No hubo menciones sobre conflictos sociales, pero en Islay sí se pronunciaron

Ciudadanos de Islay salieron a las calles para protestar, luego de un mensaje con grandes vacíos,

Diversos sectores de la población lamentaron que el presidente Ollanta Humala no tocara en su último mensaje al país temas de impacto social, como los conflictos socioambientales, la corrupción y los derechos humanos.

Por ejemplo, no se abordó qué hará el Estado, en lo que le corresponde, para que se resuelva la controversia entre Southern Perú y los pobladores de Islay, esto pese a que la información que dio en cuanto a logros en políticas de Salud, Educación y Programas Sociales ha sido posible con fondos que provienen de la inversión, hoy debilitada por los conflictos sociales.

Pero los pobladores de la zona sí se manifestaron en en una marcha en La Curva, distrito de Deán Valdivia, con banderas verde fosforescente con el lema “Agro sí, mina no”.

En cuanto a Derechos Humanos, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, consideró preocupante que el presidente omitiera una agenda cargada de juicios, reparaciones, plan nacional sobre desaparecidos, unión civil, y esterilizaciones, que fue el tema con el que Humala se enfrentó a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011, y que retoma vigencia ahora que Amnistía Internacional solicitó al mandatario la implementación de un registro único de víctimas de esterilizaciones forzadas.

"Está pendiente una política de aliento al proceso de justicia, igual que la modificación de la propuesta de reparaciones económicas que dejó Alan García y que fue ridícula", dijo.

Y aunque sobre corrupción hubo algunas líneas, el ex procurador Julio Arbizu deploró que el jefe del Estado no haya invocado al Parlamento aprobar la Ley de Muerte Civil de los condenados por corrupción; norma que tuvo respaldo del Pleno en primera votación, pero fue rechazada en segunda instancia.

"Se ha retrocedido respecto a la creación de la autoridad autónoma para aplicar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Quien quiere fiscalizar las políticas públicas no puede obtener información rápida, tiene que ir a la vía judicial", reclamó.

Diario La República