Martes, 25 de febrero de 2025
Autoría: Laura Ibáñez
El rostro de la minería informal e ilegal se está configurando a partir de los escenarios de devastación ambiental y humana que deja a su paso. Las muertes en San Ignacio y Sorochuco, entre otros lugares, han contribuido a alertar a la opinión pública y a las autoridades ante un problema que se vuelve urgente en Cajamarca. De igual modo, la contaminación de los bienes naturales, especialmente del agua, evidencia la falta de control ambiental sobre estas actividades.
Foto: Los promotores de actividades de minería informal e ilegal comienzan a utilizar las mismas estrategias que las grandes mineras para acallar a las personas defensoras ambientales
No obstante, poco se habla de otra secuela dejada por la minería informal e ilegal: los nuevos riesgos y amenazas que genera para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales. “Los [mineros] informales están aprendiendo de los [mineros] formales”, sentencia Mirtha Vásquez, abogada e integrante del equipo de Grufides en una sesión sobre planes de seguridad para defensoras y defensores ambientales celebrada en Cajamarca el 12 de febrero.
Esta realidad la conoce de primera mano el defensor ambiental Rosas. “Hubo una reunión en el Centro Poblado de Cholocal donde había un montón de autoridades”, expone. Durante este encuentro, el defensor presentó una botella con agua con la que pretendía mostrar la contaminación que estaba provocando una minera informal en la zona. El resultado: una denuncia por difamaciones interpuesta por el minero informal que le valió al señor Rosas una condena en primera instancia con la que se exigía una reparación civil de 80.000 soles y pena privativa de libertad con carácter suspendido por siete meses. Afortunadamente, el señor Rosas terminó siendo absuelto.
Sin embargo, su caso ilustra una estrategia de larga data usada para acallar las voces críticas hacia la minería, la de denunciar a quienes se oponen a la actividad. “Las mayores amenazas las hemos tenido de la gran minería”, recuerda Marco Arana, sociólogo y también parte del equipo de Grufides. En el caso del señor Rosas, se produce, además, la cruel paradoja de que el proceso fuera emprendido por alguien que estaba ejecutando actividades mineras de manera irregular. Como concluye el señor Rosas: “Ahora es también la minería ilegal quien te puede criminalizar”.
La criminalización y enjuiciamiento de las personas defensoras ambientales no es, sin embargo, la única treta empleada para silenciar la oposición a la minería. Como ponen de manifiesto algunos/as defensores/as participantes durante la sesión, la minga para limpiar caminos y canales comienza a perderse en aquellas comunidades en las que mineros informales e ilegales deciden pagar para que se hagan estos trabajos por personal contratado y con maquinaria. Ello provoca una ruptura de los usos y costumbres que, a su vez, conduce a un debilitamiento de los lazos comunitarios y de las organizaciones, volviendo más vulnerables a las comunidades frente a riesgos y amenazas.
Foto: El objetivo del taller fue reflexionar acerca de los riesgos y amenazas que viven en primera persona las defensoras y los defensores ambientales de Celendín, San Ignacio, Jaén y el Valle de Condebamba, así como diseñar colectivamente planes de seguridad ajustados a sus realidades particulares
Teniendo en cuenta estas realidades que se viven en las comunidades afectadas por la minería informal e ilegal y siendo conscientes de que, como indica Mirtha Vásquez, “el Estado es un Estado antiambiental” con el que “las poblaciones están desprotegidas”, es esencial que defensoras y defensores ambientales dispongan de estrategias y medidas de protección con planes de seguridad que responden a sus experiencias y contextos particulares.
Misma tierra, dos modelos de desarrollo
“El agricultor es también un inversor”, afirma tajante Marco Arana. Así, la defensa ambiental para las y los asistentes al taller no está movida por un capricho conservacionista estéril. Viene motivada por la urgencia de proteger sus bienes productivos esenciales, la tierra y el agua. “Una razón para que no saquen [el proyecto minero El Cerro] Mogol son las chacras”, señala en el mismo sentido el ingeniero Willian Valera, también integrante del equipo de Grufides.
En definitiva, cuando se produce la oposición a un proyecto extractivo, se enfrentan dos modelos de desarrollo: uno que ve en el Perú una tierra de recursos minerales explotables en el corto plazo para enriquecer más a los propietarios de las minas, dejando grandes daños ambientales, frente a otro que impulsa un modelo de producción a largo plazo, sostenible, hecho para satisfacer necesidades humanas fundamentales y que asegura la soberanía alimentaria y la salud integral de las familias. “Defiendo porque este es mi territorio y quiero que mis hijos tengan un mejor futuro y sigan viviendo sanos en nuestro valle”. Este es el potente mensaje que defensoras y defensores ambientales lanzan con las acciones de protesta que realizan y que tienen como principal motivación la defensa del derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y saludable. De igual modo, es el mensaje enviado por las miles de familias que, en Cajamarca y en todo el Perú, promueven alternativas económicas a la minería. De acuerdo con ello, estas actividades otorgan a las familias autonomía sobre sus vidas y sus territorios, dando contenido a expresiones como la siguiente: “Con la chacra eduqué a mis hijos para que sean mejores”. Con todo su esfuerzo, logran que sus descendientes vivan en mejores condiciones sin depredar la naturaleza y sin convertir la tierra en un botadero de sustancias tóxicas, pues es preciso tener en cuenta que, como incluso admiten los expertos de las grandes mineras, esta grave contaminación provoca daños que permanecerán a perpetuidad.
Nota:
De acuerdo con el Decreto Legislativo 1105, se considera como minería informal la “actividad minera que es realizada usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, en zonas no prohibidas para la actividad minera y por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización conforme se establece en el presente dispositivo”.
Por su parte, la minería ilegal se define en el mismo decreto legislativo como la “actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio.
Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal”.
Acceso al decreto legislativo: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Decreto-Legislativo-N%C2%B0-1105.pdf
