AMENAZAS CONTRA LOS HABITANTES DE SANTA CLARA DE UCHUNYA RESISTIENDO AL PROYECTO DE UNA EMPRESA DE ACEITE DE PALMA

Cajamarca, el miércoles 07 de febrero 2018.
Redactado por: Tom Younger para Forest People Programme

“Estamos dispuestos a matar”: las amenazas contra Santa Clara de Uchunya se intensifican tras una orden judicial expedida en contra de una empresa de aceite de palma

Los líderes de la comunidad Shipibo de Santa Clara de Uchunya, Perú, han reportado un aumento significativo en las amenazas violentas y la intimidación durante las semanas siguientes al mandato judicial en contra de la empresa de aceite de palma responsable por la apropiación y la deforestación de más de 7000 hectáreas de su territorio ancestral.

Carlos Hoyos Soria, jefe de Santa Clara de Uchunya, reportó dos incidentes separados ocurridos durante el mes de enero. En la noche del día 5 de enero de 2018, dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la comunidad, cuya casa se encuentra en la periferia del pueblo más cercano a las plantaciones en expansión. Interrogaron entonces a su nuera, que se encontraba sola en la casa, preguntándole si ella era un miembro de la comunidad. Preocupada por su seguridad, ella negó que lo fuera. Le mostraron entonces una escopeta y le dijeron que estaban buscando a los líderes y miembros de la comunidad porque “estamos dispuestos a matar”.

Posteriormente, en la noche del 20 de enero, varias figuras encapuchadas intentaron atacar la misma casa. Hoyos resumió la realidad que enfrentan las familias en Santa Clara de Uchunya como “amenazas de muerte, disparos directos a quemarropa y constante hostigamiento".

Estos incidentes se producen solo unas semanas después de que invasores de la tierra, que se cree están asociados con las operaciones del aceite de palma, dispararan a una delegación de la comunidad que se encontraba recopilando evidencia de la destrucción de los bosques comunitarios. Como resultado, un representante de la organización indígena local FECONAU, Edinson Mahua, se salvó por muy poco de recibir una herida muy grave. El señor Hoyos hizo un llamado a la acción por parte de las autoridades locales, pero estas siguen sin garantizar la seguridad de la comunidad, citando el hecho de que si bien los líderes comunitarios reportaron el incidente el día 11 de diciembre al fiscal del distrito de Campo Verde, todavía no han notificado a la policía en Nueva Requena.

El señor Hoyos denunció además la corrupción en el Gobierno Regional de Ucayali y las autoridades municipales en el Distrito de Nueva Requena, los cuales han apoyado la expansión de las plantaciones de palma aceitera en la región. Denunció además en particular la corrupción en la Dirección Regional de Agricultura, que en lugar de titular las tierras ancestrales de la comunidad ha seguido socavando públicamente la lucha de Santa Clara por el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales, y ha seguido emitiendo certificados de posesión a individuos particulares que según la comunidad se han instalado en la zona bajo el disfraz de cultivadores de arroz para poder participar en el tráfico de tierras.

El señor Hoyos comentó en un testimonio grabado: “Me da pena de ver que el pueblo cada día más viene siendo amenazado de muerte, amenazados por mucho tráfico de tierra, y de lo cual también venimos sufriendo hostigamientos, diarios y constantes, por la noche, por personas encapuchadas que realmente preocupan y causan terror y temor en la comunidad. Nosotros somos un pueblo pacifico, no queremos … ser víctimas de estas personas, que se llaman supuestos arroceros, hoy traficantes de tierras.”

Estas últimas amenazas se presentan semanas después de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Limaordenara la suspensión inmediata de todas las actividades de tala y deforestación por parte de la empresa de aceite de palma que opera en el territorio de Santa Clara de Uchunya, Plantaciones de Pucallpa SAC, conocida en la actualidad como Ocho Sur P SAC. Por un lado, la comunidad acoge con agrado esta decisión judicial, que reafirma una resolución del Ministerio de Agricultura de septiembre 2015, declarando que la empresa se había dedicado a la deforestación ilegal y ordenando la suspensión de sus operaciones. Sin embargo, el señor Hoyos expresó su preocupación de que el mandato judicial “no logró su objetivo”, ya que la empresa Ocho Sur P SAC sigue operando, y enviando fruto de palma de la plantación en camión para su procesamiento posterior.

En medio de este contexto de creciente agresión por parte de los traficantes de tierras y de la negligencia de las autoridades locales para reconocer y asegurar los derechos a la tierra de la comunidad, para dejar de fomentar sus tierras para las operaciones de agronegocios y colonos, así como para proporcionar una protección efectiva a los miembros de las comunidades y sus líderes, Hoyos reiteró el llamamiento de la comunidad a la intervención del Gobierno central y de las agencias internacionales de derechos humanos, luego de que se presentaran procedimientos formales de apelación ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en octubre y diciembre de 2017. Dichas intervenciones, dijo, son vitales para evitar más violencia hacia su comunidad y para ofrecer una solución pacífica a este problema que ha venido afectando a su pueblo y su territorio durante años.

Fuente: Forest People Programme