El drama en Nuevo Andoas: la contaminación por petróleo en la Amazonía del Perú

Los cientos de pasivos ambientales fueron ocasionados por la extracción de petróleo desde la década de 1970 hasta el 2000 con la empresa Occidental Petroleum Corporation del Perú, más conocida como ‘Oxy’, luego con Pluspetrol hasta el 2015. Actualmente su administración la tiene la empresa Pacific Stratus Energy hasta agosto del próximo año.

Al lado de la comunidad de Nuevo Andoas, se encuentra la ‘Estación Andoas’ con sus tres ‘baterías’ para la extracción del crudo. Son Capahuari Norte, Capahuari Sur y Tambo. “Si observas bien, cada pozo petrolero donde se almacena el crudo tiene pintada una cara sonriente, supuestamente para demostrar que son amigables con el medio ambiente. Ahora todas las bases están paralizadas y sin personal por la paralización del Oleoducto Nor Peruano”, dice Guerra Magin.

La Estación Andoas significa para la comunidad del apu la contaminación, pero también el acceso a servicios básicos. “Debido a la extracción petrolera, esta comunidad tiene luz eléctrica. Aunque antes teníamos las 24 horas, debido a la paralización de la actividad, nos han restringido la energía desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche”, dice Teddy Guerra.

Hace casi medio año que no funcionan ninguno de esos establecimientos con las sonrisas oxidadas debido al cierre del Oleoducto Nor Peruano ordenado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en febrero del 2016 por los constantes derrames del crudo en el resto de la Amazonía. La decisión se tomó luego de confirmarse que el oleoducto estaba deteriorado y no había sido reparado en sus más de 40 años de actividad.

En todo este tiempo, según registros de la petrolera Pluspetrol declarados en el 2015, son más de 2000 sitios contaminados en el Lote 192. Se encuentran entre derrames petroleros, montículos de chatarra, cilindros de tóxicos abandonados, entre otros. Por otro lado, entre el 2013 y el 2014, OEFA y miembros de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) hicieron un registro sobre los mismos, pero debido al tiempo y la escasa logística comparada a la de la petrolera que dispone de un registro particular, lograron confirmar hasta 92 sitios impactados en los suelos amazónicos.

Si bien están inactivas las 3 baterías extractoras de crudo alrededor de Nueva Andoas, aún no se ha remediado ningún sitio impactado por el petróleo derramado por la empresa Pluspetrol Corporation. Según el informe 411-2014-OEFA/DS-HID del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), tan solo entre el 2012 y el 2013, se derramaron hasta 54 barriles de petróleo en todo el lote 192.

“En todo mi trabajo hemos encontrado muchos lugares de contaminación ocasionados por las petroleras. Ellos [las empresas] le llaman remediación ambiental a la remoción de tierra nativa que colocan encima del hidrocarburo para taparlo. No han hecho una remediación de buena calidad. Solo han enterrado los derrames, incluso en algunas cochas naturales, pero el petróleo todavía sale y se le ve”, dice Adam Sánchez, monitor ambiental quechua que viene recorriendo el lote 192 en busca de lugares contaminados desde el 2008.

Mongabay Latam acompañó a un equipo de monitores ambientales a visitar algunos lugares en donde se pueda observar lo que describe Sánchez.

“El caño de la caca”

“Isma significa ‘caca’ en quechua amazónico. Le decimos así porque era un antiguo desagüe de las empresas petroleras, desde la ‘Oxy’. Por acá regaban todas las aguas de producción, que es el agua usada para extraer el petróleo del subsuelo, cargada de elementos tóxicos. Sin embargo, cuando se empezó a protestar por qué echaban estos desperdicios al aire libre, echaron tierra de otros lados para cubrirlos”, explica Elmer Hualinga, otro monitor ambiental de Nueva Andoas.

‘Ismacaño’ es una antigua laguna, pero que luego se convirtió en vertedero para depositar las antiguas “aguas de producción” de la actividad petrolera. Cuando se camina sobre ella se siente la sensación de andar entre nubes, aunque en realidad se camine sobre tierra con petróleo. La vegetación que se encuentra allí no guarda armonía con el resto de plantas, es postiza. “Son plantas que han traído de otros lados para sembrar encima de esta tierra también de otros lados. Así han enterrado el crudo y las aguas sucias”, señala Adam Sánchez mientras con una pala remueve el suelo y el apu Teddy Guerra ingresa una planta en el agujero cavado. Luego de un momento emerge una hoja embarrada de crudo. Su olor es insoportable y calcina la nariz de quien lo huela.

