo evalúa el volumen de entradas, salidas y variaciones de almacenamiento) sino un riguroso estudio internacional independiente de balance hidrológico (evalúa integralmente “el ciclo del agua, su comportamiento en la cuenca, y cómo interactúa con el entorno y las actividades humanas”).
- Las recomendaciones del Relator Especial para el Derecho Humano al Agua de la Organización de Naciones Unidas (ONU) quien visitó Cajamarca en 2022: a) Derogar el Decreto Legislativo N° 1285 que modificó la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) para favorecer a los contaminadores de los cuerpos de agua, simplificando el proceso de obtención de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas. b) Detener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca e implementar de manera efectiva la Ley N° 30640 de protección de cabeceras de cuenca, garantizando la participación efectiva de las poblaciones implicadas. c) A lo cual debe añadirse el pedido que ha movilizado a las JASS de todo el Perú para que se derogue el decreto legislativo 1620, promulgado por el gobierno de Dina Boluarte (diciembre 2023), que abrió las puertas a la privatización encubierta de las aguas al permitir concesionar las fuentes naturales de agua (cuencas, ríos, lagos) al sector privado hasta por 25 años.
- Reforestación con especies nativas en las cabeceras de cuencas para incrementar la recarga hídrica, evitando la erosión de los suelos andosoles que actúan como esponjas que retienen e infiltran las aguas de lluvias, regulando la implantación de actividades económicas de bajo impacto ambiental.
- Tecnificación del riego para actividades agrícolas, con prioridad en la utilización de aguas servidas urbanas tratadas en todos los distritos de la provincia, utilizando tecnologías renovables para la conducción, bombeo y riego tecnificado.
- Urgente ampliación de financiación y captación de recursos técnico-profesionales para la implementación de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos (MRSE), por parte de la EPS SEDACAJ en alianza estratégica con las juntas de administración de servicios de saneamiento (JASS), para así proteger y mejorar la capacidad de recarga hídrica de las cabeceras de cuenca que aprovisionan de aguas a las plantas de tratamiento de El Milagro y Santa Apolonia, las mismas que debieran ser modernizadas con plantas de tratamiento para metales pesados. Bajo este mismo concepto, debiera plantearse la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas para Cajamarca y Baños del Inca, replanteando la futura planta de El Cerrillo para que no dependa de la construcción de la controvertida represa del Chonta.
- Estudios independientes para el aprovechamiento de aguas subterráneas en la ciudad de Cajamarca y distritos aledaños, con la creación de un fondo de fideicomiso de la empresa minera, ya que se trataría de la construcción de sistemas de bombeo, tratamiento y conducción de agua que deberían hacerse como compensación por los daños hechos por las actividades mineras a los ecosistemas hídricos que abastecían la ciudad.
- Construcción de represas medianas y pequeñas más sostenibles en las diversas subcuencas afectadas por las operaciones mineras y en riesgo frente al cambio climático, salvaguardando que estas sean de entera propiedad pública, aunque podrían construirse con el concurso de empresas privadas acreditadas, evitando corrupción o mala ejecución de las obras (como ocurrió con los diversos intentos de construcción de la PTAR Cajamarca y, más actualmente, con las obras de la construcción de la carretera Cajamarca-Chetilla).
- Para el otorgamiento de cualquier permiso de exploración y explotación minera en las provincias de Celendín, Hualgayoc, San Pablo, Santa Cruz, Cajabamba, San Marcos y Cajabamba donde ya están instaladas grandes o medianas explotaciones mineras, y ahora están amenazadas por la permisiva expansión de actividades mineras ilegales, se requiere modificar la legislación ambiental actual, pasando de los estudios de impacto ambiental (EIA) a los estudios de evaluación ambiental estratégica (EAE) que consideren los impactos ambientales acumulados que han originado las actividades mineras internalizando sus costos ambientales y previniendo futuros daños y conflictos ecoterritoriales.
| Grandes represas y corrupción Un importante estudio sobre la construcción de represas en Etiopía “reveló que la corrupción se debe principalmente a prácticas de gestión deficientes, supervisión insuficiente y toma de decisiones centralizadas. Estos factores contribuyen al aumento de los costos de los proyectos, retrasos significativos y una calidad de construcción comprometida. La falta de transparencia y la supervisión inadecuada agravan estos problemas, lo que conlleva a un uso ineficiente de los recursos y socava los beneficios previstos de los proyectos. Entre las repercusiones económicas se incluyen el aumento de la deuda pública y la escasez de recursos financieros. A nivel social, la corrupción erosiona la confianza pública y afecta negativamente a las comunidades involucradas. Los hallazgos también destacan cómo la asimetría de la información y los incentivos desalineados contribuyen a la corrupción, y cómo las estructuras de gobernanza débiles y las redes informales exacerban aún más el problema. Estas cuestiones provocan sobrecostos, un aumento de la deuda y una disminución de la confianza pública, lo que repercute negativamente en los resultados del desarrollo”. Mega corruptions in mega projects: Debating the dynamics of dam construction in Ethiopia https://f1000research.com/articles/13-1179 La corrupción de Odebrecht estuvo asociada a la construcción de represas. También son muy conocidos en Perú y han llevado a grandes escándalos de corrupción que han comprometido a diversos presidentes de la república, algunos de los cuales están purgando prisión. El caso de Olmos “De acuerdo a los estudios y propuestas, se calculaba que los beneficiarios directos serían 7400 familias de agricultores, de las cuales 7000 recibirían unas diez hectáreas por familia y el resto, 400 medianos agricultores, unas 40 hectáreas en promedio. Siguió entonces primando el criterio social, que estaba garantizado en la medida en que el proyecto fuera considerado inversión pública, detalle importante pues se cambió de criterio y se adoptó la idea de asociaciones público-privadas modernas, dejándose de lado lo social. En los planes elaborados inicialmente, la obra se concebía como obra social, y estaba financiada en un 75% con recursos públicos y el resto con aportes privados de los propios beneficiarios. “A partir de la elección de Fujimori, que se quedó diez años en el poder, se sentaron las bases legales y jurídicas para llevar a cabo el viejo proyecto, pero con objetivos distintos… “Gloria S.A. se adjudicó 4,500 ha, la Corporación Azucarera del Perú –Coazúcar- obtuvo 11,100 ha y otras ocho empresas se adjudicaron 4,300 ha. En verdad, Coazúcar es una empresa nueva que forma parte del Grupo Gloria, por lo cual dicho grupo empresarial terminó adquiriendo 15,600 ha del total subastado. Francisco Durand https://repositorio.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c26dbbaf-ab56-4772-8802-60b88a5a01f6/content Laureano Del Castillo https://cepes.org.pe/wp-content/uploads/2024/01/2012-El-proyecto-de-irrigacion-de-Olmos-un-caso-de-injusticia-hidrica.pdf |
Bibliografía
- Plan de Gestión de la Cuenca Ríos Azufre y Grande. Gobierno Regional (2016-2021)
- Agua para Cajamarca. Yanacocha, Asociación Los Andes (2013)
- SEDACAJ. Memorias Institucionales 2022, 2023, 2024.
- Earth Org. Dams: Economic Assets or Ecological Liabilities? (2024)
- American Rivers. How Dams Damage Rivers (2025)
- Oxford University. Should we build more large dams? The actual costs of hydropower megaproject development. (2014)
- Mongabay. Perú: El 70% de los Ríos No Puede ser Desviado para Consumo de agua en la Costa (2016)
- Informe del Relator Especial Sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento. Perú (2023)
