¿MISMA MIRADA EN ENERGÍA Y MINAS?

El nuevo Ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, ha estado ligado a Minera Milpo (adquirida por la brasileña Votorantim en el 2010) desde 1991 hasta el 2013.  También ha sido Gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Tiene, por tanto, conocimiento del sector minero.

En el 2017, las exportaciones mineras llegaron a US$ 27,159 millones, el 60.5% del total. A eso se le suma el petróleo y gas natural por US$ 3,358 millones, el 7.5%. Así, el 68% de las exportaciones peruanas están en el MEM.

Y hay varios proyectos mineros grandes en el tubo. Está Quellaveco, de Anglo American, que la empresa aún no decide iniciar. Recordemos que Martín Vizcarra, exgobernador de Moquegua, cumplió un rol clave para la licencia social en el 2012.

También está Michiquillay, en Cajamarca, que acaba de ganar Southern (Grupo México). Ha dicho su CEO, Oscar Gonzales Rocha, que “más le vale al gobierno acompañarnos en este proyecto porque si no pasará lo mismo que con Tía María” (El Comercio, 05/03). ¿Cómo es eso de que “más le vale”?

Dice también que esperan reanudar Tía María este año: “solo falta que el gobierno se decida y nos dé el permiso de construcción”. No piensan así los agricultores del Valle del Tambo. La licencia social es indispensable: la mayoría de los conflictos sociales viene de la minería y el medio ambiente.

El sector hidrocarburos es complicado. En el Congreso está “casi lista” una nueva Ley que reemplace a la de 1993. Pero no contempla un Plan Energético de mediano plazo que ordene las inversiones, con carácter vinculante, hacia el desarrollo sostenible, como se ha hecho en Chile para cumplir los compromisos de la COP 21.

También otorga excesivas facultades a Perupetro cuando, por ejemplo, plantea la ampliación de los contratos petroleros hasta 40 años, con prórroga por 20 años más (¿para cuando 100 años?). Además, plantea que las empresas cuyos contratos expiran en los próximos años puedan acogerse a esa prórroga. No es difícil saber a quién conviene. Así como está, la ley no debe pasar al pleno del Congreso (1).
El fortalecimiento de Petroperú exige la integración vertical: explotación, refinación, transporte y distribución de combustibles, lo que se logra con la autonomía y la no injerencia política. Lo primero es terminar Talara (tiene un avance del 70%), cuyas inversiones provienen de la empresa (no del Tesoro) y del financiamiento internacional y que van a ser reembolsados con “su” rentabilidad. Es falso que ese dinero pueda ser usado en otros proyectos.

Se debe potenciar el Oleoducto Nor Peruano para que no haya un solo derrame más de petróleo en la Amazonía –las antípodas de prohibir su funcionamiento-, lo que se logra con su modernización y evitando que manos ajenas destruyan el tubo. Y se debe concretar el próximo acceso al Lote 192, lo que fue autorizado por el Congreso. Está pendiente nombrar un nuevo Presidente de Petroperú, con perfil técnico y empresarial para continuar estas tareas y el Buen Gobierno Corporativo, destacando la gestión del renunciante Luis García Rosell.

Hay que relanzar el Gasoducto Sur Peruano (no solo le compete al MEM). Tarea difícil pues hay pleitos entre los exsocios y también pedidos de arbitraje de las empresas (Enagás, Odebrecht) contra el Estado (no hay acuerdo sobre la valorización de las inversiones). La cereza: la fiscalía acusa de corrupción al proyecto, lo que no ha sido demostrado. Veremos qué dice Barata en 30 días.

Está también pendiente la exportación del gas del Lote 56 (impulsada por lobby PPK durante Toledo) a precio vil debido al contrato firmado en el 2007 por Repsol y México, que obliga a vender el 70% del gas exportado al precio Henry Hub, el más bajo del mercado mundial.

El problema es la ausencia del Estado en la comercialización, lo que permitió, además, ventas “truchas” que fueron denunciadas al CIADI, donde ganó el Estado peruano. Del 2010 al 2017 se recaudaron US$ 1,246 millones de regalías de gas exportado según Perupetro, las que se hubieran por lo menos triplicado si la venta del 100% se hubiese realizado a precios de Japón o Europa. PPK prometió renegociar el contrato, pero nada, El Presidente Vizcarra sabe bien que el gas y la petroquímica deben llegar a Ilo y Mollendo. Veremos qué pasa.

Hay más temas que quedan para otro artículo, como la masificación del gas (para ello, el Estado debe recuperar la capacidad de decisión sobre el destino del gas) y la problemática del sector eléctrico y las tarifas.

El fondo del asunto es que no nos conviene depender en un 70% de los precios de las materias primas pues eso nos hace vulnerables y no permite un crecimiento adecuado, como sí lo hace la diversificación productiva. Los temas del MEM entonces no se resuelven todos dentro del MEM. Pero un buen enfoque para los roles de la minería y los hidrocarburos, claro que ayuda. Lo que no ayuda es mantener la misma mirada.

Fuente: La República