“Los registros que usted muestra evidencian que no se ha concluido con la rehabilitación ambiental. Ha sido insuficiente. El petróleo, si no es adecuadamente recogido, se puede evaporar y se expande. El crudo tiene como propiedad que bloquea el oxígeno que es esencial para la vegetación. Esto debe ser supervisado por el OEFA, para que esta cumpla con ejecutar todas las acciones necesarias. Ningún tipo de remediación significa ocultar el hidrocarburo”, manifiesta a Mongabay Latam quien fue viceministro de Gestión Ambiental hasta julio del presente año, Mariano Castro, al mostrarle las fotografías de ‘Ismacaño’.

El OEFA, en el informe N·411, apunta una serie de faltas que tuvo la empresa Pluspetrol. Entre ellas se indica que 17 de los 48 tanques de almacenamiento de crudo no tienen un adecuado sistema de impermeabilidad para que en un eventual derrame de petróleo, el hidrocarburo no haga contacto con el suelo descubierto y se drene en aguas subterráneas. También se dice que “durante la supervisión al Lote 1 AB (actual Lote 192) se constató un vertimiento de aguas industriales directamente al ambiente, sin que contase con autorización”.

No obstante, ‘Ismacaño’ no es el único lugar contaminado, también lo están lagunas como la de Ullpayacu.

La laguna contaminada más grande

La ‘cocha’ Ullpayacu está a unas 2 horas de la comunidad de Nueva Andoas. Es reconocida porque antes alcanzaba hasta 6 kilómetros de extensión y era una de las más grandes de la cuencas del río Pastaza. Sin embargo, con la explotación petrolera se redujo a una cuarta parte y ahora es la laguna contaminada más grande en todo el lote 192, según los monitores ambientales de Fediquep.

“Cuando se le mueve tiene el color del arcoíris”, dice Adam Sánchez, al remover con un tallo grande el fondo de la laguna, cuyos límites pueden ser alcanzados con la mirada. Con el paso de los segundos, el agua empieza a tomar un color tornasolado debido al afloramiento de aceites. En algunos momentos se observan unas gotas negras que se diluyen en el agua. Se repite el olor insoportable.

“Escucha. Una laguna no tiene un suelo de madera, ese es el petróleo que han cubierto con la madera”, dice el apu Teddy Guerra Ingama. Cuando Adam Sánchez utiliza el mismo tallo con el que removió el agua para golpear el fondo de la laguna, se oye un sonido seco. Es una base de madera que entierra al hidrocarburo, explican los monitores ambientales. No se tiene un año exacto en el que pudo suceder el derrame para poder responsabilizar a una empresa. Al igual que en ‘Ismacaño’, son tantos los derrames que el culpable ha sido olvidado en la historia o se le recuerda por anécdota. “Algunos dicen que fue la ‘Oxy’ porque esto ha sucedido como en la década del noventa”, dice Elmer Hualingas.

Al abandonar la laguna de Ushpayacu un letrero despide a los visitantes: “Plan Ambiental Complementario (PAC). Estatus: Culminado. Diciembre de 2007”. El letrero se refiere plan ambiental aprobado en el 2005 (con vigencia hasta el 2009) con el fin de remediar las zonas no consideradas en otro plan ambiental más antiguo, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA de 1996. El PAC también considera aquellas áreas que no se habían reconocido con el antiguo PAMA. En total los sitios impactados y que el PAC alcanza son 75 en todo el Lote 192 (1 AB), según el informe N·411 del OEFA. “Luego de tantos planes ambientales no se ha solucionado nada al final”, dice el asesor técnico de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Peter Rodríguez.

“En el Perú tenemos una larga experiencia de situaciones como esta. Lamentablemente el Estado no está actuando como debería actuar. A esto se suman las últimas normativas conocidas como ‘Paquetazos ambientales’, que han debilitado a los organismos que fiscalizan este tipo de casos. Las situaciones de emergencia no se solucionan y se terminan encubriendo. Al final las comunidades son las que están expuestas al peligro del crudo. No olvidemos que ya se cumplieron 10 años del acta de Dorissa, donde el Gobierno peruano se comprometió con este tipo de temas, pero en la práctica vemos que no son una prioridad. Aún se ve a la Amazonía como una zona para extraer recursos sin importar los impactos ambientales”, dice a Mongabay Latam, el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave.

