En el sector de Nuevo Edén, ronderos se oponen a actividades de mineros informales o ilegales. Solicitan que las autoridades les brinden garantías.
Captura de pantalla del video registrado durante los hechos
Miércoles, 08 de julio de 2026
Autoría: Grufides
Defensores ambientales presentarán una solicitud de garantías personales ante la Subprefectura Provincial de San Marcos. Denuncian presuntos actos de violencia y amenazas con arma de fuego por parte de supuestos mineros informales o ilegales. Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 3 de julio en el caserío Nuevo Edén de Mogol, distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos.
Según los defensores ambientales, las amenazas se produjeron cuando personas presuntamente vinculadas a actividades extractivas intentaron ingresar con maquinaria y equipos por un camino peatonal ubicado dentro de predios de propiedad de la familia Jara Fernández. Dicho camino, explican, fue habilitado únicamente para facilitar el tránsito de estudiantes y madres y padres de familia hacia la Institución Educativa Primaria «Gladys Tejeda». El terreno fue donado por el padre de los denunciantes.
Los hechos, en video
Tal como se observa en un video registrado en el momento de los hechos, un grupo de personas habría intentado ingresar con un dumper minero por el acceso. El enfrentamiento se generó cuando los propietarios impidieron el paso de la maquinaria. Uno de los involucrados realizó disparos con un arma de fuego y profirió amenazas contra los posesionarios del terreno.
Asimismo, los afectados denuncian que, posteriormente, otro de los involucrados intentó arrebatar el teléfono celular de un menor de edad que registraba los hechos en video. Se produjo un forcejeo en el que la madre del adolescente fue agredida y amenazada con arma de fuego.
La denuncia
Tras el incidente, la familia acudió a la Policía Nacional del Perú para formular una denuncia. Además, en las próximas horas, solicitará a la Subprefectura Provincial de San Marcos el otorgamiento de garantías personales, con el propósito de prevenir nuevos actos de violencia y proteger su vida, integridad y tranquilidad.
De igual modo, solicitarán la restricción del ingreso de personas armadas y de maquinaria por sus predios, así como el resguardo policial preventivo mientras las autoridades competentes investigan los hechos denunciados.
Llamado a las autoridades
Los denunciantes hacen un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad frente a estos hechos y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas. Tal como muestra el video, resultaría en extremo preocupante la tenencia y uso de armas de fuego por parte de quienes estarían realizando actividades extractivas ilícitas.
En este sentido, es preciso que la fiscalía especializada en medio ambiente y la policía ecológica también intervengan, ya que se ha evidenciado la circulación de maquinaria y equipos en el lugar para la realización de las presuntas actividades de minería informales o ilegales.
Los antecedentes
El caso se enmarca en un conflicto ecoterritorial derivado del avance de las actividades extractivas en la provincia. La preocupación de los defensores ambientales deriva del intento de llevar a cabo trabajos de minería informal o ilegal en el cerro Mogol, es decir, allí donde nacen las aguas que las familias de la zona emplean para la agricultura y la ganadería. Las actividades extractivas estarían, además, usando un camino peatonal privado necesario para que niños/as y maestros/as lleguen hasta la escuela y para que las familias desarrollen sus labores de sustento.
Este tipo de incidentes estaría mostrando cómo la minería informal e ilegal busca imponerse en el territorio haciendo uso de armas de fuego, portadas y utilizadas impunemente. Por ello, la acción de las autoridades en la zona no puede ser permisiva. Como también se evidencia en el video registrado, las mujeres ronderas y sus familiares se hallan decididos a no dejarse intimidar, pero lo único que tienen para defenderse son sus cuerpos.
Es preciso recordar que, en la zona, hay múltiples concesiones mineras, entre las que destacan las de Nexa Resources. De hecho, hace algunos años, la Vale Do Rio, empresa minera brasileña, trató de imponerse en la zona, acudiendo a la contratación de sicarios y delincuentes, tal como reveló una investigación periodística del diario La República publicada en 2007. De igual modo, estos hechos fueron reseñados extensamente en el Observatorio de Conflictos Mineros de Grufides.
Los hechos de violencia no deben repetirse, esta vez, de la mano de mineros informales o ilegales que estarían actuando con total impunidad, ante la inacción de las autoridades locales.
