ROY LEON: LA LUCHA SOCIAL Y LA LUCHA CLIMÁTICA

Publicado por Noticias SER

En el año 2004, el Tyndall Center, de la Universidad de Manchester en Inglaterra, publicó un informe que situaba al Perú como el tercer país más vulnerable del mundo (después de Honduras en Centro América y de Bangladesh en el sur de Asia) frente a los efectos del cambio climático. Entre las razones que ubican al Perú en este puesto, están la abundante riqueza ecológica y la mega diversidad de climas que posee.

Otros efectos graves que se deben considerar, son la extinción de flora y fauna de la Amazonía peruana, la pérdida de algunos cultivos importantes, la mayor frecuencia de incendios forestales, la expansión de plagas, la afectación de la infraestructura vial; y, a futuro, la disminución a un 60% de la disponibilidad de agua así como una inevitable pérdida de glaciares. Este último impacto pone nuevamente en realce la discusión centrada en el cuidado del recurso hídrico, principal bien a ser afectado por el cambio climático a nivel nacional; esta reducción en la disposición de agua será un agudo problema para el país, especialmente para la población ubicada en las zonas costeras, como la capital Lima y otras grandes ciudades.

La temática cobra actualidad también debido a que el gobierno peruano presidió la Conferencia de las Partes hasta el año pasado, tras haberse celebrado la vigésima edición (COP20) en la ciudad de Lima en el año 2014, sin embargo la incoherencia del gobierno queda demostrada por la emisión de una serie de políticas ambientales, laborales y tributarias a favor de la inversión privada, que rebaja los estándares y regulaciones y que afecta derechos colectivos, ambientales y culturales en el país.

A poco de haberse llevado a cabo la COP21 en París, somos conscientes que la justicia climática sigue siendo un caro anhelo; la gravedad de sus efectos será tan desigual, tanto al ambiente como a las sociedades en todos los países del planeta, y con mayor énfasis en aquellos en desarrollo.

La estrategia del capital arriba descrita, pasa también por lo que se denomina una arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales y algunos gobiernos, a través de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, que pretenden privatizar servicios esenciales como el agua, la educación, salud y vivienda, y atentan contra los derechos humanos de trabajadores y de los pueblos.

La adaptación a un nuevo clima será más difícil para los países que tienen menos recursos y peores condiciones, y claramente más compleja lo será para la población que tiene menos posibilidades económicas para enfrentar una crisis ambiental; esto hace que se torne en una cuestión de derechos humanos y justicia, más aún si tenemos en consideración que éstos son los menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático.

Las múltiples formas de lucha y resistencia de los pueblos por construir una verdadera justicia climática también abordan la preservación de los bienes naturales y la capacidad de la población de decidir sobre ellos; Cajamarca, región ubicada al norte del Perú, no está ajena a estos procesos sociales de lucha y resistencia, y se vio envuelta en la disputa entre el uso y conservación de los recursos hídricos y la instalación de actividades extractivas de grandes dimensiones que afectan las formas básicas de sustento y la relación armónica con la madre tierra. Se puso entonces en discusión la condición futura de la población, de cara a escenarios de incertidumbre climática con una posible reducción de los recursos hídricos, y con opciones poco alentadoras que requieren de cambios y acciones urgentes de parte de la sociedad global y los estados.

Otro aspecto que se planteó en esta discusión fue el respeto por nuestros territorios, derechos y modos de vida, incluso por nuestras culturas, costumbres y cosmovisiones, de modo que, a pesar de las iniciativas que se orientan a revertir esta alteración del clima al que hemos conducido a nuestro planeta, se debe tomar en cuenta la responsabilidad de los países desarrollados y el respectivo reconocimiento y reparación de esta deuda histórica y ecológica hacia los países del sur.

Se plantea ante todo el uso responsable de los recursos vitales, es decir impulsar la protección de cuencas, bofedales y humedales, bosques, acuíferos, lagos, ríos y manantiales que alimentan a la madre tierra; dichos ecosistemas y fuentes de agua vienen siendo afectados por las actividades extractivas, como la minería, petróleo, gas y la tala de árboles, entre otras causas, y se debe garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, en igualdad de condiciones, acceso y salubridad.

Así mismo, es preciso hacer ver que para imponer estas actividades, se apela a la represión y criminalización de quienes defienden los recursos naturales, tanto representantes y líderes indígenas, dirigentes sindicales y campesinos, así como activistas ambientales. Adicionalmente, resaltar que las grandes empresas transnacionales ejercen influencia en los gobiernos para las negociaciones globales y también para acordar medidas nacionales sobe el uso de los recursos.

Tras la celebración de la última COP en Francia, se precisa fortalecer la articulación de las luchas, de manera activa y permanente, donde los movimientos sociales del mundo se preparen para continuar con estos procesos de resistencia desde nuestros territorios en defensa de la vida y aspirando en cambiar el sistema, no el clima. Así mismo, en aras de una real justicia climática, promover a todo nivel una transición justa hacia un futuro sostenible, más aún en escenarios de cambio climático poco favorables a la humanidad, pero que también se esfuerce por proteger a las personas y a los países más vulnerables frente a los impactos del cambio climático.

El llamado a dejar atrás el modelo de desarrollo basado en el consumismo, que ha puesto en riesgo la vida y los ecosistemas del mundo, y que podamos todos aspirar y apostar por una transformación social que implique la transición hacia una nueva economía. Ninguna acción para enfrentar el cambio climático será eficiente o viable si no se promueven políticas públicas efectivas, que ayuden a mejorar la pequeña agricultura familiar y campesina, a lograr la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, la producción auto sustentable con base agroecológica autóctona libre de agrotóxicos, orientada al consumo humano y a la preservación de nuestra biodiversidad.

Creemos que para avanzar hacia un mundo justo y una economía local, solidaria, cooperativa, feminista y comunal, es fundamental reconocer el derecho humano a la alimentación, así como el gran aporte de la agricultura familiar campesina, que contribuye con más del 70% de la alimentación del mundo.