Hay protocolos, marcos éticos, derechos referidos a la salud que no se pueden saltar como si se tratara de una competencia ecuestre. Esto es lo que reclama Fernando Osores, para quien el respeto por el paciente es lo primero. Lo ha demostrado desde que empezó su trabajo con las poblaciones más vulnerables, al terminar su maestría en enfermedades infecciosas y tropicales en la Universidad Cayetano Heredia. Su primera tarea fue realizar diagnósticos de tuberculosis.

Su relación con las comunidades empieza al poco tiempo, cuando lo mandan a investigar la resistencia antibiótica en poblaciones de Yurimaguas y Tarapoto. Trabajó para el Instituto Nacional de Salud desde el 2006, y en ese momento tomó contacto con pobladores contaminados por metales pesados, esos que envenenan y matan: arsénico, plomo, mercurio y cadmio.

Se considera un médico salubrista y literalmente traslada su consultorio y su gran humanidad - mide 1.85 centímetros y pesa bastante más de cien kilos - a las comunidades andinas y amazónicas. Allí trata las enfermedades emergentes relacionadas a la contaminación del medio ambiente. En otros países dirían que es experto en ecosalud, solo que acá en el Perú esa especialidad no existe. Los especialistas en medicina ambiental no pasan la decena. Todos han adquirido la experiencia en el mismo terreno (por competencia).

Por su escrupulosidad y compromiso se ha ganado el cariño de sus pacientes, cosa que no es fácil si tomamos en cuenta la cantidad de mitos y creencias antimedicina occidental que existen, lo poco desarrollada que está la salud intercultural y las riñas ancestrales entre los pueblos indígenas que dificultan aún más el trabajo de estos profesionales. Ya ha sido flagelado con ramas de ishanga brava, una variedad de ortiga, por aterrizar justo en medio de una vieja historia de rivalidad entre quechuas y achuares.

Esto sucedió cuando el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS) lo contrató como responsable de un estudio para medir el nivel de exposición de metales pesados y los riesgos a la salud de las comunidades quechuas y achuares del río Pastaza, donde actualmente opera Plus Petrol. Al llegar a Andoas, los apus de la federación quechua le dijeron que no debía atender a los achuares. Cuando llegó al territorio achuar no los dejaron salir porque exigían ser atendidos. Finalmente, cuando regresó a Andoas, le hicieron una especie de juicio popular que terminó en la “ishangueada”. Pero esos gajes del oficio no mellaron su carácter apasionado y sus férreas convicciones. Eso sí, terminó muy molesto porque el estudio se suspendió por casi tres años, y ahora que se va a retomar, no incluirá a la población achuar (para evitar problemas.)

Los funcionarios de la salud siempre pensaron que debían centrar la puntería en las enfermedades infecciosas, a las que, años más tarde, se incorporaron las crónicas no transmisibles (infarto, derrame, cáncer, etcétera). Pero en años recientes, los estudios revelan importantes conexiones entre éstas últimas y el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente el 60% de las enfermedades están asociadas a factores medioambientales.

“Para el sector salud las enfermedades ambientales siempre han sido tabú”, afirma Osores. El Estado las ve como un problema y un detonante de conflictos. No quiere gastar dinero para atender a las personas afectadas. Y agrega: “El presupuesto para el Plan de Metales Pesados del Cusco se va en gastos corrientes; es decir, solo alcanza para pagar los sueldos”.

En el año 1993, se dictaron las primeras normas ambientales en el Perú. Al poco tiempo se creó el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que fue absorbido por el CENSOPAS. Pero no fue sino hasta el año 2008 que se elaboró la Estrategia Nacional de Metales Pesados y otras Sustancias Químicas. Se empezó a implementar con una oficina en Lima y otras en ciertas regiones, sin personal especializado y con un presupuesto muy bajo para realizar el diagnóstico y seguimiento de los casos de contaminación, detectar quiénes están enfermos y quiénes en riesgo, y asumir el tratamiento en los casos que se requiera.

