Publicado por Noticias Ser
El accionista mayoritario de Minera Yanacocha, la estadounidense Newmont, aseguró recientemente el cambia de la condición del oro presente en los yacimientos del Proyecto Conga desde 'reservas' a 'material mineralizado'. En ese sentido, la empresa canceló el proyecto de US$5,000 millones por su falta de viabilidad económica y social. Noticias SER conversó con Sergio Sánchez Ibáñez, especialista en temas ambientales y gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca sobre el tema.
¿Qué piensa del anunció de la compañía Newmont y las declaraciones de Roque Benavides sobre el proyecto Conga?
No es tan cierto, porque en el tema administrativo ellos siguen avanzando. Además, siguen contratando gente para que hagan labores, pero no se entiende mucho lo que están haciendo, pero no porque ellos dicen eso nosotros bajaremos la guardia en el aspecto técnico. Dicen que no es viable desde su punto de vista, para nosotros nunca fue viable, ni social, ni ambientalmente. Nosotros hemos sustentado a través de observaciones a la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental que no es viable. No quieren que la gente se entere que han manipulado resultados para obtener un resultado beneficioso a favor de ellos en relación a las evaluaciones que hace de suelo y agua, porque es lo que han hecho, manipular los resultados. Entonces, es un tema que nosotros estamos esperando que el Consejo de Minería se pronuncie. Es imposible que el Consejo de Minería de luz verde a un estudio de Impacto Ambiental que no es viable por la manipulación de datos para que maximicen sus ganancias.
¿Considera usted que la empresa ya asumió que hay un rechazo fuerte de la población hacia el proyecto Conga?
La empresa no ha querido darse cuenta de ello. Ellos no han tenido licencia social, ni ambiental.
¿Qué otros factores creen que han sido decisivos para que tomen dicha postura?
Creo que un factor es por la caída del precio de los minerales. Básicamente es un no por el momento o por conveniencia, pero es algo relativo. Otro factor son las elecciones en la región. Cajamarca muestra una tendencia de oposición a la minería. La mayoría de la población ha marcado su posición en defensa de los recursos naturales y cabeceras de cuenca, un elemento constante en la región.
Siendo así, ¿cómo ve las perspectivas de Yanacocha en Cajamarca?
Dicen que están trabajando a perdida y le echan la culpa de todo a un proyecto que ni ha comenzado. Aquí en Cajamarca tienen 5 ampliaciones que significan 5 proyectos nuevos: Cerro Negro, Carachugo, Chaquicocha y otros, aparte de la operación Yanacocha. Estos están en proceso que no se mencionan nunca pero que significan ingresos de una actividad permanente de la empresa. Entonces Yanacocha no está trabajando a perdida. Ellos deben hacer una evaluación bien consensuada en el tema de cuanto están generando, gastando e invirtiendo en Cajamarca.
Y cómo ve la ejecución del resto de proyectos mineros vecinos a Conga como el Galeno de Lumina Cooper o Michiquillay que tampoco están en ejecución ¿Puede haber también una oposición social a estos proyectos?
En el caso de esos proyectos no se ha escuchado mucho. En el caso de Michiquillay está en el proceso de otorgar la pro o licitación a otra empresa. No se fue por un tema de oposición, si no administrativo. En el caso de Galeno, no hemos encontrado mucha oposición de la gente, salvo en la zonas cercanas en los límites con las laguna Alforjacocha que son un sistema de lagunas que dan agua a diversos lugares de Sorochuco. Todos han reducido las operaciones en la medida en que los minerales han bajado su precio.
Entonces, ¿cuáles serían los desafíos del sector minero de cara al próximo gobierno nacional?
Es un desafío normativo. El reto está en sincerar la normatividad que no sea tan beneficiosa para el sector privado, hacerla más rígida, fiscalizar y hacerla más fuerte en el caso de las vallas que tenga que pasar el sector minero. Creo que ahí la minería va a tener una cara distinta vista desde las comunidades y vista también desde el gobierno regional, cuestionamos bastante la normativa y el accionar de las empresas. La actividad minera es una actividad importante, pero no es la única. Por otro lado, el conjunto de normas con los que nos han apabullado los últimos dos años, son la piedra angular de los conflictos sociales y que puedan suceder en la medida en que la gente vaya conociendo más sobre el tema. Para las empresas son un beneficio en la medida que aceleran la economía, promueven la inversión, pero las comunidades son las grandes afectadas. Entonces, se necesita pasar por una revisión seria de las normas, porque se han dado un bloque de normas, lo que no significa realmene un beneficio equilibrado para todos los sectores.
A pesar de que los dos candidatos presidenciales Keiko Fujimori y PPK han dicho que el proyecto Conga solo se ejecutará con la licencia social ¿Cómo cree que será el accionar del próximo gobierno frente a ello?
Keiko y PPK tiene la misma política y sus planes de gobierno son casi idénticos, lo que los diferencia es su forma de hacer política. Va a ser un reto duro porque Cajamarca es la región que tiene las cosas más claras en cuanto a las actividades que quieren desarrollar en su territorio. Del planteamiento que hagan los dos candidatos va a depender mucho del apoyo o el rechazo del tema. Tienen que ser trasparentes sobre ello, si no puede suceder lo que sucedió con Ollanta Humala. Sin embargo, ambos candidatos son extractivistas y van apostar por ese modelo.
Y sobre los congresistas electos por Cajamarca ¿Cuáles serían las prioridades sobre el tema?
Uno de los pedidos de la población es la revisión de la ley Nº30230 y la revisión de los temas relacionados a la venta, compra alquiler o de tierras por parte de las empresas a las comunidades, parece risible que dentro de esa norma están incluidos los temas de anciones por contaminación o abusos. Esto se lo comunico a los congresistas para que este tema se discuta en una comisión especial, si no el tema extractivo en Cajamarca y en el país no va a avanzar en la medida en que la gente vea una desigualdad y una desproporción sobre beneficio que obtengan las comunidades y el perjuicio en cuanto al ambiente, la agricultura y ganadería.
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