Dorissa fue un acta firmada durante el Gobierno de Alan García con comunidades nativas del río Corrientes en 2006 y fue la primera donde se oficializaron la vigilancia ambiental indígena, la reinyección de las aguas de producción al subsuelo y ya no al ambiente, como se hizo en ‘Ismacaño’, entre otras medidas.

En ese año, el apu de Nuevo Andoas era Teddy Guerra, pero padre, y su hijo homónimo de 16 años se estaba preparando para postular a la Universidad Nacional de la Amazonía del Perú (UNAP), con sede en Iquitos, para estudiar ingeniería forestal. Ellos no sabían que un par de años después sus vidas iban a cambiar para siempre.

“¡A tu papá lo han detenido!”

En el 2008 la comunidad de Nueva Andoas se levantó en una paralización y un grupo de personas tomó el aeropuerto de Petroperú localizado a un par de kilómetros del pueblo. La protesta se dio para exigir a Petroperú que contratara población local y no de otras zonas. Al pliego de reclamos también se sumó el proceso de remediación ambiental que recién tomaba fuerza en esos años y el de la titulación territorial que había quedado pendiente.

Teddy Guerra Ingama ─en ese entonces apu de Nueva Andoas─ y otros indígenas tomaron el aeropuerto en un acto que se conoció luego como ‘Andoazo’. Pronto llegaron más de 500 efectivos policiales para acabar con la protesta. “Lanzaban bombas lacrimógenas, y uno que otro hermano se desmayó, algunos compañeros malinterpretaron eso y creyeron que se habían muerto. Por eso agarraron sus escopetas y empezaron a disparar”, cuenta Teddy Guerra padre.

En ese momento los policías respondieron. Ahí no terminó el conflicto. Un par de señoras le pidieron al apu que intercediera por ellas ante los policías porque sus esposos habían sido capturados. “Yo como autoridad debía acompañarlas, pero todo salió mal. Me dejaron pasar a la petrolera donde tenían a los hermanos, pero luego salieron dos policías y me agarraron. Me golpearon con las culatas de las armas, me daban patadas, a otros hermanos les partieron el labio”, recuerda Guerra padre.

Para ese entonces su hijo, Teddy Guerra Magin, cursaba el primer año de ingeniería forestal en la UNAP. “A tu papá lo ha detenido, ya van dos días que no lo veo”, le decía entre llantos su madre a través del celular. Teddy pasó 1 año y 8 meses en procesos judiciales buscando la libertad de su padre. Su sueño de ser ingeniero se acabó tras abandonar los estudios, pero el de ser apu recién nacía. “En ese trajín conocí al apu de Fediquep, Aurelio Chino, quien me enseñó todo sobre el derecho al territorio, nuestra identidad quechua y la contaminación petrolera”.

“Nosotros venimos exigiendo el derecho a la titulación de tierra desde la década de 1990. Son 7 comunidades nativas las que se encuentran bajo el lote 192. Y los más de 3000 indígenas quechuas exigimos la titulación no porque lo necesitemos para vivir, siempre hemos vivido aquí, sino para que la empresa petrolera nos respete, nos pagué una comisión por trabajar acá y termine de remediar lo contaminado”, dice a Mongabay Latam el apu de Fediquep, Aurelio Chino.

Solo en el territorio quechua de la cuenca del Pastaza se exige la titulación de 92 hectáreas, según Chino, pero advierte que los pueblos ashuar y kandoshi también exigen la titulación de sus territorios. “Todos los pueblos, en total, sumamos más de 10 000 personas y exigimos más de 9 mil hectáreas”, sostiene el apu de Fediquep.

El año pasado los apus de las cuatro cuencas afectadas por el Lote 192 se reunieron con el Gobierno peruano para acordar una serie de compromisos que se reflejaron en la llamada Acta de Lima, donde además del reconocimiento al derecho a la remediación ambiental estaba el compromiso de la titulación de tierras.

