Publicado por Utero.pe
El último fin de semana, la Policía, que siempre está cuando uno lo necesita, detuvo a dos documentalistas extranjeros en Cusco cuando concluían su participación en el cine-foro “Conflictos mineros: de Canadá al sur andino”.
El estadounidense John Dougherty y la canadiense Jennifer Moore presentaron el documental “Fraude en Flin Flon”, el cual expone los conflictos producidos por las operaciones globales de la minera HudBay Minerals, que tiene presencia en Cusco. Aquí lo dejamos para que el ministro del Interior lo disfrute:
Como para la Policía los gringos representaban un peligro tan igual o más grave que los “prestamistas colombianos“, los detuvieron. El pretexto fue que los extranjeros llegaron al Perú en condición de turistas y que solo podían realizar actividades turísticas, mas no de “trabajo o lucrativas”.
En su extenso comunicado, el Ministerio del Interior asegura que los gringos estaban “incitando” a las comunidades para que se opongan a la minería en la zona, en particular, a la minera Constancia de la empresa HudBay.
Tanta justificación y tanta alusión a la minería en el comunicado nos pareció más raro que policía que no coimea, hasta que encontramos este documento: la declaración de intereses del ministro del Interior, Carlos Basombrío:
Según el documento presentado por Basombrío para ocupar el cargo de ministro, hasta julio del 2016 fue parte del comité consultivo de la minera Anglo American Perú, donde recibía un sueldo por esa labor.
Estábamos tratando de entender por qué el Ministerio del Interior echa a un par de documentalistas que informan sobre los conflictos ocasionados entre mineras y población afectada y no a un par de argentinos que llegaron a promover la homofobia y el machismo y nos topamos con Amalia Ruiz Seminario asesora del despacho ministerial de esta cartera desde agosto del año pasado.
Su cargo es de confianza y es la cabeza de la Dirección General de Orden Público, o sea, la oficina encargada -entre otras cosas- de los conflictos mineros en el país. Ruiz describe su labor como asesora del ministro así:
“Encargada de dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en el ámbito del territorio nacional (…). Gestiono y negocio la resolución de los conflictos sociales, implementando y conduciendo las tácticas operativas, así como los mecanismos de gestión en zonas de conflicto propiciando la participación de instancias de concertación (…)”.
Amalia Ruiz sabe mucho de minería. Este es su currículum, según su Linkedin.
Al igual que el ministro, la funcionaria trabajó en la minera Anglo American, así como en Antamina y Río Tinto. Su labor también la resume ella misma en el documento que adjuntó en el Linkedin:
“Mi experiencia en el sector minero se sustenta por haber sido parte de procesos de planificación, construcción, operación y ampliación de minas, gestionando aspectos sociales, medioambientales y políticos, en proyectos y operaciones, ejerciendo en estas empresas cargos gerenciales, destacando por el logro de los objetivos que aportan al negocio”.
Lo curioso es que una de las empresas en las que trabajó tiene conflictos sociales actualmente, según la Defensoría del Pueblo.
Después de este repaso por las hojas de vida, ahora entendemos por qué el Ministerio del Interior está alerta sobre quienes “ponen en riesgo” la minería. Por cierto, ¿a cuántos extranjeros dueños de las mineras que han contaminado el país habrán expulsado? Cri, cri, cri…
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