Lo que es comprobable es que el ministerio no está asumiendo la protección y el tratamiento de las poblaciones en riesgo. Solo brinda información sobre el cuidado y la prevención a través de campañas como “Lávate las manos cuando regreses del trabajo” o “Báñate y cámbiate cuando salgas de la mina”. Osores manifiesta: “Fue un bluff. Se requiere atención secundaria y terciaria. Hay gente que se está muriendo y otra que se está enfermando, pero todavía no muestra daños patentes. La atención especializada no llega a ellos”.

A nivel central no se le dio la importancia y menos seriamente se lo tomaron los gobiernos regionales y locales. No tuvieron en cuenta el galopante crecimiento de la exploración y explotación minera y de hidrocarburos desde fines de los años 90, que fue acompañado por la metástasis de la minería ilegal. Después de siete años – en el 2007 –el MINSA saca una resolución sobre el manejo de plomo; cuatro años después saca otra sobre el manejo de arsénico; dos años después otras más sobre el manejo de mercurio y cadmio. Repartieron unas guías clínicas en las que aparecieron por primera vez los límites recomendables (que no son los óptimos). Según los especialistas, la tendencia de estas mediciones es hacia la baja: hace cinco años el límite recomendable de arsénico era 40; ahora está en 10 microgramos por gramo de criatinina en la orina.

Si se encuentra cualquier metal pesado en el organismo de una persona se debe determinar si se trata de una contaminación crónica. Osores sostiene: “La contaminación no depende de la dosis ingerida, sino del tiempo que esté expuesta a ese veneno. Puede estar expuesta a dosis muy pequeñas por cuatro o cinco años y, a los diez, va a hacer una enfermedad por envenenamiento crónico de ese metal”.

Líbranos Señor de Muruhuay del arsénico y que no terminemos como Madame Bovary, la heroína de la novela de Flaubert. Ese fue un caso extremo de envenenamiento por ingestión de una cantidad considerable de esa sustancia que le produjo una muerte brutal. Aunque igual, en dosis menores, sus efectos son terribles: lesiones dérmicas (la piel se llena de lunares y las plantas de las manos y pies adquieren un color marrón), daños renales, hepáticos y cardiovasculares. Y por si esto fuera poco, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer lo considera un cancerígeno tipo 1.

“Primero hay que determinar si es orgánico o inorgánico. Si es orgánico hay problemas porque se trata de la forma venenosa, y lo más probable es que esté viniendo en el agua. Si esa agua está cerca de zonas donde hay actividad minera, se debe sospechar que puede venir de ahí”, aclara el especialista. Y agrega que también existe la contaminación natural. A veces hay arsénico en acuíferos muy profundos, como en el caso del sur de Chile y norte de Moquegua y Tacna, lugares en los que existe la arseniosis por consumo del agua de los pozos.

Ya está comprobado que otro metal que produce cáncer es el cadmio que, además, destruye los riñones. Pero el más combatido – “el ícono de los pesados” – es el plomo. En los Estados Unidos se ha hecho grandes esfuerzos por reducir la exposición de plomo en los niños. Esta sustancia tóxica se va acumulando en el cuerpo y reduce el desarrollo psicomotriz y emocional, produce discapacidad intelectual, alteraciones nerviosas, anemia y lesiones óseas. Lo más grave es que altera el ADN.

Para Osores lo que ocurre con los niños de La Oroya, Cerro de Pasco o Espinar es un crimen, con todas sus letras. Ya son varias las generaciones a las que se les impide que desarrollen plenamente sus capacidades, dejándolos en desventaja frente a los niños de otros lugares. Triple discriminación.

¿Qué tienen en común Minamata y Huepetue?
Minamata es una tranquila bahía al sur de Japón; Huepetue es un pueblo sucio y violento en Madre de Dios. Lo único que tienen en común es que el mercurio ha marcado la vida de sus habitantes. Entre 1932 y 1960, la empresa petroquímica Chisso vertió al mar 81 toneladas de mercurio que utilizaba para sus procesos industriales. El brote de envenenamiento por metilmercurio ocasionó la muerte de 900 personas y 2,000 sufrieron problemas neurológicos y malformaciones por consumir pescados y mariscos contaminados.

