Martes 9 de abril 2019.
Redactado por: Mirtha Vásquez para Noticias SER
El sábado 6 por la tarde se llevó a cabo la esperada reunión sobre el conflicto Las Bambas. Estuvieron sentados en la mesa, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, representantes de las comunidades de Challhuahuacho, el gerente de la minera Las Bambas-MMG, además el Primer Ministro Del Solar y, como mediadores la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo.
Al terminar la reunión parecía verse el “humo blanco” que por fin empezaba a poner fin a este grave conflicto, al menos así lo hicieron parecer los representantes del gobierno y los medios de comunicación. Sin embargo pasadas las horas, se puede ver que la solución de este complejo tema, todavía está lejos de concretarse.
La falta de una política clara de atención de conflictos de parte del Estado, es una falencia grave que se pone en evidencia recurrentemente. El conflicto de Las Bambas es un claro ejemplo de ello. De ignorar por meses las demandas de Fuerabamba, el gobierno pasó a la persecución y criminalización de los líderes, para después invitarlos a sentarse en una mesa de diálogo donde el Primer Ministro termina por reconocer que, “el gobierno debe estar más presente en las zonas donde se desarrollan los conflictos”.
La metodología del diálogo, como mecanismo para encausar el conflicto, parece ser otro asunto que no tiene nada claro el Estado. Los diálogos con comunidades son diálogos con un actor colectivo, y la interacción tiene que valorarse en esta dimensión; los interlocutores -legitimados por la comunidad- deben ser vistos solo como intermediarios, y no como apoderados habilitados para tomar decisiones; guste o no los procesos de consulta al interno se tienen que respetar. Por ello, mal se hace anunciando que se ha llegado a un primer acuerdo con el dirigente, sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad. Sí, es posible que el gobierno haya procedido de esta forma para dar señales de que este conflicto va camino a la solución, pero resulta totalmente contraproducente para el rol del líder y para la solución misma del conflicto; ya que genera desconfianza en el interlocutor y entrampa el proceso. Hoy Gregorio Rojas, tendrá una difícil misión en su comunidad para convalidar esta primera reunión, pues ya hay desconfianzas surgidas a partir del error comunicacional del gobierno.
Desentrampar el conflicto requiere generar condiciones para retomar la relación interpartes; claro, en función a ello el gobierno exige el desbloqueo de las vías, porque considera una ilegalidad, aduciendo que no puede entrar a un proceso de diálogo bajo presión, o extorsión; pero ¿no es acaso ilegal la declaratoria de Estados de emergencia impuesta en estas zonas? ¿La respuesta del Estado a algo que considera fuera de ley no debiera ser buscar el cauce institucional? La comunidad recurre a estos mecanismos porque no tiene otras opciones pero el Estado sí las tiene, pero prefiere responder al estilo gánster con una medida que solo tiene por objeto la amenaza. Por ello, la negociación del desbloqueo de vías a cambio del levantamiento del Estado de Emergencia no es sino un intento de resolver el conflicto bajo el enfoque del cuatrero.
¿Y qué ofrece el Estado a Fuerabamba como solución del conflicto? Que las empresas revisen los acuerdos incumplidos, para proceder a ejecutarlos (en lugar de sancionar a la empresa por estos incumplimientos), además de “un acuerdo económico satisfactorio que ponga fin a la controversia”. Acaso el Estado no es consciente de lo peligroso que resulta resolver un conflicto de esta manera? Reducir todo a lo económico a pesar de tener múltiples aristas (lo social, lo ambiental, los impactos culturales) no hace sino enviar una pésima señal, incluso a las demás comunidades, de que esto se resuelve con plata, olvidándose de que en su rol, la solución debe pasar por el reconocimiento de derechos, por la modificación de las políticas para un mejor control a las empresas; por establecer mecanismos que garanticen procesos de interacción equitativos. Con estas medidas inmediatistas se perdió la discusión sobre los procesos de criminalización que vienen desde el 2015, ya nadie habla de las muertes producto del conflicto que no deben quedar en impunidad. Los derechos y la justicia quedan invisibilizados en este reducido abordaje.
Todos hacemos votos para que el conflicto de Las Bambas encuentre una salida, pero parece que con estas intervenciones limitadas del Estado, es muy difícil que se solucione, al menos de manera sostenida. Aplicar estos obtusos enfoques de resolución del conflicto no hacen sino condenarnos a repetir estas situaciones una y otra vez, siempre con peores consecuencias.
Fuente: Noticias SER
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