Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Social espera debate y aprobación en Comisión de Pueblos del Congreso

Desde que fue ingresado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecologías, en noviembre del 2014, el proyecto de Ley N° 3937 “Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental”, sigue esperando su debate y aprobación para que pueda pasar al pleno del Congreso.

Este proyecto de normativa ha tenido un proceso de elaboración de dos años (2013 y 2014), en conjunto con las federaciones de comunidades campesinas e indígenas, además de haber sido diseñado y discutido con especialistas legales y técnicos, incluso con los ministerios involucrados, entre enero y abril 2015.

Pese a que en los dos últimos años los representantes de comunidades campesinas e indígenas han sido invitados a debatir y explicar la importancia del mismo, los integrantes de la comisión de Pueblos no terminan de probar esta iniciativa que podría evitar la proliferación de más conflictos socioambientales, así como ayudar a la gestión ambiental del Estado.

En reunión de trabajo, los asesores de los congresistas que componen este grupo de trabajo recibieron a algunos líderes indígenas, así como a representantes de la sociedad civil entre los que destacaron la RED MUQUI, y sus miembros, Red Uniendo Manos Perú y la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS).

Qué se propone

EL proyecto promovido por la congresista Verónika Mendoza, propone que las Organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental y social (OVMAS) formen parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sin dejar de mantener su autonomía, tanto de las empresas extractivas, como del Estado.

De igual modo, se propone que los reportes de las OVMAS sean incorporados al Sistema Nacional de Información Ambiental, y de esta manera sirvan de insumo para la línea de base de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier evaluación o programa de gestión ambiental. Así las OVMAS ayudarán a la evaluación y supervisión ambiental de las empresas, así como a la fiscalización.

Otro aporte es el carácter preventivo del proyecto debido a las alerta sobre áreas críticas, es decir, áreas donde no se puede vivir debido a la contaminación. Las otras áreas son las de sobrevivencia, espacios mínimos que una población necesita para subsistir sin que se les impongan actividades extractivas.

A largo plazo, esta iniciativa de ley busca llevar formar una red nacional de articulación y de protección y conservación del territorio y del ambiente. De extenderse el trabajo de los monitores se puede tener una visión integral nacional frente a lo que hace la OEFA.

Opiniones favorables desde el Estado

El asesor de la congresista Verónika Mendoza, Juan Aste, comentó que, en general el proyecto ha tenido buena acogida en la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) y que, en el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se sacó un reglamento en el que se incluye la participación de los ciudadanos de las comunidades, en caso ellos dirijan o procesen evaluaciones o monitoreos ambientales. Es decir, que el proceso obligo a que el OEFA emitiera su propio reglamento.

Campesinos monitores en La Libertad

A su turno, Walter Pereda, director de la  Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) consideró que los reportes de las OVMAS pueden completar y aportar a la labor que realizan los organismos de gestión ambiental del Estado, y sobre todo, reforzar la participación ciudadana.

“Se deben reconocer a las organizaciones de vigilancia, y de manera autónoma, estas pueden ir completando y aportando las acciones del Sistema de Evaluación y Fiscalización, al igual que al Sistema de Información Ambiental. Al tomar en cuenta, y de manera obligatoria, los reportes de las OVMAS, se pueden evaluar y elaborar instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento territorial”, indicó.

Pereda agregó que en sus 27 años de trabajo pastoral rural, pueden concluir que las OVMAS están listas para incluso proponer áreas de emergencia ambiental, así como áreas críticas cuando la contaminación afecte la salud de las personas.

De igual modo, el directivo de AMAS resaltó la disposición para aprender la medición de la calidad del agua, que tienen los campesinos de las cuencas de los ríos Chicama, Perejil, Caballo Moro y Chuyugual, (que abarcan tres provincias de La Libertad). Reconoció estos conocimientos son fácilmente incorporados en las comunidades.

“Tenemos 11 años de experiencia en trabajo de campo con el análisis del agua. En ese tiempo desarrollamos talleres informativos para que la población aprenda a actuar en el monitoreo de la calidad del agua. De igual modo tenemos un taller donde, hasta ahora, formamos monitores de agua donde aprenden a manipular los equipos de monitoreo in situ, y también a cómo contabilizar macro invertebrados para determinar si su agua es limpia o no”, comentó.

