Redacción: Yovana S. Retto
Jueves 27 de noviembre de 2025
En lo alto de las montañas de las provincias de Cajabamba y San Marcos, donde la vida depende primordialmente del agua que llega limpia desde quebradas como la Hualanga y Tambul, aumenta de manera acelerada la minería ilegal e informal, actividades al margen de la ley que han ingresado con explosivos y maquinaria envenenando la tierra, el agua y amenazando la sobrevivencia de cientos de familias cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería.
Alarmados por los daños en sus cultivos, animales y fuentes de agua; y cansados por una aparente inacción de las autoridades, los pobladores del caserío Cochas convocaron en los últimos días a una asamblea extraordinaria con el objetivo de denunciar la grave situación ambiental y social, y exigir una respuesta inmediata del Estado. La asamblea se da dos semanas después de que se registrara el fallecimiento de dos trabajadores mineros dentro de un socavón minero.
A la reunión asistieron más de un centenar de comuneras/os y ronderas/os, así como representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA), de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y efectivos policiales junto al comandante PNP de la provincia en mención.
El agua ya no es la misma: primeros signos de un territorio en riesgo
Durante la asamblea, los comuneros narraron cómo en los últimos meses, las quebradas han comenzado a presentar turbidez, cambios de color y sedimentos inusuales. Estos signos coinciden con la aparición de socavones y bocaminas que operan sin permisos, y haciendo uso constante de explosivos, entre otros materiales lesivos para el medio ambiente.
“El agua está bajando sucia y ya no es apta para los animales”, reportó uno de los dirigentes, cuya identificación mantendremos en reserva para no poner en riesgo su integridad. Otros comuneros señalaron que cultivos de papa, maíz y hortalizas han empezado a mostrar daños que antes no existían. La ganadería, principal medio de vida de las familias, también se ha visto afectada: “algunos animales han enfermado o muerto de forma repentina”, narró indignado otro comunero.
Las zonas más críticas identificadas por los comuneros son Hualanga, Cochas y Tambul, sin embargo, las afectaciones repercuten también en el río Cajamarquino, ocasionando perjuicios a gran parte del valle interandino de Condebamba.
“La minería es ilegal y es delito”: autoridad regional respalda denuncias
Uno de los momentos decisivos de la reunión fue la intervención del representante de la DREM, Víctor Cusquisiban, quien recordó que toda actividad minera sin autorización es ilegal y que su práctica constituye un delito ambiental que puede ser sancionado penalmente.
El funcionario explicó que se encuentran atendiendo denuncias sobre minas que operan en la zona, y que en algunos casos ya se aplicaron medidas de paralización, mostrando resoluciones que amparan dichas medidas. No obstante, reconoció que las operaciones ilegales suelen reactivarse rápidamente, especialmente en zonas alejadas o de difícil acceso.
Ante los reclamos de las y los pobladores, el representante de la DREM se comprometió a realizar inspecciones conjuntas con la fiscalía y la policía para identificar, paralizar y denunciar a los responsables.
Cabe señalar, que la normativa vigente aprobada por el Congreso, favorece la proliferación de este tipo de actividades a través de mecanismo como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y el debilitamiento de leyes punitivas contra la minería ilegal y el crimen organizado, convirtiéndose en una especie de blindaje para graves delitos.
La ANA tomará muestras de agua y delimitará franjas marginales
La delegación de la ANA también manifestó su preocupación por los reportes de contaminación, sin embargo, las declaraciones de los funcionarios no convencieron a la gente. Varios de ellos les increparon su ausencia manifestando claramente sus dudas sobre la transparencia en los resultados de la calidad del agua que pueda emitir la entidad. Tras ser emplazados, los técnicos anunciaron que tomarán muestras de agua en un plazo máximo de un mes, con el objetivo de determinar científicamente el nivel de afectación de la quebrada Hualanga y otros afluentes.
La entidad también se comprometió a delimitar la franja marginal, un proceso que permitirá identificar las áreas vulnerables y restringir actividades extractivas que pongan en riesgo el flujo natural del agua.
Los comuneros exigieron que los monitoreos de la ANA sean permanentes y que se instalen puntos de vigilancia comunitaria para prevenir nuevas alteraciones de sus fuentes naturales de agua.
Señalamientos y denuncias concretas
El acta obtenida tras la asamblea, registra que varios comuneros mencionaron minas específicas, algunas presuntamente financiadas o impulsadas por operadores conocidos en la zona. Aunque las investigaciones formales continúan, la población asegura que conoce los lugares, rutas y personas que ingresan a estas faenas ilegales.
“Sabemos dónde están cavando, quién entra y quién sale. Pero cuando denunciamos, nadie escucha”, expresaron reiteradamente varios dirigentes.
En varios sectores, los comuneros señalaron que han visto maquinaria pesada, actividad nocturna y el uso de explosivos. Frente a lo cual se sienten indefensos y desprotegidos.
Un territorio agrícola que ahora vive bajo presión
En Cochas, Tambul y Hualanga, la economía gira alrededor de la agricultura familiar y la crianza de ganado. Las comunidades producen alimentos para autoconsumo y para los mercados de Cajabamba y Cajamarca. Por lo que la presencia de la minería ilegal no solo afecta el ambiente, también amenaza la economía local, la seguridad alimentaria y la salud de las personas.
“Del agua depende todo. Si la contaminan, nos quitan la vida”, indicó una comunera durante la sesión.
Una comunidad que ya no está dispuesta a esperar
La Asamblea Extraordinaria cerró con una serie de acuerdos que buscan frenar la expansión de la minería ilegal y exigen a la DREM y Policía operativos inmediatos y definitivos, a la ANA, realizar monitoreos y análisis continuos del agua.
También demandan a las autoridades presencia permanente en los sectores críticos, así como coordinar acciones con las rondas campesinas para la vigilancia territorial. Comprometiéndose el Cmdt. PNP de la Comisaría Sectorial Cajabamba, Silva Atalaya, a realizar diligencias de identificación de mineras ilegales en las cuencas de Tambul, Hualanga y alrededores.
La reunión concluyó con las firmas de autoridades comunales, representantes del Estado y pobladores. Pero, aunque las autoridades se comprometieron a tomar acciones, la población teme que las promesas queden, otra vez, en el papel. Por lo que advirtieron permanecer vigilantes y mantener informada a la opinión pública sobre la situación.
La defensa por el agua, dijeron, es una lucha que recién está empezando.
