"Estamos a punto de ser sentenciados a 36 años de cárcel"

La situación jurídica de 16 dirigentes sociales que lideraron la oposición en contra del proyecto minero Conga se podría complicar, porque la fiscalía ha solicitado 36 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y ultraje contra los símbolos de la patria, a pesar de no acreditarse pruebas contundentes. Al respecto Noticias SER conversó con Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina.

¿Cuál es la situación del proceso judicial que se sigue contra 16 dirigentes y dirigentas que fueron denunciados a consecuencia de las protestas  contra el proyecto minero Conga?

Es un proceso que tiene varios años, que fue archivado en la etapa de investigación fiscal; pero fue reabierto a iniciativa de los propios agraviados que son los ex gobernadores de Celendín y Sorochuco. Lo que sucede es que ellos hicieron presión, valiéndose de su cargo, ante autoridades superiores para reabrir este caso y para presionar buscando el encarcelamiento de las personas que estamos acusados. Este proceso, en su etapa judicial, fue también truncado porque se aplazaron los tiempos por la huelga del Poder Judicial.

¿Qué se puede resaltar de la audiencia oral que se desarrolló el pasado 6 de marzo?

Efectivamente, recién este 6 de marzo hemos presentado nuestra declaración y hemos visto cómo han prestado sus declaraciones, en este caso, los ex gobernadores de Celendín y Sorochuco, así como un testigo, que es un policía que siempre ha trabajado en el distrito de Sorochuco y hemos visto cómo han entrado en contradicciones entre ellos, porque prestan versiones distintas y se ha pasado esta etapa. Y probablemente, la siguiente audiencia, que es el 14 de marzo se estaría dictando sentencia. Ahora, nos preocupa cómo viene actuando la justicia, porque no hay elementos suficientes de prueba para que haya pasado a esta etapa.

¿En base a que indicios la Fiscalía está solicitando 36 años de prisión para algunos dirigentes?

A nosotros nos imputan el secuestro de quien en el 2013 era gobernador de Sorochuco y Celendin, cuando se desarrollaba la reunión con las distintas autoridades de Sorochuco. Ellos se ubicaron en un ambiente pequeño de la municipalidad de Sorochuco y como había una participación masiva, decidieron trasladar la reunión a la plaza y según ellos, es en ese escenario donde los habríamos privado de su libertad, hecho que no se ha podido comprobar y quieren sentenciarnos a 36 años de cárcel por supuestamente haber ofendido a los símbolos patrios. Mientras vemos con preocupación que en los hechos ocurridos en el 2012 en Celendin donde se asesinaron a personas en las manifestaciones, aún no se determina responsabilidad en la policía, ni en el ejército y hace un par de meses se ha archivado. Y dice que no encuentran pruebas y nosotros estamos a punto de ser sentenciados a 36 años.

¿El estado está haciendo efectiva las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a varios dirigentes denunciados?

Yo soy beneficiario de esas medidas cautelares otorgadas en el 2014 para resguardar nuestras vidas, sin embargo nosotros nos sentimos igual de inseguros como antes de las medidas cautelares, porque el Estado no ha hecho nada durante estos años. Sobre estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay absolutamente nada.

Entonces, ¿no ha cesado la persecución penal arbitraria contra las lideresas y líderes beneficiarios?

No ha cesado. Yo tengo varios procesos que afrontar que suman unos 60 procesos judicial, no sólo por estos problemas del proyecto minero Conga, sino también en la parte baja con respecto a las centrales hidroeléctricas donde está metido Odebrecht y eso expresa toda una situación de corrupción.

¿Por qué se dice que en el proceso se ha afectado gravemente el derecho al debido proceso y a la defensa de los dirigentes?

Esto es por el caso de una compañera que no ha sido notificada debidamente. Ella no conocía del proceso en su etapa judicial oral, entonces no ha tenido la oportunidad de presentar pruebas y una legítima defensa. Consideramos que este hecho por el cual nos denunciaron era algo irrelevante, porque ya se había archivado, pero ha continuado su camino. Incluso lo que hemos podido ver que quien asesoraba a estos exgobernadores era un abogado de la empresa minera Yanacocha que antes de pasar a trabajar a la empresa habría sido fiscal en Celendín. El es quien nos ha denunciado. Entonces, nosotros claramente vemos indicios de poder perjudicar a quienes hemos venido liderando este proceso de defensa del agua en contra de Yanacocha y la defensa de las lagunas.

¿Considera que hay presión de algún sector en el proceso judicial?

Para que la justicia actúe de esta manera, yo creo que la minera Yanacocha está detrás de todo. Para nadie es un secreto que las mineras financian campañas electorales para que después utilizar todo el aparato estatal para sus negocios. No es ningún secreto en el país, el Estado ha sido capturado por el poder económico y utilizan todas sus instituciones para aprobar fácilmente estudios de impacto ambiental. En nuestro país Yanacocha no es la excepción porque está ejerciendo presión a los diversos niveles de gobierno para generar condiciones favorables para que su proyecto minero salga adelante. Y si los dirigentes no estamos haciendo frente a ese conflicto, el escenario será favorable para ellos.

¿Qué es lo que pediría?

Al gobierno y al Poder Judicial no le pido nada, porque no confiamos en él. Lo que pedimos a la población es que se mantenga alerta de lo que está ocurriendo en Cajamarca, en Celendín respecto al proyecto minero Conga, porque están tratando de generar condiciones para que el proyecto Conga salga adelante. La invocación es a estar alerta a lo que puede suceder.