No, no se trata de “buenos y de malos policías”, sino de un sistema represivo institucionalizado para acallar o criminalizar a quienes disientan con el poder autoritario y los intereses económicos que lo sustentan.
Por Marco Arana Zegarra
Los casos de intervenciones policiales que han generado víctimas mortales o gravemente heridas en las diversas protestas sociales en el Perú (post década de la violencia interna que asoló al país con la subversión terrorista de Sendero Luminoso (SL) y las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado) se sustentan en un mecanismo de justificación de la violencia que Rocío Silva Santisteban denominó “una otredad radical recubierta de desprecio, asco y temor”. Este mecanismo está presente en élites políticas que discriminan social y racialmente, y en la formación y actuación policial militarizada heredada de la década de la violencia.
El 25 de octubre de 2025, en la movilización convocada por los jóvenes de la denominada “Generación Z”, un policía que participaba camuflado de civil dentro de las protestas ciudadanas, disparó a quemarropa y asesinó al joven músico Mauricio Ruíz (32 años). Es preciso llamar a las cosas por su nombre: Fue un asesinato. En estos sucesos, no hubo utilización proporcional de la fuerza, no hubo respeto a ningún protocolo del uso de armas de fuego, no hubo amenaza a la vida del efectivo policial que “justificara” el disparo letal. Por todo ello, en un inicio, hasta el Director Nacional de la Policía, Oscar Arriola, admitió que fue un suboficial (SO) de la policía el autor del disparo letal, que lo hizo con arma de uso particular y no de reglamento. Por ello, anunció públicamente la detención del autor del disparo y el inicio de investigaciones que se harían en el fuero civil. En ese mismo acto público, el alto jefe policial pidió disculpas a los familiares del joven cantante asesinado. Hasta allí, el suceso podía ser calificado como una actuación irregular o ilegal del SO de policía Luis Magallanes.
Sin embargo, días después las cosas cambiaron. El mismo Director Nacional de Policía, calificaba ahora a Luis Magallanes como un “héroe policial” y el presidente interino de Congreso, Fernando Rospigliosi, calificaba al artista asesinado de haber sido un “terruco”. El mensaje de estos personajes transmitía un mensaje cohesionado: “el artista Truco” (nombre artístico del joven asesinado es: “es un terruco y está bien muerto”. Luis Magallanes “es el policía héroe y justiciero”. Magallanes fue la víctima que “se defendió del músico terrorista que amenazó su vida”.
¿La vuelta a los 90?
Después de la década del terror que vivió el Perú ante la amenaza de toma del poder por Sendero Luminoso y el MRTA, lo que quedó es una Policía formada en esa “otredad radical recubierta de desprecio, asco y temor” hacia los civiles considerados sospechosos. Todo ciudadano que expresara su desacuerdo con las reglas que imponía el poder autoritario, era pasible de ser golpeado, encarcelado, torturado, desaparecido o asesinado. Eso se quedó como parte de la formación y acción policial y ahora, en un estado de democracia restringida y de política autoritaria, vuelve con fuerza y con manto de impunidad. No solo con el asesinato de Mauricio Ruíz (32 años) o el estado en coma en que se encuentra el otro joven músico, de origen cajabambino, Luis Reyes Rodríguez (27 años) que esa misma noche participaba de las protestas convocadas por la generación Z en las calles de Lima.
1SILVA SANTISTEBAN, Rocío. (2025) Perros y Antimineros. Discursos Extractivistas y Prácticas Represivas en el Perú http://www.revistatabularasa.org/numero-24/04silva.pdf
Un continuum de violencia policial impune
2009. En los sucesos que asesinaron a los indígenas awajún-wampis en la curva del Diablo lo que los policías vieron, era lo que el diario Perú 21, en primera plana, denominó: “salvajes”, es decir, aquellos a los que los policías civilizados debían enjaular o cazar. Por irresponsabilidad del comando policial e irresponsabilidades políticas (que han quedado impunes), los sucesos terminaron también con la matanza de 23 policías, cinco indígenas y cinco pobladores de Bagua y una herida abierta en la memoria de los pueblos amazónicos.