Existe el Convenio de Minamata, que tiene como finalidad reducir el uso indiscriminado de mercurio y que pronto será ratificado por el Perú. Este es un acuerdo global que fue suscrito por 147 países y que hasta el momento solo ha sido ratificado por 14.

En Huepetue, 60,000 hectáreas de bosque se han depredado en poco más de diez años. La zona se ha convertido en un desierto de cráteres lunares. La arenilla negra se mezcla con mercurio para poder separarla de los trozos de oro. El análisis del agua de consumo humano en ese pueblo arroja la presencia de grasas, coliformes y lubricantes, pero además arsénico, plomo y cadmio.

Justamente uno de los lugares que más conoce Fernando Osores es Madre de Dios, donde estuvo haciendo mediciones de sustancias tóxicas en comunidades del pueblo Ese eja. Incluso estuvo a punto de abrir un lodge de investigación en una de las márgenes del río Madre de Dios, en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, pero el proyecto se quedó trunco por falta de financiamiento.

Era una época en la que no había restricciones para la minería informal y las dragas anclaban en cualquier parte del río y succionaban y removían el cascajo de la orilla. Cuando la tierra se remueve y las bombas chupan el agua, ésta vuelve al río mezclada con metales y minerales que han estado almacenados por miles de años. El especialista nos explica qué sucede con el mercurio cuando se transforma en el temible metilmercurio.

“El mercurio es almacenado en la naturaleza en forma de sinambrio. Para obtener el mercurio metálico se calienta a altas temperaturas. El problema es que se vaporiza rápidamente a temperatura ambiente y esos vapores son inhalados, pasan a la sangre y causan envenenamiento.Los mineros informales lo guardan en cilindros de petróleo y lo vierten en las alfombras plásticas de los shutes, lo pisan como si estuvieran en una fiesta de la Vendimia, separan el oro y lo que sobra lo vierten al río. Pero la forma más peligrosa de veneno de mercurio es su forma orgánica: el metilmercurio. Los ríos amazónicos se contaminan con esta sustancia cuando el mercurio se vaporiza y se precipita al agua, o cuando los mineros la echan directamenteal río”. (Ya son cientos de toneladas que han terminado ahí).

En el agua viven unas bacterias que tienen la capacidad de utilizar el mercurio en su metabolismo para obtener energía. Ese mercurio metálico lo transforman en orgánico por una reacción que se llama metilación. Los microorganismos que inician la cadena alimenticia, el fito y zooplancton, ingieren esas bacterias contaminadas y se las transmiten a los peces que, a su vez, se alimentan de ellos. El resultado es que los peces carnívoros como el zungo, la mota y la doncella tienen metilmercurio en sus organismos, y éste se introduce en el cuerpo humano cuando se sirven en la mesa.
Cuando le preguntamos a nuestro entrevistado si en Madre de Dios ha visto los síntomas de la enfermedad de Minamata, nos dice que ésta tiene diferentes espectros, y que en esas zonas ya se han encontrado casos de escritura temblorosa, llamada “mercurial”, problemas de desarrollo psicomotriz y alteraciones mentales. Ha visto a mineros con alteraciones de la personalidad (cuadros de psicosis), además de los problemas respiratorios que produce la inflamación de los pulmones.

Dónde no ha estado Osores. También conoce las zonas de producción de hidrocarburos. Ha recorrido el río Tigre, el Pastaza, el Corrientes y el Napo: justamente la zona del controvertido lote 192. Nos dice que el problema de contaminación se remonta al año 1975, cuando empieza la explotación de la Occidental Petroleum Corporation y luego la de Petroperú. Cuando se extrae el petróleo no sale solo, sino acompañado de aguas y de lodo. Esas aguas de producción son veinte veces más salinas que el agua de mar y contienen arsénico y mercurio. Hasta el 2006 esa mezcla tóxica era tirada a los ríos y quebradas. “La laguna Chacchococha ya no es cocha sino petrococha. Ahí la intensidad de la contaminación ha sido tremenda. Nadie puede decir que se trata de contaminación natural”, refiere.

