Aunque la norma endurece penas por minería ilegal y elimina beneficios procesales, no es retroactiva y no aborda medidas estructurales que son las que permiten la expansión de la minería ilegal en Cajamarca.
Redacción: Yovana S. Retto
Miércoles 04 de febrero de 2026
El Decreto Legislativo (DL) 1695, promulgado el pasado 19 de enero, representa un endurecimiento penal contra la minería ilegal pues la califica como ”delito grave”, eleva las penas de cárcel hasta los nueve años y elimina el principio de oportunidad, figura legal ampliamente usada por los denunciados que, a cambio de pagar montos irrisorios como reparación civil, el Ministerio Público (MP) podía suspender las investigaciones en su contra quedando incluso sin antecedentes penales. La medida ha sido presentada como un avance en la lucha contra una de las economías ilegales que más daño ambiental y social genera en el país.
Sin embargo, desde Cajamarca, organizaciones ambientales y de la sociedad civil, advierten que, aunque la norma es necesaria, no es suficiente para frenar la expansión de la minería ilegal, además de que no sanciona a quienes ya vienen operando al margen de la ley desde hace años.
La ley no alcanza a procesos en curso
Una de las limitaciones principales del DL 1695 es que no tiene carácter retroactivo, es decir, que las personas denunciadas por minería ilegal antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, no serán alcanzadas por las disposiciones de esta.
Significa entonces que numerosos casos quedarían en la impunidad, ya sea porque los investigados ya se acogieron al principio de oportunidad o porque al tratarse de hechos ocurridos antes de la promulgación del decreto, igual podrán acogerse a esta figura procesal. De este modo, la norma llega tarde para un número significativo de procesos vinculados la a minería ilegal en la región Cajamarca.
Más allá de la sanción penal
Desde la Comisión Ambiental Regional (CAR) de Cajamarca se ha insistido en que la minería ilegal no es solo un problema penal, sino que se trata de una problemática compleja que se expande por la falta de fiscalización efectiva, los tentáculos de las economías ilegales en el poder político y la corrupción.
Mediante pronunciamiento público de la Comisión Ambiental Regional de Cajamarca (CAR) en 2025, se alertó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre las graves afectaciones al ambiente, la contaminación de aguas y suelos, la remoción de territorios comunales y la vulneración de actividades económicas sostenibles que viene generando la expansión de la minería informal e ilegal. A ello se suman los daños a la salud de la población, la evasión tributaria, la corrupción y los vínculos con el crimen organizado.
Déficits en la investigación y persecución del delito
Las limitaciones para enfrentar la minería ilegal no están solo en el ámbito normativo. Desde el propio sistema de justicia se reconoce que existen obstáculos institucionales y técnicos que dificultan una efectiva persecución de este delito.
Durante el webinar “Delegación de facultades y lucha contra la minería ilegal”, promovido por el Observatorio de Minería Ilegal y la ONG Derecho, Ambiente y Recurso Naturales (DAR), el titular de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, Julio Guzmán, señaló que uno de los principales problemas es la falta de trazabilidad administrativa, un factor clave para las investigaciones.
“Legalmente hace falta la trazabilidad administrativa, porque sin ella será difícil que la investigación de estos casos tenga éxito”, afirmó Guzmán.
El funcionario aseguró que, si bien las actividades vinculadas a la minería ilegal ya han sido tipificadas en el marco legal, esto no garantiza resultados si no se fortalecen los mecanismos de investigación y los estándares probatorios.
“Ya tenemos tipificadas las actividades mineras ilegales, pero nada de esto puede lograrse si no mejoramos los estándares de investigación que tienen que ver con los estándares probatorios. Ya tenemos el marco normativo, ahora la pregunta es cómo lo aplicamos en términos prácticos para la mejora de la investigación”, añadió.
Acciones pendientes
El pronunciamiento de la CAR Cajamarca planteó una serie de medidas que resultan clave para enfrentar el problema, pero que no son abordadas en el nuevo decreto, entre ellas, la implementación de la zonificación ecológica y el ordenamiento territorial para poder definir dónde pueden desarrollarse actividades extractivas de alto impacto o dónde debieran restringirse. De otro lado, la CAR también demandó la aplicación efectiva de la Ley de Protección de Cabeceras de Cuenca, y una reforma constitucional y normativa del régimen de concesiones mineras que impida una mega concentración o acaparamiento de concesiones.
Se exige también el fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (Fema) y el de la Policía de Medio Ambiente, dotándolas de recursos y promoviendo su autonomía frente a la corrupción, así como el involucramiento activo de entidades como SUNAT, SBS y SUNARP para perseguir las redes de financiamiento y comercialización de la minería ilegal
El rol de la CAR y de la sociedad civil
La Comisión Ambiental Regional de Cajamarca, de la cual forma parte Grufides, ha sido un espacio clave para hacer públicas las demandas señaladas. Varias de ellas están consignadas en el pronunciamiento y fueron impulsadas desde la sociedad civil organizada, a fin de que la respuesta del Estado no se limite al plano penal, sino que enfrente las condiciones que han permitido el acelerado crecimiento de la minería ilegal.
Endurecer penas es un paso necesario, pero no suficiente. Si no se agilizan reformas estructurales que garanticen la protección del ambiente, el derecho al agua y la seguridad de las comunidades cajamarquinas, la acción del Estado seguirá siendo ineficiente.
NOTA:
La lucha contra la minería ilegal no puede limitarse solo a las acciones penales.
Un registro nacional de propietarios maquinaria pesada, accesible en la SUNARP ayudaría a una lucha más eficaz de la FEMA .
