Simón Bolívar: la comunidad indígena de Perú que bebe plomo

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En Simón Bolívar, un distrito de la sierra peruana, los pobladores han aprendido a vivir con los desechos de la minería. El plomo, sobre todo, es un compañero invisible al que le temen. Ahí mismo, en la localidad de Quiulacocha se lee en los carteles: "Previene un embarazo sin plomo" y "Cómo saber si tu hijo tiene plomo".

El centro médico es modesto, demasiado. Hay un doctor de medicina general, una enfermera y una obstetra. Ninguno con la suficiente preparación para afrontar casos de intoxicación por metales. La enfermera contesta con naturalidad que anualmente ahí se hacen decenas de análisis para medir la cantidad de metales que tienen los niños en la sangre.

Los casos graves se trasladan al Hospital Regional. La gente tiene plomo en la sangre y, según un estudio realizado por la ONG Labor, también hay otros metales en su organismo como cadmio y arsénico.

— ¿Cuáles son los síntomas?

— Dolores de cabeza. A algunos les sangra la nariz. Pero no una vez. Les sangra a diario.

Ese es el caso de la pequeña Nadin de dos años. Su madre, Miguelina, señala que su hija no come, que tiene mucho sueño y constantes dolores de cabeza. En el examen médico que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Ambiente (CENSOPAS) le tomó a la pequeña, ella aparece con 26.39 ug/dl de plomo en la sangre, más del doble de lo permitido por las normas ambientales.

Quiulacocha es un poblado pequeñito del distrito Simón Bolívar, que está al borde de una relavera (conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros) que contiene cobre, zinc, arsénico, cadmio, entre otros metales. El agua en Quiulacocha está tan contaminada que a las familias se les reparte cloro en botellitas para purificarla.

La relavera, de 115 hectáreas, parece una laguna: es un remanso de agua que está al lado del camino. El agua es roja y adquiere tonalidades violetas. No hay mallas que separan a la población de esta agua tóxica. Simplemente está ahí, abandonada. Contaminando la tierra, el agua y el aire.

Los niños juegan en los bordes de montañas y tierras que están contaminadas. (Imagen por Gloria Alvitres/Distintas Latitudes)

Según el ingeniero Antonio Arango, lo estipulado en las normas técnicas señala que las relaveras deben tener un sistema de protección y monitoreo constante para evitar la evaporación de los contaminantes y la precipitación de lluvias ácidas. Pero a Quiulacocha nadie le presta atención. Los desechos se filtran y contaminan el agua: la de la superficie y la subterránea. Tan cerca está de la población que cuando llueve, la relavera crece hasta la avenida.

En 2012, el gobierno peruano reconoció la gravedad del asunto, al punto que en la Resolución Ministerial N° 117-2012- MINAM, emitida por el Ministerio del Ambiente, se declaró en estado de emergencia a todo el distrito de Simón Bolívar. En el documento se acordaron realizar 32 acciones como parte de un Plan de Acción Rápida, que empezaría en 90 días: se neutralizarían las aguas ácidas de la relavera, se crearía una clínica especial para tratar a personas afectadas y se capacitaría en temas relacionados a intoxicación a los médicos locales. Pero pasaron tres años y no hubo mayores avances. La clínica de desintoxicación prometida por el gobierno ni siquiera tiene un presupuesto asignado.

Pero eso no es todo. Además de la laguna roja, está la montaña Excélsior, el otro dolor de cabeza de Simón Bolívar.

La montaña tóxica

Excélsior simula ser una montaña, finge bien su papel, pero nada crecería sobre esa tierra. Esta muerta. Se trata de un depósito de desechos mineros y es tan grande como un cerro natural.

Ese depósito tiene 59 años y alberga 50 millones de toneladas de minerales extraídos de la "Raúl Rojas", la mina a cielo abierto que rodea la provincia peruana de Cerro de Pasco. Los desechos de la mina están considerados altamente peligrosos porque contienen pirita, que se se emplea en la fabricación del ácido sulfúrico.

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Sin embargo, Excelsior está tan cerca a los pobladores que los niños juegan en las faldas de la montaña. Corren por sus bordes, cogen las piedras azules y se las guardan en el bolsillo.

Los millones de desechos pertenecen a la empresa peruana Volcán, que ha sido multada reiteradas veces por el Organismo de Evaluacion y Fiscalización Ambiental u OEFA, como mostró una investigación del medio digital Convoca en el 2015.

