El acuerdo de 150 millones de dólares alcanzado por 1.373 peruanos afectados por intoxicación con plomo en La Oroya vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la justicia ambiental en el Perú. El caso revive inevitablemente la memoria de Choropampa, en Cajamarca, donde, 26 años después de la tragedia del derrame de mercurio, cientos de afectados continúan reclamando una reparación integral.
El reciente acuerdo entre la empresa estadounidense Doe Run y 1.373 personas que denunciaron haber sufrido intoxicación por plomo durante su infancia en La Oroya fue calificado como un «hito histórico» por el cardenal peruano Carlos Castillo. El convenio pone fin a un litigio de 19 años en tribunales de Estados Unidos y constituye uno de los procesos transnacionales más importantes por contaminación ambiental.
Para el cardenal, este acuerdo representa un precedente que recuerda la obligación de las empresas y del Estado de asumir responsabilidad frente a los daños ocasionados a las poblaciones más vulnerables. Más allá del monto económico, el caso demuestra que la búsqueda de justicia ambiental puede dar resultados, incluso después de décadas de litigio.
Ese precedente inevitablemente conduce a otro de los mayores desastres ambientales del país: Choropampa, en Cajamarca. El 2 de junio del 2000, un camión contratado por Minera Yanacocha derramó aproximadamente 151 kilogramos de mercurio metálico a lo largo de la carretera que atraviesa los distritos de San Juan, Choropampa y Magdalena. Sin conocer los riesgos, decenas de pobladores, incluidos niños, recogieron el metal, quedando expuestos a sus efectos tóxicos.
Han transcurrido 26 años de este tráfico hecho y las secuelas continúan presentes. Muchos afectados sostienen que los problemas de salud persisten y que las indemnizaciones otorgadas en algunos casos no han significado una reparación integral. Para cientos de familias, la justicia sigue siendo una deuda pendiente.
A diferencia del caso de La Oroya, donde el acuerdo beneficia a más de mil personas, la búsqueda de justicia en Choropampa ha avanzado mediante procesos individuales y decisiones judiciales que se han prolongado durante más de dos décadas.
Uno de los avances más importantes se produjo este año, cuando la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación presentado por RANSA Comercial y otros demandados, dejando firme la sentencia que ordena el pago de indemnizaciones a tres personas afectadas por el derrame de mercurio. Con esta decisión quedó agotada la vía judicial en ese proceso y se ratificó la responsabilidad civil de las empresas involucradas. Sin embargo, el fallo beneficia únicamente a los demandantes de ese expediente y deja pendiente la situación de cientos de personas que continúan reclamando una reparación integral.
Las similitudes entre ambos casos son evidentes. Tanto La Oroya como Choropampa reflejan las consecuencias de la exposición a metales pesados, los impactos sobre comunidades vulnerables y los largos procesos judiciales que las víctimas han debido enfrentar para lograr el reconocimiento de sus derechos. Ambos casos también muestran las limitaciones del sistema de justicia para responder con rapidez a los daños ambientales de gran magnitud.
En ese contexto, el acuerdo alcanzado por los afectados de La Oroya adquiere un significado que trasciende ese caso en particular. Representa un precedente para otras comunidades que continúan buscando justicia, entre ellas Choropampa, donde la responsabilidad civil de las empresas ha sido reconocida en procesos específicos, pero donde aún no existe una solución integral que alcance a todas las personas afectadas.
El caso de La Oroya demuestra que la reparación colectiva por parte de empresas que dañaron la vida de cientos de personas es posible. Para Choropampa, donde cientos de personas siguen padeciendo los males que les dejó el derrame de mercurio, después de más de un cuarto de siglo, la reparación ordenada para al víctimas de Doe Run, abre una puerta de esperanza que no les reparará sus vidas dañadas pero que al menos sientan un precedente para que no haya impunidad y las empresas mineras asuman sus responsabilidades.
Texto: Rut Guevara
