Policías y militares investigados y procesados por haber cometido graves violaciones de derechos humanos serán blindados con la Ley de Amnistía aprobada con solo 16 votos de la Comisión Permanente.
Yovana S. Retto
11 de julio de 2025
El Congreso de la República rechazado por más del 90% de peruanos y peruanas según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), aprobó en segunda votación con 16 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, la Ley de Amnistía que favorece a uniformados denunciados o con procesos abiertos por la presunta comisión del delito de violación de derechos humanos.
La normativa impulsada por la Comisión de Constitución que preside Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular; también beneficia a mayores de 70 años que cuenten con sentencia firme.
Los congresistas que votaron a favor fueron: de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Avanza País. Y estos fueron: Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Martha Moyano, Cesar Revilla y Héctor Ventura, de la bancada fujimorista; María Acuña, Alejandro Soto y Lady Camones, de Alianza para el Progreso; José Williams y Rosselli Amuruz, de Avanza País; Digna Calle y José Arriola de Podemos Perú; Esdras Medina y Norma Yarrow, de Renovación Popular; y Jorge Montoya de Honor y Democracia.
Familiares de víctimas de desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y asesinatos rechazan norma
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDHH), familiares de las víctimas del conflicto armado entre 1980 y 2000 se pronunciaron en conferencia de prensa y rechazaron esta nueva ley, que se suma a muchas otras normas que contravienen a los derechos fundamentales de las personas y que solo favorecen a la criminalidad, normativas que son promovidas por este Congreso, y promulgadas por un Gobierno que tampoco cuenta con la legitimidad ciudadana.
La hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, quien fuera secuestrado, desaparecido y asesinado el 18 de julio de 1992, durante la dictadura de Alberto Fujimori, Gisela Ortiz, se quebró al recordar los largos años de lucha para alcanzar justicia, pero aseguró que seguirán luchando y dijo que “No solamente nos parece ilegal, sino también injusta e inhumana esta decisión de regalarle perdón a quienes han violado derechos humanos. La Ley de Amnistía no va a borrar el delito”.
Como se recuerda, junto a Enrique Ortiz, fueron ejecutados un profesor y otros siete estudiantes, a quienes se les conoce como las víctimas del caso La Cantuta.
Ley no solo beneficia a uniformados que participaron en zonas de subversión
Otros crímenes cometidos por fuerzas del orden son, por ejemplo, el caso la masacre de Accomarca en Ayacucho, perpetrada en 1985 por miembro del Ejército peruano, el caso de Barrios Altos, donde miembros del Grupo Colina, asesinaron a 15 personas entre ellos, un niño; en noviembre de 1991. El horrendo caso de Manta y Vilca, donde niñas y mujeres campesinas fueron violadas sexualmente por militares. Estos son solo algunos de los crímenes cometidos entre 1980 y 2000, época del conflicto armado interno en el Perú.
Tras lo expuesto entonces, se puede evidenciar que los procesos abiertos y sentencias dadas no han sido solo contra militares o policías que han intervenido en zonas de lucha anti subversiva, sino contra quienes se ha probado cometieron delitos como el asesinato de inocentes, entre ellos niños; y violaciones sexuales a mujeres en lugares donde no hubo enfrentamiento armado, sino crímenes contra civiles y poblaciones quechuas que se hallaban entre dos fuegos: el del terrorismo asesino y el de la represión brutal que ejercieron miembros de la fuerzas armadas y policiales.
Abogados de las víctimas y de deudos de las víctimas pelearán caso por caso ante los juzgados
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo que no acudirán al Tribunal Constitucional (TC), para la derogación de la ley, pues “El TC ha sido hecho a la medida para situaciones de esta naturaleza (…) Estamos ante hechos de naturaleza penal por lo tanto son peticiones (Inaplicación de la Ley de Amnistía) que tienen que solicitarse de manera individual al juez que esté llevando el caso”.