“El Estado, en este caso, el Gobierno Regional de Loreto [Gorel] es el encargado de titular las tierras. Hasta el momento hay buenos tratos, las diferencias se dan porque el Gorel no quiere titular esas áreas donde están instaladas las bases petroleras por presión del Ministerio de Energía y Minas. Con el resto donde no hay nada, sí, sin embargo, la población quechua no piensa de la misma forma, exigen el territorio por completo”, explica el asesor del programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam, Vladimir Pinto.

Presencia de metales pesados

“Se detectaron 11 áreas impactadas por hidrocarburos, que se habrían originado por derrames, fugas y filtraciones de petróleo crudo desde tanques de almacenamiento, tanques sumideros, bombas, tuberías y otras instalaciones que operan en el lote 192”, dice el informe N.411 de OEFA solo en el 2014 . Sin embargo, en el 2012 ya había visitado el lote 192 personal de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), OEFA y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para verificar el estado de los suelos y las aguas por los derrames petroleros.

El resultado de los organismos estatales fue el siguiente: “En los suelos de la zona del río Pastaza se encuentran metales pesados en alta concentración”. Se encontraron altas concentraciones de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo y bario, además de PAH y TPH, derivados del petróleo en el suelo del lote 192, según OEFA. “Dado que tanto los metales como los derivados de hidrocarburos provocan muchas enfermedades graves y provocan además cáncer y mutaciones congénitas, existe un riesgo real para la población de la zona al estar expuesta a estas sustancias”, señala un estudio del organismo Source International.

Dos lugares que resaltan en el informe de Source son los visitados con los monitores ambientales: ‘Ismacaño’ (valores muy altos de arsénico, plomo y zinc) y la laguna de ‘Ullpayacu’ (donde predominan los derivados TPH, que impactan en el sistema nervioso central y producen dolor de cabeza, náusea, somnolencia y pérdida de conciencia; pero en grados altos hasta la muerte). Un estudio de Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), confirma estos hallazgos.

“En vista de las evidencias, el proceso de remediación ambiental no ha acabado. Las organizaciones indígenas tienen motivos para reclamar que hay zonas derramadas que continúan hasta ahora. Ya el OEFA ha ordenado a Petroperú y la empresa Pluspetrol que remedien los sitios impactados, pero hasta el momento no hay respuesta. Incluso Pluspetrol ha judicializado muchas multas que les han impuesto por irresponsabilidad ambiental”, dice la procuradora adjunta en Asuntos Ambientales y de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.

La Defensoría ha enviado en abril del presente año tanto a la presidencia del Consejo de Ministros del Perú como a la presidencia del Congreso de la República oficios para que se cumpla con uno de los acuerdos del Acta de Lima, donde el Perú prometió lograr una cooperación técnica con el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD) para iniciar el proceso de remediación ambiental en el Lote 192 que equivale a 1 000 000 000 de dólares, de acuerdo a E Tech International. Hasta el cierre del reportaje ambas entidades no han respondido.

En la última asamblea de Fediquep realizada entre el 3 y el 5 de setiembre en Nueva Andoas, uno de los acuerdos a los que se llegó fue viajar a Lima para entablar reunión con autoridades de alto nivel del actual Gobierno, con capacidad de decisión política, para resolver retrasos en el cumplimiento de compromisos de las actas de Lima (10/3/2015), Teniente López (24/9/2015) y José Olaya (4/11/2015). La fecha está por verse.

Entre los puntos que están pendientes y que fueron acordados en las actas señaladas están el acceso al agua potable, la titulación de tierras y la remediación ambiental, que ya tiene asignado un monto de 50 millones de soles que es administrado por el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), entre otros temas.

“Yo sabía que si me elegían apu, debía entregar mi vida por mi pueblo. Debo hacer ciertos sacrificios, como dejar de ver a mi familia. El ánimo por defender a mi territorio y a mi pueblo no es porque me pinte la cara, me coloque plumas, es por mi sentimiento quechua. Como apu quiero que la gente comprenda la riqueza natural que tiene. Me gustaría una nueva Nueva Andoas, que sea una comunidad nativa que revalore su idioma, su cultura y su territorio, es lo más sagrado que tenemos”, manifiesta el apu Teddy Guerra Magin hijo a Mongabay Latam.

Al otro lado del local de la asamblea comunal, lo miran con atención el apu de Fediquep, Aurelio Chino, y su padre, Teddy Guerra, quienes se apuran en salir del gran salón. Son las 9 de la noche y de repente Nueva Andoas queda sepultada en la oscuridad.

Article published by milton on 2016-09-12.