El Poder Judicial admitió demanda contra Yanacocha y el Estado peruano por el despojo de tierras ancestrales de la Comunidad Campesina San Andrés de Negritos de Cajamarca y ya programó una audiencia única. El despojo de tierras ocurrió en 1991, durante el gobierno de Fujimori.
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ha programado una audiencia única para diciembre, con el propósito de analizar la demanda de amparo presentada por la comunidad campesina San Andrés de Negritos de Cajamarca contra Newmont Yanacocha y cinco entidades del Estado, por el despojo de más de 14 mil hectáreas de su territorio comunal en favor de la empresa minera.
La pretensión de Negritos, con la demanda presentada el pasado mes de abril es la nulidad de la resolución N.º 143-95-RENOM/AG, a través de la cual la Dirección Regional Agraria de Cajamarca pretendió anular la personería jurídica de la comunidad ampliando la titulación individual de las tierras comunales a 102 comuneros. Un hecho similar ya había ocurrido en 1991, cuando se otorgó titulación individual a 92 comuneros.
Estrategia minera y estatal para el despojo de Tierras Comunales
En 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori, una resolución aprobada por el Estado otorgó titulación individual a casi la mitad de las tierras comunales de Negritos ubicadas en el distrito de La Encañada, a favor de 92 comuneros que firmaron el documento. En tanto la otra mitad de territorio fue declarada como Área de Reserva, es decir, pasaba a ser propiedad del Estado.
Según un artículo bien documentado de la abogada canadiense, Charis KAMPHUIS, los comuneros no habían comprendido las verdaderas consecuencias legales de la resolucióny “no hay prueba de que la Comunidad de Negritos recibiera una explicación del significado legal de la titulación individual y de sus implicaciones para los derechos colectivos e individuales de los comuneros”. De este modo, no resulta difícil darse cuenta que la política neoliberal de desprotección de las tierras de comunidades campesinas, manipulaba la expectativa de la posesión de títulos de propiedad privada individuales, aprovechando el desconocimiento legal por parte de los comuneros, en este caso para favorecer económicamente a la empresa minera Yanacocha.
Posterior a la resolución de 1991 (en 1992) Yanacocha solicitó al Estado expropiar una parte del territorio de la comunidad de Negritos para construir sobre ella una cancha de lixiviación con cianuro, considerada la más grande del mundo. Para 1994, la mina haría otra solicitud de expropiación, esta vez para la instalación de una servidumbre para plantas de dinamita para la demolición de las rocas que contenían oro y para vías de acceso a través de las cuales se transportaría el material.
Finalmente, los acuerdos para expropiación y servidumbre se realizaron directamente entre MineraYanacocha y un grupo muy reducido de comuneros, en supuesta representación de la comunidad entera. Poco tiempo después se conoció que los comuneros firmantes no habían sido designados de manera legítima para dicha representación y, por el contrario, se vieron involucrados en actos de fraude, falsificación de documentos e intimidación para la transferencia y venta de las tierras comunales a favor de Yanacocha.
En 1993, 30 mil dólares fue el monto pagado por la mina para la expropiación de 609.44 hectáreas. A los dos años, en 1995, 800.10 hectáreas fueron asignadas para la servidumbre solicitada por Yanacocha, al irrisorio monto de 18 mil dólares. Luego de haber obtenido la titulación y sin el conocimiento de la comunidad, la empresa hipotecó las tierras, por un total de 85 millones de dólares para el inicio de sus operaciones, a la Corporación Financiera Internacional y a un banco alemán.
Mutilación de derechos comunales
Una vez consumada la expropiación y la servidumbre, el Estado volvió a jugar a favor de la empresa, aprobando en 1995, a decir de diversos especialistas, una inconstitucional resolución que pretendía anular la personería jurídica de la comunidad. Esta es la misma resolución que extiende títulos individuales a otros 102 comuneros.
¿Por qué el Estado tuvo tanto interés en la titulación individual de tierras que ancestralmente son de origen comunal y por qué pretendió arrebatarle personería jurídica a la comunidad San Andrés de Negritos?
Primero debemos mencionar que, al otorgar títulos de propiedad individual, se pretendía que los comuneros pierdan sus derechos colectivos que les son innatos como comunidad campesina. Entre ellos, su personería jurídica, un reconocimiento legal que el Estado tiene la obligación de otorgar a este tipo de organizaciones tradicionales.
Con el intento de arrebatarle su personería jurídica, le arrebataron a toda una comunidad indígena su derecho a la propiedad de las tierras que ocupaban tradicionalmente, el derecho a la protección de los recursos naturales de sus tierras, el derecho a la participación en la toma de decisiones que puedan afectarles. Así como su autonomía política, económica y sus creencias culturales.
El inicio de las operaciones mineras de Yanacocha en Cajamarca fue posible debido al despojo del territorio y el atropello de los derechos constitucionales y de la legislación internacional que amparaba a la comunidad de Negritos. Después de 30 años los comuneros de Negritos siguen luchando por recuperar sus tierras.
Patrones del accionar minero
Para Juan Carlos Ruíz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización que brinda acompañamiento legal a la comunidad afectada, el despojo de las tierras de Negritos “es un caso representativo de un patrón de despojo de empresas mineras a comunidades campesinas”.
“Existe toda una estrategia muy bien pensada para desaparecer una comunidad. No es una suma de actos aislados. Han pensado, paso por paso, cómo desaparecer a esta comunidad. Hay muchos casos como Negritos en el país”, declaró Juan Carlos Ruíz.
Sin embargo, el abogado especializado en Derechos Humanos recordó que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce como parte del derecho a la propiedad indígena, el derecho a la restitución del territorio a comunidades que han sido despojadas en contra de su voluntad.
En declaraciones a un medio nacional, Jesús Castrejón, representante de la comunidad, aseguró que casi el 90% del territorio está concesionado por la minera. Y que lejos de obtener desarrollo “todo el impacto social ha sido negativo. Mi comunidad vive en completo abandono, miseria y pobreza.”
Lo descrito en este relato es un claro ejemplo del accionar de empresas, con la permisividad del Estado, para la ejecución de actividades de naturaleza extractivista que, además de los perjuicios sociales que generan en las comunidades, acarrean un grave impacto ambiental y daño a la salud pública. Afectaciones que han quedado demostradas a lo largo de la existencia de la actividad minera no solo en Cajamarca, sino también en otras regiones del país.
Negritos, como varias otras comunidades campesinas o indígenas, sigue resistiendo frente a los abusos y consecuencias del extractivismo. Ahora, después de más de 30 años de enfrentarse al gigante de la minería en el continente, aguarda la audiencia programada para diciembre. Esta diligencia será decisiva para su lucha por la restitución de su territorio ancestral. Es de esperar que el Poder Judicial haga justicia.
