Resumen: El periodo junio-octubre de 2025 en Cajamarca estuvo marcado por la recurrente crisis socioambiental. Los daños crónicos (como el caso Choropampa y Conga) se mantuvieron sin justicia efectiva, mientras que las operaciones mineras (Minera Yanacocha) continúan siendo señaladas como fuente de grave contaminación en diferentes comunidades.
Paralelamente, las actividades mineras ilegales han continuado creciendo como una amenaza de gran escala en toda la región, claramente asociada a la delincuencia organizada, generando pérdida de vidas humanas y causando daños ambientales. Un hecho claro es que la mayoría de estas actividades se realizan en territorio concesionado por grandes empresas mineras que ejercen control de la movilidad y tránsito en su territorio, como lo han demostrado cuando hay protestas en su territorio y en el que sus cuerpos de seguridad privada y sus convenios con la Policía Nacional del Perú permite que sean rápidamente repelidos y denunciados, lo que no ocurre con el flujo de personas, insumos, maquinaria pesada y de transporte para la extracción del mineral. La sociedad civil, aunque no tiene una movilización permanente, mantiene un proceso sostenido de acciones de protesta, vigilancia ambiental comunitaria y demandas legales frente a daños de ambientales causados por actividades mineras legales e ilegales, aunque también puede observarse que, en varios casos, también se experimenta división y debilidad de las organizaciones de defensa ecoterritorial.
