Abogado de uno de los mandos policiales procesados por la masacre de Conga, ocurrida en 2011, trató de desestimar la violación de derechos humanos que sufrieron las víctimas aduciendo que existe una “sobre victimización” y que los agraviados se pudieron lesionar entre ellos.
Por: Yovana S. Retto
12 de junio de 2025
Audiencia de alegatos finales en el juicio seguido contra los altos mandos policiales acusados por la Fiscalía por omisión de actos funcionales y por lesiones graves contra campesinos que participaban de la protesta pacífica contra el proyecto minero Conga, continuó ayer miércoles 11 de junio con la sustentación de alegatos del abogado del jefe policial Amador Bacalla Guadalupe, Ever Hernández Cervera, quien trató de minimizar los daños físicos y emocionales permanentes con los que quedaron las víctimas de la represión policial ocurrida en 2011, y que dejó como saldo una veintena de heridos.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Elmer Campos, en ese entonces un rondero y agricultor de 29 años que recibió un impacto de bala en la columna vertebral mientras trataba de ayudar a otro manifestante baleado en la pierna. Producto de la bala, Elmer quedó postrado en una silla de ruedas para siempre. Como Elmer otras tantas víctimas quedaron con distintos tipos lesiones que demandan de atención médica constante, lo que implica altos gastos económicos.
Pese a que la Fiscalía, probó la violación de derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza que hizo la PNP, el letrado habló de una sobre victimización y negó que se haya probado el uso de AKM por parte de los efectivos policiales, señalando incluso que los agraviados pudieron lesionarse entre ellos. Cabe recordar que existen videos en los que se observa a los agentes con armas de largo alcance en mano, lo que comprueba la contundencia con la que actuó la Policía cuando irrumpió en inmediaciones del cerro Maqui Maqui, donde se suscitó la masacre.
Con respecto a la atención médica permanente que requieren las víctimas, y las costosas operaciones a las que se sometieron en su momento algunas de ellas, Hernández Cervera dijo que, los agraviados no han presentado facturas para acreditar los gastos, lo que deja entrever que los denunciados se negarían a reparar a los actores civiles.
En otro momento de su litigación, Hernández sostuvo que la Policía no tuvo por qué dejar de usar las armas porque su vida estaba en peligro, algo que no pudo probar pues se sabe que los civiles estuvieron totalmente desarmados. Finalmente, el representante del acusado Amador Bacalla; pidió la aplicación de la Ley Soto, a fin de declarar la prescripción del caso y asegurar impunidad para su defendido.
Es preciso indicar que la tesis del abogado se sustenta únicamente en testigos policiales y en un informe elaborado por Minera Yanacocha, empresa para la cual prestaban servicios los mismos agentes policiales que reprimieron a los manifestantes que se rechazaban el proyecto minero impulsado por esta empresa.
La audiencia continuará el próximo 20 de junio a las 4 de la tarde.
