La criminalización es una estrategia ampliamente utilizada para silenciar a defensores ambientales en todo el mundo, tal como señalan organizaciones internacionales.
Autoría: Laura Ibáñez Castejón
Fecha: Jueves, 10 de setiembre de 2026
Nota elaborada con los aportes de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier, de Jaén, que, actualmente, lleva la defensa de los hermanos Lalangui, así como de la Red Muqui, institución de la que Grufides es socia.
Este 14 de setiembre el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio, presidido por el juez Héctor Hinostroza Huerta, decidirá si los defensores ambientales y hermanos Mauro y Wilder Lalangui deberán ir a prisión preventiva. El proceso viene motivado por la solicitud de la Fiscalía Provincial Mixta de San Ignacio de cambiar la medida de comparecencia restringida por la restricción de libertad.
Los hermanos Lalangui son ronderos. Mientras Mauro preside el Frente de Defensa de Huaquillas, Wilder ejerce como presidente de la Federación Distrital de Rondas Campesinas del distrito de San Ignacio. En una provincia cuya economía se sustenta en gran parte en la producción y exportación de café, los hermanos realizan labores de defensa del territorio y de sus fuentes de agua frente al avance de la minería legal, informal o ilegal.
El proceso penal que ahora enfrentan se remonta a hechos ocurridos en los meses de julio, setiembre y noviembre de 2022 en el sector Las Minas, caserío Huaquillas, distrito de San Ignacio. En el marco de unas acciones de oposición entre trabajadores de Huacapek, una empresa minera que opera en la zona, y ronderos y pobladores de Huaquillas, se produjo una serie de hechos que fueron denunciados frente al Ministerio Público. En 2024, la Fiscalía Provincial Mixta de San Ignacio formalizó denuncia penal contra un total de 29 pobladores y ronderos de Huaquillas por los delitos de lesiones leves y graves, coacción y daños agravados cometidos presuntamente contra trabajadores de la empresa minera involucrada.
Ahora, el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio deberá decidir si los hermanos Lalangui deben ir a prisión mientras se investigan las circunstancias del caso.
Cabe señalar que Huacapek aparece con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Por su parte, el proyecto minero “Huaquillas” pertenece formalmente a la empresa Rial Minera. Tal como informaban medios locales en julio de este año, representantes de la comunidad de Huaquillas habrían formalizado una denuncia contra ambas empresas por presuntas actividades mineras ilegales y afectaciones a sus fuentes de agua.
En marzo de 2024, la Defensoría del Pueblo hacía referencia a un conflicto ecoterritorial en la zona, que se encontraba en fase de observación. Tal como documentaba, rondas campesinas de Huaquillas y organizaciones sociales de San Ignacio se oponían a los trabajos de exploración realizados por Rial Minera en ese momento “por presunta falta de información sobre el proyecto, afectación a las actividades agrícolas y temor a la contaminación ambiental”.
Una preocupación real
En un informe datado el 15 de julio de este año, la Red Integrada de Salud San Ignacio daba a conocer los resultados de unos análisis realizados en la cuenca del río Chinchipe que demostraban la contaminación de las fuentes de agua por metales pesados. Los puntos de monitoreo seleccionados correspondían a zonas de influencia directa de la actividad minera. Entre sus resultados, se establecía que el aluminio, el hierro y el manganeso excedían significativamente los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) mientras que el mercurio excedía el límite del ECA. De este modo, el organismo público explicaba que existía “riesgo sanitario de exposición a metales pesados tanto por vía directa como indirecta” y evaluaba que la situación requería “intervención sanitaria articulada, basada en vigilancia activa y control de riesgos”.
Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en un informe técnico fechado en 07 de abril de 2026, ratificaba nuevamente la trasgresión de los ECA para hierro, manganeso, aluminio y mercurio en algunos de los puntos monitoreados en la cuenca del río Chinchipe.
Se anuncian medidas de protesta en favor de los defensores ambientales criminalizados
Este lunes, a través de Radio Marañón, Suzano Jiménez, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio, anunciaba una movilización en apoyo a los defensores ambientales de Huaquillas criminalizados. Como manifestaba, “ellos están defendiendo nuestros recursos como el agua, como el medio ambiente. Realmente ahora para la autoridad fiscal defender el agua y defender el medio ambiente se considera un delito”. De igual modo, lamentaba la persecución a la que se somete a la justicia ronderil. En sus palabras: “A nosotros siempre nos vienen reprimiendo de esa manera para no poder ejercer nuestra propia justicia.
Según Jiménez la convocatoria tiene alcance regional y busca movilizar a las delegaciones de las 13 provincias de Cajamarca con le objetivo de que se convierta en una protesta masiva.
Por su parte, la Red Muqui, plataforma que aglutina a más de 30 organizaciones sociales de todo el Perú especializadas en temas extractivos, convoca a la ciudadanía a mostrar su apoyo en favor de los defensores de Huaquillas a través de las redes sociales. Así, la institución propone una serie de acciones de ciberactivistmo entre las que se encuentran publicar en redes sociales mensajes que visibilicen el sostén dado a los defensores y compartir las informaciones relacionadas con el caso, entre otras acciones.
Un patrón mundial
El informe Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, de la organización internacional Amnistía Internacional, identifica tres patrones básicos que se repiten a la hora de criminalizar a las personas defensoras ambientales: la estigmatización, los desalojos forzosos de las comunidades y la apertura de expedientes judiciales infundados. Es, en este contexto, donde se sitúa la causa abierta contra los hermanos Lalangui.
Así, como indicaba Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú al momento de presentar el informe: “Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en Perú viven en riesgo pues el Estado en lugar de reconocer su valiente trabajo viene creando sistemáticamente mecanismos para perseguirles y callar sus voces”. En concreto, las denuncias infundadas tendrían como objetivo hostigar y silenciar a las personas defensoras, de acuerdo con la organización internacional. Como el mismo caso de los hermanos Lalangui demuestra, estos procesos suelen ser desgastantes para las personas que los padecen dada su extensa duración.
En Perú, se han vivido notorios casos de criminalización de defensores que han captado la atención internacional. En este sentido, ProtectDefenders.eu, un mecanismo de defensores procedente de la Unión Europea, ha seguido la causa abierta contra 11 defensores en Cotabambas (Apurimac) opuestos al proyecto minero Las Bambas. mientras que el Business and Human Rights Centre, organización global que busca la rendición de cuentas y la transparencia de las empresas en relación con los derechos humanos, ha documentado el caso de los 20 defensores criminalizados en el Valle del Tambo (Araquipa) contrarios al avance del proyecto Tía María.
