Resumen: Durante el primer semestre de 2025, la región Cajamarca presenta múltiples conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera, tanto formal como informal. La región enfrenta una fuerte oposición social en defensa del agua, el medio ambiente y los derechos colectivos.
El conflicto en torno al proyecto minero Conga ha recobrado centralidad a raíz de una serie de hechos judiciales, sociales y políticos. Destaca la reactivación del proceso judicial por la demanda de amparo presentada en 2012, cuyo avance ha estado marcado por tensiones en audiencias, cuestionamientos sobre peritajes técnicos y movilización ciudadana frente a la posibilidad de reactivar el proyecto. Este proceso ha puesto nuevamente en debate los impactos ambientales acumulativos, la vulneración al derecho al agua y la criminalización de la protesta.
En paralelo, el proyecto Colpayoc, ubicado en el distrito de Chetilla, ha generado protestas y acciones legales por parte de comunidades campesinas y rondas locales, que denuncian la falta de consulta previa y la afectación a cabeceras de cuenca fundamentales para el abastecimiento hídrico de Cajamarca. De forma similar, los proyectos La Zanja y Coimolache enfrentan una creciente resistencia interregional tras la difusión de estudios independientes que evidencian la contaminación del río Chancay-Lambayeque y el reservorio Tinajones por metales pesados y relaves mineros.
Por otro lado, se ha documentado un agravamiento de los impactos de la minería ilegal e informal, especialmente en zonas fronterizas como San Ignacio y Celendín.
