Resumen: El fin de año coincide con un nuevo ciclo de movilizaciones y de debate en torno a la minería artesanal y en pequeña escala y sus ramificaciones informales e ilegales. Parece lejano el Perumín, cuando en la clausura, la ahora expresidenta Boluarte anunciaba al auditorio de empresarios mineros que su gobierno no pactaba con lo ilegal: “No solo le decimos no a la minería ilegal, sino que la combatimos de forma estratégica”. La realidad es que su gobierno no hizo nada sustantivo para enfrentar la expansión de las economías ilegales, entre ellas la minería. Como hemos mencionado, ni una sola de las leyes pro crimen, aprobadas en el Congreso, ha sido observada por el Ejecutivo. Dicho sea de paso, José Jerí forma parte del grupo de congresistas que aprobaron las leyes que debilitaron la lucha contra el crimen organizado. El nuevo gabinete que se ha conformado, lo que garantiza es la continuidad de las políticas que se han venido aprobando en los últimos años, precisamente como parte de la alianza entre el sector que controla el Congreso y el Ejecutivo. Esa alianza se ha consolidado con el nombramiento de Jerí y su gabinete.
Todo indica que las centrales de mineros buscan consolidar su influencia en este gobierno y en el Congreso y en el escenario que se va a configurar luego de las elecciones del 2026. Debe quedar plenamente establecido que de la crisis política permanente también se nutren las economías ilegales y el crimen organizado. Peor aún si se sigue legislando a favor del crimen organizado.
