Representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) señalaron que se ha puesto en marcha una campaña que intenta desaparecerlas de la escena nacional. Esta maniobra, anotaron, va desde el desprestigio hasta la emisión de una normativa que condiciona la renovación de sus inscripciones para seguir operando.
"No es casualidad que siete organizaciones de la Red Muqui como CooperAcción, Grufides, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estén siendo supervisadas en este momento. Justo las que trabajan temas ambientales", expresó Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción.
En cuanto a los conflictos sociales que se están dando en el país, dijeron que estos no son generados por las ONGD sino por el propio Estado que no cumple con su rol como garante de los derechos de la población. Y que ante un problema social solo propicia un mecanismo de negociación, como ha ocurrido en el caso del proyecto Tía María.
Respecto a la resolución directoral ejecutiva 085-2015-DE emitida por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), exigieron la derogatoria de los dos condicionamientos establecidos para reinscribirse: ser supervisada por la APCI, y cumplir con las recomendaciones derivadas de la supervisión. Consideran que estos requisitos atentan contra el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar sus planes y programas de acción.
Actualmente las ONGD deben renovar su inscripción en APCI cada dos años, pero aclaran que no tienen obligación de hacerlo porque no reciben cooperación pública.
Recuerdan que existe un fallo del Tribunal Constitucional que indica que estas organizaciones no tienen que cumplir con este procedimiento.
CLAVES
-La mayoría de las ONGD no está en proceso de renovación de sus inscripciones.
-Sobre la fiscalización de las ONGD, Glatzer Tuesta, del Instituto de Defensa Legal (IDL), precisó que son inspeccionadas por APCI, la Sunat, los ministerios y por los gobiernos regionales.
Diario La República
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