LA DESAPARICIÓN DEL RÍO GRANDE SERÍA RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Por Milagros Salazar y publicada en IDL REPORTEROS 

Una negociación controversial pero asordinada entre la minera Yanacocha y un sector del gobierno se aproxima a una decisión. La empresa pide el permiso para ejecutar dos operaciones a tajo abierto cerca del río que es la principal fuente de agua para los habitantes de la ciudad de Cajamarca.

De ser permitidas, tales operaciones a gran escala permitirían a la compañía remover más de 85 millones de toneladas de mineral aurífero que luego serían procesados en las pozas de cianuro. La venta del oro producido podría representar unos 3 mil 500 millones de dólares [1].

Los proyectos están etiquetados en la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) como la “Segunda modificación del EIA Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste” y “Tercera Modificación Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este”.

Las nuevas operaciones generarían importantes utilidades para la empresa y, por ende, una interesante recaudación de impuestos para el Estado. Pero a la vez suponen un potencial peligro tóxico para los cajamarquinos, de acuerdo con informes técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del ministerio de Agricultura.

El peligro existe, según fuentes de la ANA, porque Yanacocha solicita que se le permita descargar sus efluentes a la sub-cuenca del río Grande, con un nivel de tratamiento que apenas hace aptas las aguas para el riego y el ganado.

Es que cerca del 70% del agua que se potabiliza para el consumo de Cajamarca depende del río Grande y uno de los puntos de captación de agua para abastecer a la ciudad se encuentra en la zona que Yanacocha plantea operar, según confirmó a IDL-Reporteros la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca (Sedacaj).

Tajo abierto

Ambos proyectos amplían otros dos previos que comenzaron en 1995, en el caso de Yanacocha Este-Carachugo, y en 2007, el de Yanacocha Oeste. Sin embargo, la ampliación supone abrir un nuevo tajo a cielo abierto y extender otros. Ello demandó a la compañía pedir los permisos para modificar el estudio de impacto ambiental vigente en la zona con el propósito de incluir las nuevas operaciones. Y así lo hizo.

Pero los técnicos de la Dirección de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) plantearon entre setiembre y diciembre de 2012, varias reservas y observaciones por los potenciales impactos negativos de los proyectos en las aguas del río Grande, principalmente el de Yanacocha Oeste.

Esta última actividad es la más ambiciosa. El proyecto, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, implica excavar un nuevo tajo llamado La Quinua Sur y ampliar otro tajo en una extensión de 1 millón 174 mil 200 metros cuadros (117.42 hectáreas) que equivale a 180 veces el tamaño del campo de juego del Estadio Nacional.

La empresa tiene proyectado extraer de esta operación, 81.72 millones de toneladas de mineral aurífero, lo que representa el 96% de la producción planificada para esta dos nuevas actividades.

La solicitud para modificar el estudio ambiental de esta operación fue presentada por Yanacocha al Ministerio de Energía y Minas en diciembre de 2011; y el de Carachugo en abril de 2012. Tres meses después, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros de ese ministerio, solicitó la opinión de la ANA al respecto.

En setiembre último, la ANA emitió 30 observaciones al proyecto Yanacocha Oeste, según su informe técnico N°049-2012-ANA-DGCRH/PAAE. La empresa no respondió satisfactoriamente a  más de la mitad de estas recomendaciones, diecisiete, como consta en el informe técnico N°062-2012-ANA-DGCRH/PAAE que elaboró la ANA en diciembre.

En ambos informes técnicos, la observación principal es que Yanacocha propone que los impactos en las aguas superficiales del río Grande, donde realizaría sus operaciones, sean monitoreados según el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de aguas que sirven para el riego o para ser tomadas por animales, pero no para los seres humanos.

“Las actividades propuestas se encuentran dentro de la cuenca del río Grande correspondiente a la parte de Mashcón (…) el curso se encuentra relacionado con la producción de agua potable destinada al abastecimiento de la ciudad de Cajamarca”, señala el informe de la ANA sobre Yanacocha Oeste.

Según la Resolución Jefatural N°202-2010-ANA, desde 2010 esas aguas deben tener el nivel de pureza establecido en la categoría 1-A2, para consumo poblacional, y ya no de clase 3, como lo permitía la antigua Ley General de Aguas, de fines de los 60 del siglo pasado.

Sucede que a partir de 2008 se aprobaron nuevos estándares de calidad ambiental para las aguas, debido a que los anteriores eran muy laxos.  Comparativamente, el nuevo estándar para medir la presencia de arsénico en las aguas tratadas que devuelven las minas al río, ahora es 95% más exigente que la antigua legislación. Para el cadmio, 94% más; para el mercurio y zinc 80% más estricto y el plomo 50%.

Según los informes de la ANA, los nuevos parámetros deben aplicarse de manera inmediata a partir de 2008, puesto que se tratan de nuevas actividades y debe evitarse cualquier daño a la población.

Entre papeles

¿Qué responde la empresa? De acuerdo a las respuestas enviadas a ANA, Yanacocha se ha centrado en la discusión legal antes que en calibrar y prever el posible impacto ambiental de sus operaciones. Resulta que en junio de 2011, el Ministerio del Ambiente aprobó un decreto supremo para que las empresas que desarrollaban actividades antes de que se fijaran los nuevos parámetros, presenten un plan de adecuación para construir nueva infraestructura y tecnología para tratar las aguas.