'Dolores de cabeza. A algunos les sangra la nariz. Pero no una vez. Les sangra a diario'.

Las multas, correspondientes a 60 procesos por incumplimiento de herramientas ambientales, ascienden a más de 5 millones de dólares. Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad, la empresa ha optado por truncar los procesos legales para no pagar sus multas, ni remediar la contaminación ambiental que hace insostenible la vida en Simón Bolívar.

La marcha del sacrificio

Ante los problemas de salud y las solicitudes sin respuesta, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar decidió tomar acciones. Desde inicios de 2012 empezó a gestionar la declaración de emergencia de su distrito ante el Ministerio del Ambiente. Lo consiguieron, pero no pasó nada.

El 26 de agosto de 2015, el Viceministro de Salud, Percy Minaya León, visitó Cerro de Pascopara conversar con las autoridades de Simón Bolívar. Tras varios acuerdos sobre la mesa, el Viceministro mencionó un detalle: no había suficiente presupuesto.

No había presupuesto para atender a los 2.000 niños que excedían los límites de plomo en la sangre, según evaluaciones del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Ambiente (CENSOPAS). Tampoco había dinero para la clínica que años atrás se había prometido. Durante la reunión, que fue cubierta por medios locales, las autoridades de Simón Bolívar quedaron incómodas. "Esto es lo último que escuchamos", dijeron.

Los daños a la salud de los habitantes de Simón Bolívar podrían conocerse años después de su lucha por una vida sana. (Imagen por Gloria Alvitres/Distintas Latitudes)

Días después, 58 personas salieron en una marcha de sacrificio de más de 300 kilómetros, en medio del clima de sierra en el Perú que puede llegar a los 10 grados bajo cero, y más de 15 días de caminata para llegar a Lima.

La marcha implicó además enfrentamientos con la policía, que seguía de cerca el recorrido. Pero los cerreños no se amilanaron. Continuaron su caminata.

En Lima, una comitiva los recibió con cantos.

A los pocos días, otros cincuenta pobladores entre padres, niños y autoridades viajaron hasta Lima para apoyar la manifestación. "Si las cartas no funcionan, nos tendrán acampando en Lima hasta que nos escuchen" declaró el Teniente Alcalde de Simón Bolívar, Hugo Rojas Rivera.

Un comité fue recibido en el Congreso en medio de aplausos. El alcalde de Simón Bolívar Zumel Trujillo confiesa que sintieron que habían triunfado un poco. Por primera vez se reconocía plenamente su lucha y la gravedad de la situación.

Al final, el gobierno aprobó a regañadientes 60% de los pedidos de los manifestantes.

Que se quede la mina

Contra lo que pudiera suponerse, la lucha principal de los pobladores de Simón Bolívar no es contra la minería. Dependen tanto de ella que no quieren mudarse, ni tampoco que cierre la mina.

"Cómo vamos a ser antimineros, señorita, si se va la mina no tenemos trabajo", dice el Presidente del Centro Poblado de Champamarca, que pertenece a Simón Bolívar, Constantino Aranda Álvarez.

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Minería, y sólo eso, porque en Cerro de Pasco no crece nada. En la capital de la provincia, sólo hay 4 hectáreas cultivables. La minería mató la agricultura y la ganadería. A cambio, dejó hoteles de lujo, comercio y campamentos mineros, cemento y calaminas.

"Merecemos tener una vida digna", afirma Constantino, y alza la voz. Hace tres años se construyó un colegio a solo 10 metros de la montaña de desmontes minera. Eso tiene que cambiar, dice. En su Centro Poblado están dispuestos a seguir luchando para no vivir en medio de desechos mineros.

'Cómo vamos a ser antimineros, señorita, si se va la mina no tenemos trabajo'.

Tras la marcha a la capital, los pobladores de Simón Bolívar lograron que se colocaran plazos para ejecutar las acciones de descontaminación de su distrito. El acta de acuerdo indica que a partir de 2016 se aplicarán las medidas.

Y mientras el año avanza, los comuneros esperan y vigilan el cumplimiento. Si no, prometen otro levantamiento.

*La autora de este texto Gloria Alvitres es parte de Distintas Latitudes, que es una red, una agencia y una apuesta por crear un espacio independiente para narrar y explicar América Latina, desde América Latina, sin modelos o recetas impuestos desde otras regiones del mundo. En español. Desde el terreno. Sus trabajos periodísticos pueden leerse en www.distintaslatitudes.net.

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