El ministro del Ambiente respondió con acusaciones a las investigaciones del medio periodístico.
¿Se picó feo? El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sugirió que Convoca.pe, medio de investigación que trata temas ambientales, busca la desaparición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El martes 4 de agosto, en declaraciones a Radio Exitosa, Pulgar-Vidal dijo que la periodista Milagros Salazar "parece que le tiene una ojeriza al OEFA".
Al parecer, al ministro no le gustaron las últimas investigaciones de Convoca.pe. Sus últimas publicaciones son "Los S/. 30 millones que no cobró el Gobierno en multas mineras", "Las huellas del petróleo que intentaron esconder", "Estrategia corporativa: Cómo la minera más sancionada del Perú logró que OEFA archive una multa en medio de conflictos de interés" y "La tarifa plana de la gran minería". Todos estos posts cuestionan con datos la fiscalización ambiental en un país extractivista como el nuestro.
¿Cuál es el problema? Pulgar-Vidal cree que es algo personal o que Convoca.pe quiere desaparecer al OEFA. Salazar ha respondido a través de un post en la web del medio, el cual compartimos a continuación:
Ministro del Ambiente sugirió que Convoca busca la “desaparición de OEFA”, aquí nuestra respuesta
Por Milagros Salazar
Ayer martes 4 de agosto en la mañana, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal dio una entrevista al programa de Juan Carlos Tafur en Radio Exitosa. Y no solo habló de selfies, también se refirió a los reportajes de Convoca y a mi trabajo. Me recordó como “esta joven Milagros Salazar” que le “intentó atribuir” enIDL-Reporteros que “tenía alguna vinculación con Yanacocha” y que ahora “parece que le tiene una ojeriza a OEFA”, y peor aún, que Convoca “pareciera estar buscando (…) la desaparición” de este organismo regulador. ¿Conspiración?, ¿odio?, ¿mala fe?, ¿obsesión? Al ministro solo le faltó decir que se siente acosado por mí.
No ministro, no es nada personal. Mi trabajo periodístico consiste en investigar hechos de interés público y usted encabeza un sector que vengo cubriendo desde sus inicios porque desde hace diez años investigo el comportamiento de las industrias extractivas que ejercen una gran influencia económica y política en el país. Haga memoria cuando lo entrevistaba como experto de la sociedad civil, recuerde que lo llamaba para pedirle su opinión sobre estos temas y las responsabilidades de las autoridades de esos días. Recuerde. Y entenderá, que ahora que es ministro del Ambiente su trabajo y el de las instituciones que están a su cargo, deben ser vigilados con la misma rigurosidad y determinación. El trabajo de un periodista no cambia según el ministro de turno. Por eso vea aquí mi respuesta:
En enero de 2012, colaboré con IDL-Reporteros en una nota en la que dimos cuenta que Manuel Pulgar-Vidal recibió una oferta laboral de Yanacocha poco tiempo antes de ser ministro del Ambiente para ocupar una gerencia importante en esta minera, precisamente cuando el conflicto minero Conga estaba en una etapa crítica y ponía contra las cuerdas a la compañía. En el informe también dijimos que no se firmó el contrato pero sí hubo una negociación durante cuatro meses como lo aceptó el propio ministro en una entrevista con IDL-R. ¿Debía conocerse o no este hecho que tenía como protagonistas a la minera del caso Conga y al ministro que debía poner paños fríos en este conflicto en representación del Estado? En IDL-R concluimos que sí. Hubo críticas en las redes sociales de un sector que defendió al ministro y también el respaldo de un grupo de ciudadanos que agradeció la difusión del informe. En cualquier caso, ¿fue mentira lo que se publicó? No. Fue totalmente cierto.
Sobre mi trabajo en Convoca el ministro Pulgar-Vidal asegura que he publicado “cuatro reportes llenos de falsedades” sobre la fiscalización ambiental en el país y que el último informe “Los S/ 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras” de Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro sobre los efectos de la ley 30230, “es totalmente falso” y no tiene “ninguna base metodológica”.