Para el caso de los límites máximos permisibles, el plazo máximo de adecuación era octubre de 2014 y para los ECA, diciembre de 2015. Con esa base, Yanacocha sostiene que tiene ese plazo para adecuarse a las nuevas exigencias y que mientras tanto puede tratar los efluentes de sus nuevas operaciones en su planta actual.

Pero los informes de la ANA persisten en señalar que la evaluación de los posibles daños generados por las nuevas actividades debe realizarse según la norma vigente para proteger a la población.

Sobre este punto, hay un documento que llama la atención. En la página 44 del resumen ejecutivo del plan de implementación de los nuevos estándares, la empresa propone un cronograma de adecuación hasta el 2018. Es decir, cuando las nuevas operaciones de Yanacocha Oeste y Carachugo, hayan concluido y el Estado no pueda exigir ningún estándar ambiental actual. El tiempo de operación del tajo del primer proyecto es por cinco años y, el segundo, por un año.

“El plazo establecido para el cumplimiento de los ECA Agua que concluye el 2015, es insuficiente para llevar a cabo los procesos de planeamiento, diseño, desarrollo de la ingeniería de detalle, procesos de contratación, pruebas y las puesta en marcha”, dice el documento presentado por Yanacocha al Minem el 3 de setiembre de 2012 y elaborado por la consultora Ausenco Vector.

(Ver  resumen ejecutivo del plan  de adecuación ambiental de Yanacocha).

IDL-Reporteros se comunicó con el Gerente de Comunicaciones de Yanacocha en Cajamarca, Valentín Ahón, para conocer la versión de la empresa. Pero éste respondió por correo que “en este momento no consideramos conveniente otorgar una entrevista respecto a un tema que aún no ha sido resuelto”.

IDL-R insistió, y logró comunicarse telefónicamente con el representante legal de Yanacocha, Luis Miguel Pigati, que evitó responder de manera directa sobre estos puntos controversiales. Por el contrario, señaló que aún “no hay nada oficial de ANA” y que el caso “continúa en evaluación técnica”. Además, aseguró que el plan hacia 2018 es “una alternativa B”, aunque en el documento queda claro que se trata de la apuesta de la compañía.

Las observaciones de la ANA fueron enviadas en diciembre por su principal directivo, Hugo Jara, al viceministro de Minas, Guillermo Shinno. Los documentos estuvieron acompañados por oficios en los que Jara advierte que la “ANA no puede emitir opinión favorable al citado estudio ambiental” porque la empresa no ha logrado responder satisfactoriamente a todas las recomendaciones.

Desde el punto de vista legal, el Ministerio de Energía y Minas no puede emitir ningún permiso a Yanacocha si es que antes no cuenta con la aprobación de la ANA. Es por esta razón que las llamadas y visitas de los representantes de Yanacocha, a las instalaciones de la ANA, en San Isidro, y el Minem, en San Borja, han sido más frecuentes. El gerente de Permisos Ambientales de Yanacocha, Julio Bonelli, es uno de los más diligentes.

Bonelli sabe muy bien cómo funciona el Estado por dentro. Antes de cruzar al otro lado del mostrador fue director de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hace pocos días, se reunió con el  jefe de la ANA y con Betty Chung, directora de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos, oficina que emitió las observaciones a Yanacocha.

Fuentes informadas sobre estos diálogos indicaron que la empresa se comprometió a resolver la mayoría de las observaciones pero aún no acepta respetar los parámetros ambientales vigentes desde el inicio de las operaciones en el río Grande.

De acuerdo con las fuentes, Yanacocha indicó que prefiere un análisis legal y que lo tratará con los abogados de las direcciones involucradas.

El 16 de enero, un Power Point impreso que sustenta la posición de Yanacocha fue enviado a la abogada Katherine Paredes que trabaja en el área de Chung, a través del secretario general de la ANA, Francisco Dumler.

Según esta presentación, los dos expedientes observados por la ANA son los que generan“mayor impacto en la producción” de Yanacocha.

Betty Chung, una química de carrera que trabaja atiborrada de expedientes, señaló a IDL-Reporteros que el deber de los técnicos es proteger las fuentes de agua por más que acusen a su institución de congelar las inversiones privadas.

Chung señaló que las empresas sabían desde 2008 de la vigencia de los nuevos estándares ambientales y que debieron haber actuado para adecuarse a tiempo.  Recalcó que los pedidos de ampliación de Yanacocha son actividades nuevas, sujetas a los estándares actuales.

Los técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente consultados por IDL-R, se pronunciaron en la misma línea.

¿Y qué dice el Ministerio de Energía y Minas? El médico Manuel Castro Baca, director general de asuntos ambientales mineros, evitó responder. Sólo señaló que el caso ya había sido aclarado con la ANA en una reciente reunión. La abogada del área, Maritza León, manifestó telefónicamente a IDL-R que luego que la ANA concluya su labor, el Minem tomará una decisión que “no afecte el ECA para proteger las aguas”.

Uno de los capítulos más recientes tuvo lugar en la tarde del martes 22 de enero, en una reunión que comenzó en un clima tenso. Ahí, los representantes de la empresa se comprometieron en enviar en una semana, las respuestas de Yanacocha a las 17 observaciones pendientes de la ANA, referidas a proteger las aguas en la zona del proyecto de Yanacocha Oeste.

El desenlace se dará en los próximos días, pero ya no en silencio.