24 de abril de 2025
Tras padecer años de criminalización once defensoras/es ambientales de la provincia de Cotabambas, región Apurímac; que fueron denunciados por Minera MMG Las Bambas y demandados por el Estado peruano, son declarados inocentes por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
Por: Yovana S. Retto
En setiembre de 2015 miles de comuneras y comuneros participaban pacíficamente de las protestas sociales desatadas en Cotabambas contra el megaproyecto minero Las Bambas por el incumplimiento en los acuerdos previos y por las modificaciones hechas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin la consulta previa a las comunidades afectadas.
Represión y criminalización de la protesta social
La medida de fuerza no solo fue respondida con una violenta represión que ocasionó la muerte de tres personas, también fue sistemáticamente criminalizada, una tendencia cada vez más preocupante en nuestro país. Tras el registro de las víctimas mortales durante las movilizaciones, más de 300 personas fueron comprendidas en procesos penales y 37 llevadas a juicio y 11 condenadas.
Los dirigentes fueron sentenciados en primera instancia a penas de 8 y 9 años de cárcel, además del pago de una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado peruano y 88 600 dólares a favor de la empresa MMG Las Bambas SAC., bajo la figura de autoría mediata, por los supuestos delitos de disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y daños agravados, en agravio del Estado y la minera MMG Las Bambas.
La sentencia condenatoria fue apelada por la defensa legal de los líderes comunales, lo que conllevó a una valoración de pruebas por parte del Poder Judicial (PJ) en segunda instancia.
Falta de pruebas en acusación fiscal
Durante la primera audiencia de apelación desarrollada el 19 de marzo último, la defensa legal de los acusados enfatizó que no existen pruebas que sustenten la autoría mediata atribuida a los defensores.
En la segunda audiencia del 31 de marzo, se reiteró la ausencia de pruebas materiales y la falta de sustento en la imputación. Los magistrados también cuestionaron la fundamentación presentada por la Procuraduría Pública y la Fiscalía, la cual se limitó a conceptos teóricos sin justificar de manera adecuada la responsabilidad individual de los acusados.
El 4 de abril, los defensores de Cotabambas tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra durante dos minutos cada uno. En sus intervenciones, reafirmaron su inocencia y su colaboración con la justicia.
Finalmente, el pasado martes 22 de abril el PJ reconoció la inocencia de los acusados en un fallo histórico que marca un precedente clave contra la criminalización de la protesta social y reafirma la legitimidad de las demandas de las comunidades por la defensa del agua y sus territorios.
Acompañamiento de asociaciones civiles fue clave en la defensa legal
Cabe resaltar el apoyo en la defensa legal, brindado por asociaciones civiles como CooperAcción y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), organizaciones cuyos abogados acompañaron a los denunciados durante el proceso penal y lograron revertir la injusta condena impuesta en primera instancia.
En ese contexto Maximiliano Huachaco, uno de los defensores ambientales criminalizados agradeció el apoyo del abogado David Velazco, de Fedepaz; así como a CooperAcción, Red Muqui y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