El informe bamba y el informe bomba
El año 2012 fue muy duro para el país, en especial para el gobierno de Ollanta Humala y todos quienes confiaron en la transformación prometida. Al conflicto de Conga, que estalló casi recién instalado el gobierno nacionalista, le siguió el de Espinar, una de las trece provincias que conforman la región Cusco, en la que obtuvo el 76% de la votación. Ocho meses después este mismo porcentaje repudiaba al mandatario.

La volatilidad del apoyo poblacional no fue gratuita. Desde hacía meses las comunidades aledañas al proyecto minero Xtrata habían denunciado que sus aguas estaban contaminadas, sus sembríos no fructificaban, sus animales morían y los pobladores padecían una ola de enfermedades crónicas. La sospecha se dirigía a la mina, pero no tenían ningún documento que confirmase su recelo.
“Cada vez que se morían los animales, la empresa les pagaba a sus dueños para que no denuncien nada”, cuenta el exalcalde Oscar Mollohuanca.

Acicateado por una población mortificada, Mollohuanca le envió una carta a la congresista cusqueña, Verónika Mendoza (en ese tiempo nacionalista), en la que le pedían que intervenga. A fines del 2010, el Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, había hecho un estudio sobre la concentración de metales pesados en orina y sangre y no se sabían los resultados.

Mendoza corrió traslado de esta preocupación al ministro de Salud, Alberto Tejada, y le devolvieron una bomba. Se trataba del informe: “Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la Provincia de Espinar – Cusco”, en el que se concluía que el 100% de la población estaba expuesta a metales pesados. De este total, 11 personas superaron el límite de referencia en cadmio, 28 en mercurio y 24 en arsénico.

El informe era contundente, a pesar de que fue financiado por una de las empresas que opera en la zona: la minera Quechua. Cuando le llegó el informe a Mollohuanca, por intermedio de la congresista, los pobladores de Espinar- que desde el 2010 venían reclamando los resultados- sintieron que sus sospechas se habían confirmado y la indignación se convirtió en furia.

En marzo del 2011 CENSOPAS había presentado un informe de este estudio al gobierno regional del Cusco, sin la participación de los pobladores. El documento era "trucho". Todo parece indicar que el ministerio, al entregarle el informe a la congresista Mendoza, se equivocó y le entregó un informe oculto (o mejor dicho “ocultado”) y no el oficial. En efecto, había dos informes, y el que revelaba cómo la actividad minera estaba haciendo estragos en la población, fue escondido.

“El estudio arrojó que el 100% de la gente que muestreó tenía en su cuerpo metales peligrosísimos como plomo, cadmio, arsénico y mercurio. Pero ellos, en su informe manipulado, resaltan solo a quienes salen por encima del límite de referencia. Es decir, minimizan el problema. A los demás no los consideran como expuestos, cuando en realidad lo son, porque lo ideal es que nadie tenga esos metales en el cuerpo”, explica Osores.

De igual manera, en el informe oficial se señalaba que las comunidades estudiadas se encontraban en una zona que aún se hallaba en etapa de exploración minera. Por ello, al dar todos positivos concluyeron, de manera errónea, que se trataba de contaminación natural. Sin embargo, el estudio se había realizado también con población del tajo de Tintaya, Antapaccay y Corcohuayo; es decir, proyectos mineros en etapa de explotación. Todo indica que el objetivo era contar con un documento oficial que “demostrara” que la contaminación no era consecuencia de la minería.
La alteración del informe era obvia. En el oficial hablaban de “estudio de base”, que implica a poblaciones no afectadas por la minería; mientras que en el informe que ocultaron se referían a un “estudio situacional”, que es aquel que se hace cuando ya hubo afectación, y que correspondía a la verdadera naturaleza de la investigación.