Antes de las declaraciones del ministro Pulgar-Vidal, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no había desmentido ninguno de los reportajes de Convoca en sus comunicados ni lanzado calificativos. OEFA a lo mucho había llegado a hablar tímidamente de “precisiones” y optado por el silencio ante la réplica de Convoca que casi siempre venía cargada de nueva información. Pero ahora que el ministro del Ambiente tuvo el micrófono abierto en Radio Exitosa, OEFA publicó a las pocas horas un comunicado en la misma línea de Pulgar-Vidal bajo el título: “El Sector Ambiente responde en relación a inexactitudes de las notas periodísticas publicadas por Convoca” resaltando cinco puntos en los que sostiene que “la información errada” del medio digital que dirijo “es una práctica frecuente” y que hay un “sesgo contra el OEFA”.
Horas más tarde, el ministerio del Ambiente publicó el mismo comunicado en su página web. Interesante el manejo mediático del ministro Pulgar-Vidal: en la mañana sale en un radio a desmentirnos, después los funcionarios que tiene a su cargo publican el comunicado (y el propio presidente de OEFA, Hugo Gómez, se suma a la “ola” compartiéndolo en Facebook) y casi al final de la tarde se reproduce el texto en la website del Minam. Un 'tuit' de OEFA aquí, un 'retuit' del Minam allá. Todo un aparato estatal moviéndose para ocultar lo que es imposible de ocultar, ministro.
Convoca empezó a publicar desde marzo de este año la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre la fiscalización ambiental a las industrias extractivas en el Perú como resultado de un trabajo que venimos realizando desde hace un año. ¿Por qué? ¿Porque odiamos a OEFA y al ministro Pulgar-Vidal? Ensayar una respuesta de ese tipo es no tener la menor idea del trabajo que hacemos los periodistas de investigación, y que puedo resumir en lo siguiente:revelar hechos de interés público a partir del esfuerzo propio. Cualquier persona que tenga una noción básica de lo que sucede en el país, conoce que las ganancias millonarias, los principales ingresos por exportaciones y también el mayor número de conflictos sociales se generan alrededor de las industrias extractivas, y que por lo tanto, lo que sucede con estas actividades económicas tiene gran relevancia pública.
Solo doce empresas de la gran minería han generado cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014 por extraer lo minerales del territorio peruano, lo que superó en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. Y pese a ello, el Estado aún adolece de una fiscalización ambiental efectiva de este sector. La minería ilegal genera condenables y graves daños en suelos, ríos y bosques en un mundo de informalidad de pequeña y mediana escala, pero al mismo tiempo un grupo de empresas de la gran minería a las que supervisa OEFA lo hace valiéndose de las propias normas, de abogados y técnicos que van y vienen entre el sector público y privado (Ver Revelaciones a Tajo Abierto).
Debido a la polarización que genera el tema, decidimos hacer un esfuerzo investigativo: no solo entrevistar a los protagonistas de los hechos y acceder a documentos, sino construir una base de datos inédita a partir de información oficial y propia que nos permita conocer a profundidad y de manera sistémica el comportamiento ambiental de las industrias extractivas y cómo se desempeñan las autoridades responsables. No hemos recurrido a una sola fuente y tampoco lo hemos hecho en tiempo récord, optamos por el trabajo de largo aliento para confrontar todas las versiones y ser sólidos en nuestros hallazgos. Los “reportes llenos de falsedades” como asegura Pulgar-Vidal, se hicieron a partir de 120 solicitudes de información al Estado, más de 60 entrevistas, la revisión de más de 4 mil documentos de 40 mil páginas y la revisión de decenas de expedientes. En forma adicional, hemos construido con la ayuda de desarrolladores un mapa interactivo con los procesos sancionadores iniciados por OEFA para que los ciudadanos conozcan lo que pasa en sus territorios y puedan ejercer la vigilancia pública. Hemos hecho lo que debió hacer el Estado.
En todos los reportajes se incluye la versión de OEFA, incluso hemos postergado la publicación de nuestros informes hasta recibir la respuesta de este organismo estatal y cuando ha sido necesario, hemos buscado la versión del propio ministro del Ambiente (Ver El Círculo Minero de la Infracción). Pero Pulgar-Vidal asegura que buscamos otra cosa: “la desaparición de OEFA”. ¿Desaparición?, ¿así como sucedió con los papeles que se esfumaron de uno de los expedientes de Volcan, la empresa más infractora, y que permitió liberar a esta empresa de una multa millonaria por decisión del tribunal de OEFA? (Ver Estrategia corporativa) El ministro no recuerda eso y tampoco el reportaje que publicó Convoca para informar quiénes eran las empresas infractoras que demandaron a OEFA y al Minam para no pagar el Aporte por Regulación. Prefiere descalificar, ocultar y escudarse en una estrategia mediática.
