Informe: “Utilidad pública y conceptos análogos en minería: uso y abuso. Especial: proyecto minero Santa Ana en Puno"

Lamentablemente, existe una tendencia generalizada en los gobiernos de turno a considerar como beneficiosa y necesaria una actividad cuando genera “dinero”, desconociendo los impactos negativos que podría ocasionar. Esto ocurre con las actividades mineras, que han sido declaradas de utilidad pública e interés nacional, e incluso se podría decir de necesidad pública, conceptos que han sido calificados como conceptos jurídicos indeterminados.

Muchas veces el punto de partida para el despojo de territorios, promoción de inversiones, autorización de actividades es la utilización de dichos conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido y extensión no están determinados en la norma; lo cual ha sido pretexto para utilizar la discrecionalidad o la conveniencia de supuestos “intereses generales”.

Tomando ello en consideración, surgió el interés de identificar los conceptos que se utilizan en el contexto de actividades mineras, su aplicación y la posibilidad de controlarlos y cuestionarlos cuando afectan o amenazan bienes constitucionales y derechos. El propósito último de este proceso, es lograr la resignificación de los conceptos desde las propias comunidades.

Existen otros conceptos como seguridad nacional, orden público que también dan viabilidad a las actividades mineras, pero ésta es de forma indirecta. Por temas de complejidad y extensión se decidió abordar los términos que se encontraban en una relación más directa, como son el interés público, interés nacional, utilidad pública, necesidad pública y bien común.

Este informe surge en el marco del Informe Regional “Utilidad Privada, Despojo Público. Utilidad pública y conceptos análogos relacionados con actividades mineroenergéticas. Análisis en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú” (https://grufides.org/documentos/informe-utilidad-privada-despojo-p-blico), el cual tiene un análisis comparativo de la región sobre estos temas y una mirada desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Coordinación e investigación por Fátima Horna Jiménez, abogada de GRUFIDES.