Redacción: Grufides
07 de mayo de 2025
¡Otra vez Pataz! La minería ilegal y quienes la promueven han cobrado otras 13 vidas en la provincia de Pataz, región La Libertad. Con esta repudiable masacre ya suman 39 las víctimas mortales relacionadas con esta ilegal actividad, la misma que se expande debido a los altos precios de los minerales y debido a las redes nacionales e internacionales que se enriquecen con ella. Eso, lo saben las altas autoridades de gobierno que por ineptitud, complicidad o corrupción amplían, una y otra vez, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que constituye la carta blanca para que sigan operando con impunidad.
Desde diversos frentes se viene hablando de cómo las bandas criminales vinculadas a la extracción ilegal de oro y otros minerales han tomado la localidad de Pataz, de la falta de control y de la incapacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, y del fallido estado de emergencia instaurado desde febrero de 2024 en la provincia liberteña. Las nuevas leyes del Congreso, facultan a los mineros informales para que no se les pueda incautar maquinaria, explosivos e insumos químicos pese a los graves daños ambientales que ocasionan. La línea divisoria que divide a los mineros informales de los mineros ilegales es casi inexistente y es el terreno perfecto para que las mafias del crimen organizado actúen extorsionando y dando cobertura a unas y otras.
No solo es la minería informal e ilegal
Con frecuencia, en los medios se estigmatiza a los pequeños mineros y ciertamente, a los mineros informales e ilegales; sin embargo, hay gran silencio sobre los vínculos existentes entre algunas grandes empresas mineras formales que trabajan coordinadamente con mineras informales. Esos vínculos son muchos: mineros informales e ilegales que están trabajando dentro de los territorios concesionados y controlados por las grandes empresas mineras. Mineros informales que extraen, transportan, procesan mineral y que lo comercializan a través de grandes empresas mineras.
Lo ocurrido en Pataz muestra la gravedad y lo peligroso que son estos vínculos o juegos en pared. Según el comunicado de Minera Poderosa, esta empresa reconoce que tiene vínculos contractuales con un minero artesanal “en proceso de formalización”, es decir, con una minera informal que además brinda servicios de seguridad privada y que sería propiedad de varios policías en actividad. Todo esto es muy grave y debería investigarse y sancionarse. Es preciso que el Estado intervenga fortaleciendo la capacidad de las rondas campesinas, de los frentes de defensa y de toda la sociedad civil organizada de Pataz para frenar la actividad minera ilegal en esa azotada provincia liberteña. Es preciso que se investigue y sancione a quienes propician el enriquecimiento utilizando las debilidades del Estado y amparándose en leyes que favorecen la ilicitud de estas actividades. Y la autoridad del Estado debe ser recuperada modificando la ley de concesiones minera y el tráfico de las mismas, definiendo cuánta minería debe haber o no en un determinado territorio sin perder de vista los graves daños ambientales que causan y el abandono en que se hallan los llamados pueblos mineros