La protesta de una población indignada y la feroz represión policial costó tres vidas y cientos de heridos. A la hora de buscar culpables un sector se ensañó con Verónika Mendoza. La periodista Cecilia Valenzuela dijo que la congresista había falsificado los resultados y que había metido en el tema de manera arbitraria a Xtrata. Incluso la quisieron llevar al Tribunal de Ética del Congreso; pero la mentira, en este caso, tuvo patas cortas.

En julio del 2012, cuando los ánimos estaban aún caldeados, llegó el doctor Osores a la zona. Su colega, Cesar Cabezas, lo convocó al equipo de CENSOPAS para investigar los problemas de salud relacionados a la actividad minera.

Un tiempo después surgieron las desavenencias. Para el especialista la condición para que las aguas regresen a su cauce era conocer y hacer conocer la situación real, y en base a ello aplicar las políticas de salud necesarias. Pero no todos pensaban como él. Era minoría, pero también un hueso duro de roer.

Al año siguiente, el Estado empezó un nuevo estudio de salud, acordado el año anterior en la mesa de diálogo. Esa investigación ya no podía ser pagada por una empresa privada, pues hubiera sido escandaloso. El nuevo equipo elaboró un protocolo inicial en el que incluían a todas las comunidades que participaron en el 2010, y anexaba a otras que no habían sido consideradas en dicha oportunidad.

El estudio tuvo extrañas complicaciones. A Osores le habían informado que se trataba de una investigación continua, de por lo menos dos años, y que primero la iban a mandar al comité de ética para que la aprobara. Nada de eso sucedió. Finalmente comenzó siete meses después de lo planeado, luego de muchas idas y venidas.

Según el protocolo, la primera etapa se iba a realizar en Huisa y Alto Huacané. Para eso se necesitaba tener los consentimientos informados de la población. (Son documentos en los que cada persona acepta de manera voluntaria participar en la investigación.) El día que iniciaron el recojo de muestras, Osores se percató de que la documentación oficial estaba incompleta; pero su jefe, el doctor Carlos Sanchez Zavaleta, desdeñó su observación y le dijo que después lo arreglarían.

Empezaron al mediodía, cuando la mayoría de gente que los había estado esperando desde temprano se había ido. De las 500 muestras de orina que debían tomar solo pudieron recolectar 180.
Los problemas continuaron: “Las muestras debían seguir una cadena de custodia. Cada comunidad eligió veedores. Dos de ellos debían acompañarnos hasta el courier en Cusco para embarcar las muestras a Estados Unidos. Un día antes, el investigador principal Carlos Sánchez - el que no quiso ampliar el plazo de estudio - se fue a Cusco solo con las muestras, sabiendo que los veedores iban a llegar a las 10 a.m.”, relata.

Una vez en el Cusco, Osores se enteró que Sánchez ya había empaquetado las muestras con hielo seco y estaban en el depósito para enviarlas a Estados Unidos. Cuando los veedores le increparon que había violado el acuerdo con las comunidades, él respondió que las muestras estaban en peligro y que tenían que llegar cuando antes al laboratorio de ese país.

La premura por enviar las muestras a Estados Unidos no era justificada. Llegaron un día feriado, desoyendo las advertencias del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que había hecho hincapié en que no mandaran los exámenes antes porque ellos no se harían responsables. Los exámenes llegaron antes.

Al final modificaron el protocolo. Solo se analizaron las muestras de los pobladores de Huisa y Alto Huancané, a pesar que estaba previsto estudiar a diez comunidades y se amplió el examen a 17 metales, cuando el consentimiento informado solo autorizaba seis. El doctor Osores echaba chispas y las divergencias con el equipo de CENSOPAS eran cada vez más fuertes.

Este segundo estudio confirmó lo que dijo el primero (el informe verídico, el escondido). Los resultados de todos los examinados salieron positivos. Una prueba más de la contaminación en Espinar.
“Mi hipótesis es que el motivo de la contaminación en Espinar es mixto: se da por el ambiente y por la minería. La comunidad Huisa está pegada a la relavera de Huinipampa y Alto Huancané a la de Canamayo, y el 100% sale con niveles de metales en la sangre. A la población no le quieren dar valores referenciales. Les dicen: ‘Usted se encuentra entre el percentil 0 y el percentil 100’, y no saben qué tan riesgoso es. Hay exposición crónica porque hay personas que están expuestas por largo tiempo a límites mínimos. Se trata de límites referenciales (lo mínimo recomendable que se puede aceptar), pero eso no significa que estén fuera de peligro” explica el especialista.