2012. En julio, de manera comprobada por los informes forenses, cinco cajamarquinos que se oponían al proyecto minas Conga, entre ellos un escolar de 15 años, fueron asesinados por certeros disparos de fusil en la cabeza: cuatro en Celendín y uno con disparo mortal al tórax, en Bambamarca. Los fallecidos son recordados en sus pueblos: José Faustino Silva Sánchez (35), Eusebio García Rojas (48), José Antonio Sánchez Huamán (29) Marcial Medina Aguilar (17) y Joselito Vásquez Jambo (28).
En esos días, en que también se reprimió brutalmente en la ciudad de Cajamarca, un joven policía daba cuenta de la racionalidad que estaba detrás de estos asesinatos. El efectivo policial que no fue identificado, dijo ante cámaras, en la plaza de armas de Cajamarca a una joven madre de familia que le pregunta “¿Por qué nos tratan así?, ¡por qué nos tratan así!” y el policía premunido de su escudo, de su garrote en mano y de su arma en el cinto le responde con voz sonora: “Porque son perros pues, conchatumadre”.
No había sido distinta la violencia que los policía cometieron en 2005 en la comunidad de Yanta, en la sierra de Piura, donde fue ejecutado extrajudicialmente, por la policía, el rondero campesino, Melanio García Gonzáles, su cuerpo fue encontrado tirado entre la maleza, “como si fuera el cuerpo de un perro”. En aquellas protestas, las rondas campesinas se oponían a la imposición de la minera inglesa Río Blanco Cooper. El equipo policial que intervino, con fusiles de guerra en sus manos, se tomó selfies conduciendo a 29 personas con los pies descalzos, con capuchas negras de plástico en la cabeza, maniatados por la espalda. Previamente los campesinos habían sido torturados (agua helada en la espalda, golpes en el pecho, en los talones, testículos, cabeza). Incluso los policías publicaron sus fotos, en la que exhibieron como trofeos de guerra, las prendas íntimas de la periodista piurana de Radio Cutivalú, Elizabeth Cunya Novillo y de Cleofé Neyra, las que previamente también habían sido golpeadas, manoseadas y detenidas.
Tampoco fue distinta la lógica delictiva de los policías de la DINOES que, desde larga distancia, dispararon a matar, con sus fusiles AKM, contra el pecho de un campesino de Combayo en agosto de 2006, Isidro Llanos Chevarría, quien participaba de una protesta campesina contra la desaparición de sus lagunas por parte de minera Yanacocha. Por lo demás, se trataba de policías que actuaban bajo el paraguas del convenio secreto de prestación de servicios a la minera. El convenio lo explicaba: deben utilizar sus uniformes, equipos y armas de reglamento y, en caso, de cometer “excesos” el contrato preveía la asistencia de defensa legal.
2015. Tampoco fue distinta la actuación del policía que, en su gafete de identificación, llevaba el nombre de “FILOSOFEXXX” en el Valle de Tambo, Arequipa contra la imposición del proyecto minero Tía María. El policía fue fotografiado por un reportero del Diario El Comercio en el preciso momento en que sembraba un objeto punzocortante en manos del campesino Antonio Coasaca Mamani para incriminarlo, golpearlo y detenerlo.
2016. El mismo patrón policial de matar o cazar perros, disparándoles a la cabeza con fusiles de guerra, es el que siguió la policía con el comunero Quintino Cereceda en Cotabambas, Apurímac, a quien lo ejecutaron en una movilización cuando expresaba su oposición a la minera china Las Bambas. Su cuerpo estuvo, por varias horas, tirado sobre las frías rocas, con el cerebro despedazado. Las terribles fotografías del asesinato circularon en las redes sociales.
2019También fueron ejecuciones las cometidas contra los jóvenes Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) en el Parque Universitario de Lima, durante las protestas contra el ilegítimo gobierno de Manuel Merino, quien finalmente terminó depuesto del alto cargo político. En 2022, el nuevo Congreso de la República lo condecoró con medalla. Los responsables políticos y directos de estos crímenes continúan bajo el manto de impunidad.
2022-2023. Una rigurosa investigación periodística del portal Ojo Público muestra que en este periodo de tiempo, han sido cincuenta personas las que han sido asesinadas y otras 716 fueron lesionadas, en diversas regiones del país, por disparos hechos por miembros de las fuerzas policiales y militares en las protestas contra la designación presidencial de Dina Boluarte. Entre los civiles asesinados figuraban un adolescente y varios jóvenes de entre 15 y 30 años.
