El megaproyecto hidroeléctrico a realizarse entre Cajamarca y Amazonas sigue en el ojo de la tormenta, donde sumados a los posibles impactos socioambientales y las acusaciones de corrupción de la empresa constructora Odebrecht están otros actos irregulares que ya están generando un nuevo conflicto social del cual el Gobierno ya estaba avisado.
ESCRIBE: PABLO PRADO REYES
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Ya a estas alturas todos sabemos de los grandes actos de corrupción en que se ha visto inmersa la constructora brasileña Odebrecht, aquella que en nuestro país goza de varias concesiones que vieron su proliferación a partir de los años noventa, desempeñando trabajos desde 1979.
El megaproyecto hidroeléctrico Chadín II es uno de ellos, y genera naturalmente muchas suspicacias al respecto por la extraña forma de su aprobación. Y es que, mediante un decreto supremo en el 2011, el expresidente Alan García dio luz verde a la construcción de 20 represas en una zona que para muchos expertos es de alta vulnerabilidad a un impacto ambiental que sería de ingentes proporciones y pérdidas irreversibles.
En ese entonces, García pronunció el proyecto como de interés nacional y fue identificado por el Gobierno como un proyecto potencial para la exportación de energía a otros países.
Estaríamos hablando, entonces, de dos males endémicos enlazados a costa de todos los peruanos. El primero, la afectación de nuestros ecosistemas y, como segundo mal, un proyecto posiblemente echado a andar con sobornos multimillonarios a gobiernos peruanos. Más grave no habría.
Actualmente, el proyecto se encuentra con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y está en etapa
“Odebrecht tiene la concesión de Chadín II, Río Grande I y II, que no sabemos en qué circunstancias se han dado”.
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