La entrega de los resultados a la población fue más bien un volanteo y terminó de romper un protocolo violado desde el inicio. En agosto del 2013 lo dieron a conocer a la población y solo reportaron seis metales. El papel no tenía ni membrete ni firma, y no estaban consignados lo límites permisibles. Pero eso sí, les dijeron lo siguiente: “Si tienen dudas consulten a su médico especialista”. Fino.

Todas esas anomalías fueron denunciadas por Fernando Osores. Se convirtió, así, en un tipo molestoso. Insoportable para un Estado que lo único que buscaba era apagar la protesta popular sin esclarecer nada. Cuando lo contrataron todos parecían estar de acuerdo: se trataba de aliviar el malestar de la población. Sus contratantes pensaban en evitar el escándalo que enardeció al pueblo de Espinar. Él creía que se trataba de buscar la verdad.La pita terminó por romperse: el doctor fue sacado de Espinar y trasladado al lote 192, en Loreto, como investigador principal.

Sus jefes pensaron que así se iban a librar de él, pero pecaron de ingenuos. Él continuó denunciando dichas irregularidades. Cuando vio que en su institución no le hacían caso,en febrero del 2014 presentó la denuncia al Ministerio de Salud. Osores refiere que le ofrecieron un doctorado en el extranjero. Querían su silencio, pero calcularon mal: no estaba a la venta. Entonces lo trataron de traidor, le dijeron que el Estado era muy poderoso y que no iba a conseguir trabajo en ningún lado. Tenían razón.

Desde hace un año y medio no puede dedicarse a su especialidad. Se recursea como docente en la maestría de la Universidad Señor de Sipan y le caen de vez en cuando algunas pequeñas consultorías. Pero él aspira a ser repuesto y poder contribuir al país dentro de su campo.

“Yo no puedo mentir en un estudio y poner vidas humanas en juego. Para mí, acá hay violación de derechos humanos. Saben que la gente se está intoxicando de manera crónica, saben que hay gente que se está muriendo y no quieren hacer nada. Al MINSA no le debe interesar si es contaminación ambiental o si es contaminación por la mina. El arsénico es un veneno venga de donde venga”, sostiene Osores.

Desidia mortal
Su indignación reside en que han pasado dos años y el Estado no ha hecho nada con un informe que evidencia la presencia de metales pesados en el cuerpo de la gente de Espinar. El costo de esta inercia es letal.

Sostiene: “El Estado debería implementar un sistema de atención inmediato. Proveer de seguridad alimentaria para que baje la desnutrición infantil. Dotarlos de agua potable. El 2010 los trabajadores del MINSA denunciaron que el agua que salía de los grifos del centro de salud estaba contaminada con metales pesados”.

Más de treinta años de explotación minera con altísima rentabilidad para la empresa y para el Estado peruano no se han podido traducir siquiera en un agua de caño saluble.

Pero el informe es solo un capítulo de una historia que aún no termina y que, más bien, se agrava. Producto de la indiferencia del Estado los problemas de salud se están multiplicando. En Huisa denuncian que existen ocho casos avanzados de cáncer (en su mayoría renal) en una población de 400 personas. También se registran 11 casos más con síntomas iniciales.

Juan Mogollón, presidente de la comunidad Huisa, refiere: “Nosotros hemos pedido que haya una atención especializada en salud. El Gobierno, a través de la mesa de diálogo de Espinar, se comprometió a realizarla, pero no es la que requerimos para la gente afectada. Cuando van al hospitalles dicen que tienen una enfermedad incurable y que el dolor va a ir aumentando”. El dirigente denuncia también que el agua que consumen de los manantes está contaminada y que sabe a kerosene y cemento.

