“La empresa Águila Dorada es una amenaza para nuestra existencia”

Por: Wilfredo Cholán, Noticias SER

En diálogo con Noticias SER, el consejero regional por la provincia de San Ignacio, Neire Unkuch Jempekit, comparte su experiencia como líder indígena y ahora como consejero. Asimismo expresa su rechazo a la presencia de la empresa minera Aguila Dorada en su comunidad nativa así como a los paquetazos ambientales.

¿A nivel regional hay un diagnóstico sobre las comunidades indígenas?

El diagnóstico no está actualizado, por falta de recursos. Por ejemplo, las comunidades Awajún que existen en nuestra provincia de San Ignacio se ubican en dos distritos. En el distrito de Huarango se encuentran Yamake, Nuevo Kunchin, Suwa, Valencia, Saawientas, Chingozales, Najem y Datem, ubicadas ala margen izquierda de río Chirinos. En el distrito de San José de Lourdes están las comunidades de Naranjos y sus anexos, como Alto Naranjos, Nuevo Kucha, Tuna Santa Águeda, Chimichimi y Chinín, que pueblan el lado derecho del río. Hasta este año, somos aproximadamente 1,300 ó 1,400 personas. También existe la Oficina Regional de Comunidades Nativas, que se creó en el 2011 y empezó a funcionar en el 2012,  pero los recursos no son suficientes para realizar un trabajo adecuado. Al respecto estamos coordinando algunos recursos.

¿Sus comunidades se encuentran tituladas?

Sí, se cuenta con título comunal, que es el que abarca a todos los anexos.

¿Hay  propuestas para revalorar su importancia cultural?

Varias están en proceso. Desde el gobierno regional estoy promoviendo iniciativas de reconocimiento, trabajo y sobre la importancia que tienen las comunidades indígenas. Por ejemplo, la Oficina de Salud Intercultural de la DISA Jaén, el Instituto Nacional de Salud y el gobierno regional han coordinado y firmado un convenio para trabajar la salud intercultural. Ahora, las formas de atención que se practiquen en las comunidades deberán estar de acuerdo a sus costumbres e incorporar las plantas y sus usos medicinales. Hay intención, pero hasta el momento, en la práctica, no se aplica. También se ha priorizado la educación y salud intercultural bilingüe, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, entre otros aspectos; todoa través de un plan que se organizó con otras instituciones. Asimismo, la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y la Organización Awajún de San Ignacio (ORASI) promueven iniciativas de defensa y respeto de nuestros derechos. Pero la gran dificultad radica en que las autoridades no conocen bien nuestra realidad.

¿Cuáles son otras limitantes para el trabajo con las comunidades nativas, además del desconocimiento de las autoridades?

La falta de capacitación en interculturalidad a las personas que deseen enseñar y trabajar con las comunidades. La falta de educación bilingüe, la salud intercultural, entender nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión de las cosas; proyectos que se adapten a nuestra realidad.

¿Y cuáles serían las instancias que deberían trabajar para el respeto de sus derechos?

Principalmente los gobiernos central y regional. Se tiene que apostar por el desarrollo de nuestros pueblos con políticas adecuadas de promoción y respeto de nuestras culturas.

¿Qué opinión merece la aprobación sistemática de esas normas que se conocen como “paquetazos ambientales”?

Son atropellos y una forma de exterminio que viene haciendo el gobierno a nuestras comunidades nativas de todo el país. Quieren pasar por encima de nuestros derechos, que nos amparan en la Constitución, en el convenio 169 de la OIT, y otros documentos.  Pretenden saquear nuestras tierras y recursos a costa de nuestra desaparición. Lo que exigimos al Estado es respeto por nuestros derechos y nuestra forma de vida como pueblos originarios.

¿Y la consulta previa?

Como vemos, tampoco hay respeto por ello. Dictaminan normas que atentan contra nuestras vidas a pesar de que existen convenios y leyes que nos amparan.

¿No hay, entonces, intención del gobierno de reconocerlos en sus plenos derechos?

No la hay ni la habrá. Lo que nos queda es organizarnos a nivel nacional para exigir el respeto a nuestros territorios.

Por otro lado, ¿Cuál es la situación de la empresa minera Águila Dorada y de las comunidades aledañas, teniendo en cuenta que ya no llegaron a un acuerdo en abril último, para seguir con la fase de exploración del proyecto Yaku Etnsa?

Por el momento, el conflicto está latente. En abril de este año se iba a firmar el segundo convenio de permiso de exploración entre la comunidad de Naranjos y la empresa. Pero a nivel del Apu y los dirigentes han decidido no firmar, porque el proyecto que se encuentra en la cabecera del río Chirinos al parecer está contaminando las aguas. Esperemos que la comunidad de Naranjos no cambie su posición, porque esto también ha generado conflictos con nuestra comunidad de Supayaku. En la comunidad nativa de Supayaku, a la cual pertenezco, consideramos que la presencia de la empresa Águila Dorada es una amenaza para nuestra existencia porque está contaminando nuestro medio ambiente, pone en peligro la seguridad alimentaria, que son los animales silvestres y peces. Además, modifica nuestra identidad cultural y no garantiza la permanencia de nuestras generaciones.

¿Qué les pediría a los candidatos presidenciales de las próximas elecciones?

Que respeten nuestras decisiones y derechos como pueblos nativos. Que verdaderamente hagan un gobierno de inclusión social.