CIDH se pronuncia ante hechos de violencia y muerte en Pataz

Categoría: Creado el Jueves, 10 de Noviembre 2016 12:04

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamenta profundamente las muertes de Pedro Valle Sandoval y de una persona aún sin identificar, ocurridas en la madrugada de ayer, producto de la represión policial contra los comuneros de Alpamarca, en la provincia de Pataz (La Libertad), luego de que estos bloquearan la carretera de Chilcapampas que conduce a un campamento del Consorcio Minero Horizonte, en protesta por el derrame de relave que ha contaminado la laguna de Pias y por el incumplimiento por parte de la minera de acuerdos suscritos con la comunidad. Estos hechos se tornan especialmente preocupantes ante las denuncias de que la Policía habría actuado contratada por la minera, la misma que en el último año ha sido sancionada 8 veces por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por la contaminación de los ríos San Miguel y Parcoy. Por ello:

Exhortamos al Ministerio Público a investigar exhaustivamente lo sucedido a fin de determinar todas y cada una de las responsabilidades, de modo que el Poder Judicial establezca las sanciones respectivas.
Demandamos al Ministerio del Interior un pronunciamiento claro e inmediato sobre estos hechos, especialmente respecto a cualquier relación, acuerdo y/o contrato entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Consorcio Minero Horizonte, así como la publicación de toda la información pertinente.
Exigimos a la Presidencia del Consejo de Ministros apersonarse en la zona y tender los puentes necesarios para facilitar el diálogo democrático que de solución pacífica a este conflicto sin más incidentes de represión, uso abusivo de la fuerza, ni una muerte más.
Invocamos a las y los ciudadanos de Alpamarca a mantener la calma, les reiteramos nuestro pesar por las injustas y evitables muertes de las últimas horas, y los instamos a seguir confiando en el diálogo como mecanismo para la resolución de sus justas demandas.
Expresamos también nuestra profunda preocupación porque en menos de un mes han muerto cinco ciudadanos en un contexto de conflictos sociales y en una lógica represiva contra las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, que se complementa con un marco normativo funcional a la criminalización, como ocurre con el Decreto Legislativo 1245 publicado ayer domingo, el mismo que podría ser usado para responsabilizar a los pueblos indígenas amazónicos por los constantes derrames de petróleo que los vienen afectando.

Confiamos que el gobierno tomará las urgentes medidas correctivas para reenfocar su actuación frente a los conflictos socioambientales, priorizando el diálogo, transparentando los vínculos entre la PNP y las empresas extractivas en diversas partes del país, y trabajando para garantizar los derechos humanos de todas las personas, en especial de las poblaciones históricamente excluidas en nuestro país. Es su deber impostergable.

Lima, 7 de noviembre de 2016