La comunidad Huisa, que se encuentra en el área de influencia de la mina, ha recibido durante todo el tiempo de explotación,un promedio de 20,000 soles anuales, que equivalen a 50 soles al año para cada poblador. Y por supuesto, ningún desarrollo en infraestructura.

Para el exalcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, la situación nada ha cambiado.Los animales siguen muriendo y el Estado continúa sin implementar un sistema de registro que les permita monitorear esas anomalías. Afirma: “Existe una terrible decepción en la población, ya que los acuerdos de la mesa de diálogo de Espinar no se están cumpliendo y la empresa sigue manteniendo una prensa local que denigra a los que son críticos”.

Cada vez que el conflicto vuelve a brotar, el Estado responde con ferocidad. El mes pasado la policía golpeó y detuvo a cuatro personas - entre ellas una madre con su hija en brazos - de la comunidad de Huanipampa, ubicada cerca del tajo que construye la minera Antapaccay. El delito fue protestar por el secado de un manante producto de la actividad minera.

Estado empapelado
Esta especie de Don Quijote entrado en carnes tiene su escudero: el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz, responsable del área de pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal. Juntos presentaron un recurso de habeas data contra el sector Salud. Fernando Osores sabía que la empresa Quechua había financiado los monitoreos ambientales en Espinar. Solicitó la partida presupuestal para demostrar que ese financiamiento no estaba registrado en el sector, pero le fue negada, violando la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Además, una vez que le cerraron las puertas en los organismos de salud del Estado y se quedó sin trabajo,se enteró  de casualidad que había sido sancionado. Entonces.con la asesoría del IDL, presentó una demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Salud. Alegó que no tuvo derecho a la defensa. Lo sancionaron sin notificarle; tampoco sabe por qué tomaron dicha medida. Para coronar el episodio con broche de oro, ha encontrado un oficio en el que recomiendan no contratarlo en las entidades de salud.

Por otro lado, las comunidades de Espinar han interpuesto demandas constitucionales de incumplimientoante la Corte Superior de Cusco. Está en curso una demanda madre: un proceso contra la inacción administrativa de once organismos estatales. Las comunidades de Espinar son las demandantes y se ha formado una plataforma de apoyo integrada por IDL, CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras y APORVIDHA.Han demandado al Ministerio del Ambiente por no haber declarado la emergencia ambiental en la zona en la que “gran cantidad de personas están expuestas concentraciones de metales pesados por encima de los límites biológicos permisibles”.

Le sigue el Ministerio de Salud por no declarar la emergencia sanitaria por la contaminación que se encontró en sangre y orina, que hubiera garantizado el servicio de salud a las personas afectadas. El tercer demandado es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por haber incumplido la segunda disposición transitoria de la Ley General del Ambiente que obliga a utilizar los mejores estándares internacionales, ante la ausencia de guías y normas de monitoreo y evaluación ambiental.

E incluyen a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA), la Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, la Dirección General de Epidemiología del MINSA, el centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección Regional de Salud del gobierno regional del Cusco y el propio gobierno regional del Cusco.

Ya está en el Poder Judicial otra demanda presentada por la comunidad Huisa,que demoró medio año en ser armada. El IDL y APORVIDHA fueron los encargados de darle cuerpo y los afectados la validaron y aprobaron. Apunta en  contra de la empresa Glencore (antes Xtrata) por omisión de la consulta del proyecto Antapakay.

Juan Carlos Ruiz, del IDL, sostiene: “Es posible que la comunidad Alto Huancané presente otra demanda para lograr que les consulten el plan de cierre de la mina Tintaya, que ha estado 30 años en actividad. No saben cuánto ingreso ha generado. La comunidad nunca recibió el porcentaje que le correspondíapor la actividad minera en su territorio”.

Por último, sabemos que los trabajadores del hospital de Espinar están a punto de presentar una demanda por salud, debido a que el agua potable está contaminada en esa ciudad.

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En los últimos 20 años se han removido las entrañas de la tierra. Han salido los humos y los venenos y ya nadie puede hacerse de la vista gorda.