Comunicador indígena César Estrada Chuquilín. Foto: Servindi
Servindi, 4 de octubre 2015.- El juicio que llevan el comunicador indígena César Estrada Chuquilín y los ronderos Víctor Huamán y Segundo Cueva por supuesto hurto agravado y secuestro llegaría a su fin el próximo 13 de noviembre con la sentencia final del caso.
Así lo dio a conocer el blog Región Norte, tras indagar en los procedimientos de ley.
La decisión del caso está en manos del Primer Juzgado Unipersonal y Colegiado de la Corte Superior de Cajamarca, a cargo de los magistrados Severino Vargas, Germán Meric y Lorena Carrión.
Dicho juzgado resolverá si procede el pedido de 28 a 30 años de pena privativa de la libertad presentado por Abilio Escobar Quispe, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, por los presuntos delitos de hurto agravado y secuestro en perjuicio de Rosalía Huamán Marchena, empleada de minera Yanacocha.
El caso tiene su origen en un hecho que habría ocurrido a fines del 2013 y que tiene que ver conel presunto secuestro y la retención de la camioneta de Huamán Marchena. En noviembre de 2014 se conoce el pedido del fiscal de 28 a 30 de cárcel para Estrada.
Por aquel entonces, el comunicador respondió señalando que detrás de la petición se encontraría Yanacocha, encargada de ejecutar el proyecto minero Conga.
Asimismo, sostuvo que el pedido de Escobar Quispe estaría motivado por una denuncia que él (Estrada) impuso contra el fiscal por abuso de autoridad en una diligencia que tuvo lugar en febrero de 2014.
Desde que se inició el actual gobierno, el comunicador indígena y las rondas campesinas de la región, en la zona del proyecto y alrededores, han sido víctimas de ataques por parte de la seguridad privada de la minera, policías y campesinos a favor de Conga.
Medida cautelar
Ante los continuos ataques, el caso de Estrada así como el de la familia Acuña-Chaupe y de otras 46 personas opositoras al proyecto, fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en mayo de 2014 dictó una medida cautelar para que el Estado proteja la vida e integridad de todos ellos.
Diecisiete meses después, no existe información que demuestre que se hayan tomado medidas concretas al respecto.
Solo por citar un caso, en los últimos meses la campesina Máxima Acuña ha sido objeto de numerosos ataques -algunos muy violentos- por parte de la seguridad de Yanacocha en aparente complicidad con la policía que se hacía presente en los alrededores de su vivienda en la provincia de Celendín.
En el caso del comunicador, pasa algo similar. El acoso y las agresiones físicas se convirtieron ahora en hostigamiento en el terreno de lo judicial. En más de una ocasión éste ha señalado, entre otras cosas, que la autoridad judicial no ha tomado en cuenta los testimonios de algunos testigos.
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