¿Policías buenos y malos?
No. La policía peruana arrastra el pesado fardo heredado de la década de la violencia terrorista. El civil disidente, con voz propia, sujeto de derechos y que además se moviliza para demandarlos es convertido en un sospechoso, en un otro que no solo inspira desconfianza, en otro ser que es despreciable, que inspira temor, enojo, repugnancia e incluso asco y repugnancia. El exministro de educación, Morgan Quero, lo decía así en diciembre de 2024: “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, refiriéndose a las más de 50 personas asesinadas en las protestas contra la ex presidente Dina Boluarte. Su apelación a la deshumanización, animalización de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta es algo que ha sido estudiado desde diversos ángulos. Ciertamente, esa animalización la aplicaba a personas que consideraba tienen “bajo estatus”, su categorización como “ciudadanos de segunda”, “salvajes”, “perros” y “ratas”. Si son ratas no tienen derechos, si son perros, como decía el policía en la plaza de armas de Cajamarca, entonces se les atribuye que no tienen afectos, emociones y menos derechos. Para nadie es un secreto que, en el entrenamiento militar o policiaco militarizado, para perder el miedo a matar, los instructores ordenan matar perros, bañarse en su sangre, comer su corazón. Así, el enemigo infra humanizado, animalizado puede ser tratado violentamente, sin piedad alguna.
3https://ojo-publico.com/4045/un-memorial-los-adolescentes-y-jovenes-muertos-las-protestas
Urge profunda reforma policial para un país que por lo demás ha institucionalizado la violencia racializada
La formación y actuación policial no puede basarse en la negación del rostro humano en el otro, en la animalización del enemigo, en su total despersonalización que abre las puertas para acción y la justificación de la descarga en el otro de toda la violencia destructiva posible.
En los contextos de conflicto social, el terruqueo y la animalización del otro, añade razones políticas e ideológicas para ver al otro como un enemigo no humano al que, si no se le dispersa o hace huir, debe reducírsele cruelmente. De allí que veamos escenas normalizadas en que efectivos policiales propinan golpizas por la espalda, golpizas en el suelo, a personas detenidas, ya reducidas. Las bofetadas y los escupitajos para lograr humillación máxima, son por lo demás, prácticas represivas de tiempos bíblicos que, indignantemente, no hemos superado.
¿Y si hubiesen policías que decidieran actuar de modo distinto?
Sí, hay casos. En 2008 fue de conocimiento público que el General PNP, Alberto Jordán, en las protestas de Moquegua, evaluando la situación, en la que teniendo armas de guerra, pudo ordenar disparar contra población civil que protestaba en un puente, pero se negó a hacerlo. Fue destituido. El fuero Militar Policial, lo condenó a 18 meses de prisión “por omisión de cumplimiento de funciones” y “al pago de cuatro mil soles de reparación civil”.
No todo está perdido. Hay policías que parecen escapar a la animalización y destrucción violenta del ciudadano/a que protesta
Algunos miembros de la Policía, como un comandante de la DINOES que conocí durante el conflicto de Combayo de 2006, me expresó su conciencia sobre lo que había ocurrido con el asesinato de Isidro Llanos, cuando su cadáver estaba siendo exhumado en el cementerio de la localidad: “Hágales saber a los políticos y a nuestros jefes superiores que nosotros no debemos ser enviados a controlar las protestas sociales. Nosotros no estamos entrenados para eso. Nosotros estamos entrenados para matar terroristas o narcotraficantes. Si nos envían, es para matar”.
4Deshumanización animalística como estrategia de influencia social. Ver https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC9875809/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
Nota:
Durante las protestas contra el conflicto Conga, en Cajamarca, yo mismo fui atacado por una treintena de policías, cuando me encontraba sentado en una protesta pacífica. La golpiza a puñetazos y con bastones por la espalda, las patadas en el suelo, las bofetadas, escupitajos y los golpes, dentro de las instalaciones de la misma comisaría, son ampliamente conocidas y constituye un caso que continúa pendiente de calificación en la CIDH. Han transcurrido ya 13 años desde aquellos sucesos.