Durante su intervención en la comisión de Pueblos del Congreso, Walter Pereda presentó el informe “Monitoreo Independiente de la calidad del agua 2014 en zonas de impacto de la gran minería en La Libertad”.

Los resultados de 11 años de estudio que muestran evidencias del deterioro de los ecosistemas de las cuencas de los ríos Perejil, Caballo Moro y Chuyugual, a raíz de la actividad minera de la empresa Barrick que viene desde el 2005, y la aplicación de la Ley N° 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país).

“Los campesinos del lugar no confían en la actividad minera. A nosotros se nos ha acercado diversos dirigentes de rondas campesinas ante las actividades mineras de la empresa Barrick, algo que los mantiene en alerta debido a la mala experiencia que tienen con las mineras, que desde hace 100 años han contaminado el río Moche”, puntualizó.

Generar confianza con la población

En otro momento de la sesión, el director de la Red Uniendo Manos Perú, Conrado Olivera, señaló que es necesario que el Estado acepte realizar monitoreos ambientales participativos para iniciar un proceso de confianza y transparencia.

“Necesitamos la obligatoriedad de que el Estado nos garantice un ambiente sano. Lamentablemente, los monitoreos (ambientales) que realiza el Estado no son creíbles ante la población porque las mismas están siendo afectadas y tienen evidencias de ello, entonces se requiere de una articulación de las comunidades, el Estado y las personas que viven allí para realizar un monitoreo participativo, sino no vamos a llegar a nada”, recomendó.

Olivera acotó que por medio de la articulación y la confianza, se concerta una mejor propuesta de gobernanza y gestión ambiental. También instó a la comisión, a que se acelere la aprobación de este proyecto de ley.

Estado monitorea con permiso de empresas

En otra parte de la sesión ordinaria de la comisión de Pueblos del Congreso, también participaron algunos líderes de comunidades indígenas en cuyas comunidades se ha llevado a cabo la experiencia de las OVMAS. Aquilio Marcelo, Jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU, cuestionó como es que las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Estado dependen mucho de lo que las empresas permiten en la zona.

“Este proyecto debería reconocer a todos los programas de monitoreo. Queremos que estos sean independientes, porque la responsabilidad que tiene el Estado sobre los programas de monitoreo no se cumplen en algunas cuencas. Y esto es porque algunos monitoreos son financiados por empresas petroleras”, cuestionó el dirigente indígena.

Marcelo mencionó que en el Urubamba se cuenta con seis programas de monitoreo, algunos desde COMARU, unos independientes y otras en convenio con algunas empresas que operan en la zona, sin embargo, aseguró que todas estas organizaciones sociales han mantenido una posición de denuncia.

El jefe de la COMARU coincidió en que es necesario articular la vigilancia y no solo dejárselo al movimiento indígena. Además insistió en colocar sanciones y fortalecer al OEFA, como a otros organismos que evidencian una falta de recursos al no realizar los monitoreos ambientales donde se requiere.

“El Estado que asegure la sostenibilidad económica de todos los ministerios que van a las cuencas, porque yo he visto que cuando viene el MINAGRI o la OEFA para hacer evaluación y monitoreo, esos tienen que ser pagado por la empresa. Faltan mayores fondos, se andan creando ministerios y organismos que nunca ejecutan trabajos en campo”, denunció.

Cuestión de Derechos Humanos

Para, Ruth Buendia, dirigente de la Central Asháninka del río Ene, incorporar una ley de monitoreo y vigilancia ambiental social, no solo implicaría reducir los impacto en el ambiente y en la cultura indígena, sino también en los derechos humanos.

“Nosotros queremos que este proyecto de ley se debata y luego se apruebe. Es una oportunidad para nosotros como pueblos indígenas. Los encargados del sector público no fiscalizan y los especialistas no llegan porque no conocen, este proyecto permite la participación de las poblaciones indígenas. Nosotros conocemos cómo estamos afectados, además de nuestros campos”, exhortó.