El juicio seguido contra altos mandos policiales acusados como responsables del baño de sangre causado en las protestas contra proyecto minero se encuentra en su etapa final.
El martes de 20 de mayo, tal como se tenía previsto se realizó la audiencia de alegatos finales a cargo del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Celendín, en la que los abogados de los actores civiles agraviados durante la violenta represión policial ocurrida en 2011 en el conflicto Conga, sustentaron la defensa de las víctimas.
La audiencia judicial virtual a pesar de su normal carácter público, tuvo acceso restringido impidiéndose el ingreso a la sala, a organizaciones de derechos humanos, periodistas y familiares de las víctimas que se encontraban expectantes a lo que pudiera suceder durante la diligencia.
Preliminarmente se conoció, que Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Pablo Abdo, abogado de la ONG Grufides, expusieron sus alegatos y argumentaron las pruebas obtenidas del uso y abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como la responsabilidad de los altos mandos policiales, Amador Bacalla Guadalupe y Wagner Enrique Ocampo Huamán, acusados por omisión de funciones y lesiones graves contra los agraviados.
El abogado especializado en Derechos Humanos (DDHH), Pablo Abdo, recalcó al momento de su intervención, la importancia de valorar el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, que recomienda a los jueces no aplicar la Ley Soto, pues la norma transgrede la Constitución. El letrado hizo un llamado al juez a evaluar este caso bajo los estándares de Justicia y respeto a los derechos humanos.
A su turno, la abogada Mar Pérez, también especializada en DDHH, incidió en la imperiosa necesidad de no dejar impune este caso, dadas todas las pruebas que existe sobre la responsabilidad de los procesados. Pérez, recordó las graves secuelas que padecen las víctimas, y que tal como manifestó Elmer Campos, uno de los agraviados que quedó parapléjico; equivalen a la muerte en vida.
Protesta contra Conga terminó en un baño de sangre
Cabe recordar, que este juicio seguido contra los mandos policiales surge a raíz de los violentos hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2011, cuando miles de comuneros y ronderos permanecían apostados en los alrededores de las lagunas de Conga, las cuales pretendían ser explotadas por la empresa Minera Yanacocha. Es en el marco del masivo rechazo al proyecto Conga, que la PNP irrumpió en dichas inmediaciones y disparó con armas de largo alcance a manifestantes que estaban desarmados, un hecho que ha sido comprobado por el MP y que se ha expuesto en anteriores audiencias ante el Poder Judicial (PJ).
Producto de la brutal represión ejercida aquel día, Elmer Campos quedó paralítico de por vida a causa de dos balas que impactaron en su columna vertebral, mientras que Luis Silva y Marino Rodríguez, resultaron también con graves lesiones y secuelas permanentes tras ser heridos por armas de fuego de la PNP.
Jueces tienen la facultad de inaplicar leyes inconstitucionales como la “Ley Soto”
Los agraviados y sus familiares permanecen a la espera de las últimas diligencias para poder conocer el fallo judicial que deberá emitir el magistrado José Luis Morales Boñón, del Juzgado Penal Unipersonal de Celendín; quien además tiene en sus manos la decisión de inaplicar la inconstitucional “Ley Soto”, haciendo uso del control difuso, una figura legal ya aplicada por varios jueces en el Perú, a fin de no trasgredir las normas constitucionales vigentes en el país.
