Fiscalía impuso reparación civil de mil soles contra mineros ilegales

Autor: GRUFIDES

Miércoles, 09 de mayo de 2024

Defensores ambientales de El Chirimoyo y Cochas denunciaron en el año 2022 existencia de minería ilegal en sus zonas

Grufides, 15 de mayo de 2024-Tras las denuncias interpuestas por pobladores de los caseríos El Chirimoyo, distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos y Cochas, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, por actividades de minería ilegal, el Ministerio Público encontró responsabilidad en el ciudadano Oswaldo Víctor Guerrero Enríquez contra quien se impuso el pago de dos mil soles por concepto de reparación civil a favor de la Fiscalía y la Procuraduría especializada en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente.

En el marco de la Carpeta Fiscal 239-2022 y de varias denuncias hechas; luego de tomar las declaraciones de los pobladores afectados por dichas actividades ilícitas, La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) llevó a cabo las constantaciones fiscales durante los meses de abril y mayo del presente año, en las que se comprobó labores mineras que no cuentan con autorización de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), ni con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por lo que se ordenó el cese de las actividades ilegales que se venían registrando y se impuso sanción. El fiscal, indicó que continuará con sus labores y propuso montar operativos en coordinación con la PNP para seguir reduciendo las actividades de los mineros ilegales.

Cabe precisar que dichas actividades ilegales se realizan en diversas zonas aledañas a fuentes de agua como las quebradas Tambul, Hualanga y Choloque, las cuales desembocan en el río Cajamarquino, estos hechos fueron alertados desde hace varios meses por los pobladores, los mismos que exigen una mayor prevención por parte de las autoridades y medidas más severas contra los mineros ilegales y sus financistas. La minería ilegal es un delito que ocasiona daño efectivo y potencial al medio ambiente y representa no solo grave peligro para la salud pública, sino que atenta contra la vida de los protectores ambientales, por lo que se espera que las autoridades locales y regionales se pronuncien y  junto a los defensores ambientales establezcan un sistema eficiente de interdicción y sanción severa a fin de frenar el crecimiento de las ilícitas actividades en la provincia de San Marcos, Cajabamba y toda la región.