El complejo caso Chaupe: ¿Existe solución?

Noticias SER. 1 de Marzo del 2017

Por: Mirtha Vásquez

Es la madrugada del 17 de febrero y la familia Chaupe- Acuña vuelve a llamar reportando un nuevo ingreso de Minera Yanacocha a su predio. Esta vez han entrado durante la noche, mientras la familia dormía, y aprovechando la oscuridad destruyeron -nuevamente- los cultivos de papa que llevaban varios meses de sembrados y que solo sirven para autoconsumo familiar. “Hoy, a las 5:30 de la mañana, Yanacocha se vio nuevamente en la obligación de ejercer pacíficamente una defensa posesoria en su propiedad, a 250 m de la casa que actualmente ocupa la familia Chaupe. La defensa consistió en remover un pequeño sembrío de papa…” informa Yanacocha en un comunicado de prensa que emite el mismo día, en el cual no solo acepta los hechos denunciados, sino que los califica de legales y pacíficos.

Es sintomático que esto sucediera solo tres días después de que la propia Ministra de Justicia llegara al lugar en conflicto, constatara la situación y expresara públicamente su preocupación por el inminente riesgo en que vive la familia. Una actitud poco política de la transnacional frente al Estado, o peor aún, puede leerse como una expresión de desprecio por la autoridad, aunque está claro que tampoco parece preocuparles mucho la evaluación que se haga sobre esto.

Pero volvamos a la génesis de este conflicto para analizar su escalada y el momento en el que se encuentra. Veamos: el problema inicia por la propiedad de un predio, Tragadero Grande, ubicado a 4000 metros de altura en Sorochuco, un distrito de Celendín- Cajamarca, el cual tanto Yanacocha como la familia Chaupe reclaman como suyo. Ambas partes tienen documentos que los respalda, y aunque se diga que unos títulos son públicos y otros privados, que unos son anteriores respecto a los otros, aunque subsista la discusión sobre la calidad de propiedad comunal del predio, lo cierto e innegable es que ambos actores tienen argumentos legales y legítimos para discutir su mejor derecho.

Entonces, este asunto que en concreto no pasaría de ser una disputa común como las miles que hay en este país por propiedades, y que fácilmente podría resolverse en el ámbito judicial ¿por qué se ha vuelto un conflicto tan emblemático y por qué que se percibe a estas alturas como un proceso que se aleja cada vez más de una solución?

Sí, seguro que el ser una lucha entre dos partes diametralmente diferentes, el liderazgo de una mujer campesina que asume en primera línea la defensa, la resistencia ante los evidentes y desproporcionales ataques, así como la directa ligazón de este asunto con la ejecución de un mega proyecto y la defensa del agua, han sido determinantes para volverla simbólica en todo el mundo. Sin embargo más allá del cariz que ha tomado, debemos volver a la pregunta sobre los factores determinantes que volvieron este asunto algo más que un litigio, una lucha irreconciliable, una visible contienda que ya casi no escatima en armas y que parece no encontrar salidas.

Las respuestas, sorprendentemente, empiezan a aparecer desde la propia empresa. Al parecer el agotamiento de recursos en esta lucha, con pobres resultados y contraproducentes efectos para la misma, obligó a la mayor accionista de Yanacocha, Newmont a implementar en el 2015 una misión que evaluara el desempeño de la empresa en el caso Chaupe, en el marco de los derechos humanos y los principios de Naciones Unidas. El resultado del llamado Informe RESOLVE, que ya es público, arroja conclusiones que podrían contestar a esta gran interrogante. A continuación tres asuntos fundamentales que se exponen en este documento:

El primero está relacionada con reconocer la legitimidad de los reclamos de los Chaupe: “Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña de Chaupe fueron registrados como Posesionarios luego de su compra de la propiedad a un miembro de la familia en 1994. Hay evidencia documental y testimonial para apoyar esta reclamación” (Pág.33)

El segundo identifica la génesis del conflicto, el pésimo diagnóstico y la responsabilidad del personal de la empressa: “La decisión de considerar y tratar a los Chaupe como invasores ilegales fue tomada por personal clave sin acceso a información crítica. El problema de que los representantes de la empresa tomen acciones decisivas sin tener acceso adecuado a la información es un problema que se extiende a la disputa por tierras, a las respuestas a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y al papel de la empresa en la intensificación de este conflicto” (Pág.41).

Finalmente una conclusión que determina el enfoque equivocado de la empresa para enfrentar este conflicto: “Al manejar este caso como una disputa de tierra, Minera Yanacocha no consideró activa ni sistemáticamente la manera en que los derechos humanos de la familia Chaupe estaban siendo afectados… ” (Pág. X) . “El avance hacia una solución en este caso se retrasa por una orientación legalista dominante, la falta de voluntad de reunir información sobre la causa raíz de la situación y una preferencia por el litigio por encima del diálogo” (Pág. 41)

Solo estos tres argumentos devienen en fundamentales para el conflicto, determinan la génesis del mismo y podrían encausar salidas si es que se hace una lectura autocrítica y responsable a partir de ellos.

Una postura en la empresa parece ser seguir ignorando estos diagnósticos, así como las responsabilidades, insistir en la política de la brutal imposición, de la falta de mínimos enfoques de respeto a los derechos de esta familia. Una segunda parece ser la intención de asumir nuevas estrategias como el diálogo, que no obstante no va a funcionar mientras subsista la primera o quiera coexistir con la misma. En medio de estas confundidas estrategias, sí, la familia sigue siendo la principal fuente de afectaciones, sin embargo tal vez la empresa no ha escatimado en que su reputación está tan erosionada que puede llegar a un punto irreversible.

¿Quién puede perder más en esto? La empresa tiene el poder de seguir perturbando a la familia, de someterla a mayores presiones, de ganarle los juicios, tal vez de quitarles el predio, pero honestamente algún actor social legitimaría cualquier triunfo de la empresa?

Si volvemos al diagnóstico, nadie más que la empresa tiene la capacidad de encontrar soluciones o salidas dignas para este grave suceso.