Imagino que debió ser difícil para Pulgar-Vidal despertar el último domingo 2 de agosto con una portada y un reportaje de dos páginas en La República en el que se reproducía la investigación de Convoca sobre cómo se premió el incumplimiento ambiental de las empresas mineras con la ley 30230. Esta norma impulsada por el Ejecutivo, terminó siendo avalada por el ministro del Ambiente como parte de la “simplificación de procedimientos” para promover las inversiones. Y a un año de la aplicación de la norma, Convoca logró demostrar las consecuencias de esta decisión que se resume en lo siguiente: “el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares”.
El período del análisis oscila entre julio de 2014 y marzo de 2015 y significó la revisión de todas las resoluciones de sanción aprobadas bajo la ley 30230. Solo se incluyeron las multas firmes que los propios técnicos de OEFA consideraron como rangos mínimos y máximos en estas resoluciones basándose en la escala de multas y sanciones que rigen en el sector. Si a Pulgar-Vidal le incomoda que se haya titulado el reportaje tomando en cuenta el rango máximo que aparecen en los documentos oficiales, entonces puede elegir un titular con el monto mínimo que también señala la investigación: más de 20 millones de soles en multas congeladas y reducidas a favor de empresas mineras infractoras. ¿O acaso es posible multar a las empresas por debajo del monto mínimo?, ¿o los funcionarios de OEFA consignaron “falsedades” e “inexactitudes” en las resoluciones de sanción? Es OEFA versus OEFA.
Toda esta información aparece en el reportaje, pero ya que para el ministro lo publicado no fue suficiente, aquí explicamos el paso a paso del método para que, ojalá esta vez, lo entienda.
En su comunicado, el sector ambiente omite esta explicación y otros puntos centrales: que la versión de OEFA sobre las medidas correctivas que reemplazaron a las multas fue incluida en el reportaje, que un grupo de mineras también ha apelado estas medidas porque no quieren cumplir aunque les hayan suspendido las multas, que hasta marzo no se registró ninguna multa efectiva por reincidencia, que hasta el cierre del reportaje OEFA no impuso ninguna medida coercitiva, que varias de las multas congeladas y reducidas correspondían a infracciones muy graves cometidas hasta cuatro años atrás y que en esos términos no existe “corrección oportuna de la infracción” como señala el comunicado. Y no solo eso, la ley ha beneficiado con la reducción de una multa por más de un millón y medio de dólares a Doe Run, una empresa conocida por incumplir sus obligaciones ambientales y que incluso ha demandado al Estado peruano por 800 millones de dólares en un arbitraje internacional.
El sector Ambiente también intenta descalificar otra investigación de Convoca ahora que el ministro decidió salir al frente: “Las huellas del petróleo que intentaron esconder”, la cual reveló cómo las autoridades de tres gobiernos permitieron la prescripción de más de mil informes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos y electricidad benefiando a un grupo de empresas. En el comunicado señala que el 98% de los casos prescribieron bajo la responsabilidad de Osinergmin, como si Convoca hubiese dicho lo contario. Nada más falso. ¿Dónde está la mentira?, ¿qué es lo tendencioso?, ¿quizás no debimos decir que también prescribieron informes en los tiempos de OEFA?, ¿debimos ocultar que hubo más de treinta casos que este organismo regulador tuvo la obligación de evaluar y no lo hizo?, ¿quién manipula la información?, ¿quién debe explicaciones a los ciudadanos?
Desde hace varios meses, Convoca ha solicitado, de manera reiterada, entrevistas con el presidente de OEFA, Hugo Gómez. Ayer, también pedimos conversar con el ministro Pulgar-Vidal luego de escuchar sus declaraciones. Pero ninguno de los dos funcionarios ha accedido a responder sobre lo que no dicen sus comunicados y, por lo tanto, lo que aún no terminan de explicar al país. Vea usted ministro, no se trata de "ojeriza" ni de acoso. A estas alturas, usted debería reconocer que mi trabajo consiste en revelar hechos de interés público aunque, desde el puesto que ahora le toca desempeñar, le incomode.
(Foto de portada: El Heraldo / Marcos Rojas)
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