RAPHAEL HOETMER: ¿Nuevas violencias “políticas”?

7 Hipótesis a propósito de los asesinatos de los alcaldes de Paruro y Mara

En el caso de que haya conexiones o inclusive por los contextos socio-políticos que comparten los asesinatos de los alcaldes Mara y Paruro, se necesitaría de respuestas políticas y análisis mayores. Una pregunta central en ello es: ¿estamos ante nuevos fenómenos de violencia “política” en el país? Y en el caso que si: ¿Qué implica para la democracia y la política en el país?

Raphael Hoetmer

PUBLICADO: EN LAMULA.PE

El 13 de julio, el alcalde de Paruro (Cusco) Ronald Núñez y su chofer fueron baleados y degollados con mucha crueldad en Paracaylla. Apenas a unas decenas de kilómetros de distancia fue asesinado unos meses antes (el 18 de marzo) Alberto Roque, el alcalde distrital de Mara (Cotabambas, Apurimac). Sorprende la poca atención en el debate público y político por el asesinato de dos alcaldes en menos de seis meses en la misma zona del país. Pues, ambos casos en sí mismo son gravísimos y evidencian al menos las dificultades del Estado de proteger sus propias autoridades. Pero en el caso de que haya conexiones o inclusive por los contextos socio-políticos que comparten ambos asesinatos, requieren de respuestas políticas y análisis mayores. Una pregunta central en ello es: ¿estamos ante nuevos fenómenos de violencia “política” en el país? Y en el caso que si: ¿Qué implica para la democracia y la política en el país?

Particularidades y escenarios mayores

Sin duda, los dos casos tienen características particulares. Roque fue dirigente campesino, convencido de participar de las elecciones por las comunidades del distrito. Ganó por unos cuantos votos, convirtiéndose en el primer alcalde campesino del distrito, en contra de la voluntad de las familias que históricamente tuvieron el poder en la localidad. Nuñez mas bien fue abogado, había sido alcalde en el distrito de Accha, y estaba muy involucrado en las disputas por el poder local. Ahora le tocaba dirigir la provincia de Paruro. De ambos se comentó que querían denunciar actos de corrupción en la gestión anterior, aunque en el caso de Núñez el también enfrentaba una investigación judicial por irregularidades en su gestión distrital.

Las investigaciones policiales en ambos casos parecen indicar que los autores materiales son personas de la zona, pero dejan poca claridad sobre los motivos de fondo o los eventuales autores intelectuales. Tanto en Mara, como en Paruro, corrieron y siguen corriendo distintas versiones sobre los motivos detrás del asesinato, y otros alcaldes comentan que también son extorsionados o amenazados. En general, en la región de Apurímac y particularmente en Cotabambas, hay un aumento de la violencia y de conflictos que ya dejaron varios muertos en 2014.

Los dos casos se inscriben también en procesos mayores. Paruro y Cotabambas se encuentran en la zona de mayor expansión minera en el país, aunque ambas son provincias sin una historia de esta actividad. Cincuenta por ciento de la cartera minera está ubicado en Apurímac (30%) –incluyendo el proyecto Las Bambas-, Arequipa y Cusco. Apurímac se ha vuelto la región más conflictiva en el país, mientras que Cusco esta cuarta en la lista elaborada por la Defensoría del Pueblo. La gran mayoría de conflictos están relacionados con la expansión minera, y provincias como Cotabambas, Aymaraes (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco) resultan particularmente conflictivos. Paruro más bien había sido una provincia relativamente tranquila desde la época de la violencia política. Es posible que el asesinato de Núñez está anunciando que esta situación está cambiándose, y hay preocupaciones –y expectativas- por los proyectos mineros futuros que pretenden realizarse en la provincia.

Algunos hipótesis

Para entender este escenario de circunstancias particulares y compartidas en Cotabambas y Paruro, y en general en las distintas provincias altas de Cusco y Apurímac e inclusive en varios partes del país, propongo una serie de hipótesis para la discusión, y eventualmente para diseñar respuestas políticas desde el Estado y desde la propia sociedad:

1.  La expansión minera genera transformaciones territoriales profundas dirigidas por actores extra-territoriales (particularmente las empresas mineras), en todos los aspectos de la vida, afectando a los modos de vida locales, alterando mecanismos anteriores para procesar conflictos y de toma de decisiones colectivas sobre el futuro de la sociedad local sin reemplazarlos con otros mecanismos, debido a la ausencia, debilidad y parcialidad del Estado en estos procesos.

2.  La presencia de la minería, de actividades económicas relacionadas a ella, la mayor disponibilidad de recursos estatales, como también la presencia de economías grises o ilícitas (desde la minería o la tala ilegal y las redes de corrupción en obras públicas, pasando por la trata de personas hasta el narcotráfico) han generado una mayor disponibilidad y una reconfiguración del capital en sociedades locales, transformando sus articulaciones con el capitalismo globalizado. La disputa por el control de estos recursos, y por lo tanto de los territorios de que son parte, se ha vuelto la lógica “política” de facto en el país, y particularmente en el Sur Andino.

3.  Si bien hay conflictos (como en Islay, Celendin e inclusive en Espinar) o posiciones (como lo de Roque en Mara quien reclamaba transparencia e institucionalidad), que expresan el enfrentamiento entre visiones programáticas o orientaciones de desarrollo, la mayor conflictividad local actual es el resultado de disputas por la acumulación de dinero y poder entre grupos de poder local, a menudo articulados a intereses regionales, nacionales e internacionales. Esta conflictividad no es recogido necesariamente por los reportes del Estado, menos atendido por políticas adecuadas.

4.  Estas disputas se realizan con distintas lógicas articuladas, a través de los medios de comunicación, la competencia empresarial y las elecciones, pero también a través de la corrupción, la extorsión y el ejercicio de la violencia. Ello ha resultado en una nueva economía de conflicto y violencia que genera un clima de miedo, de desconfianza y de violencia, que fragmenta la sociedad local, las comunidades y organizaciones dificultando su capacidad de respuesta. En este escenario, los asesinatos de autoridades, candidatos, operadores o dirigentes (o sus familias, como pasó el año pasado en Pamputa, Cotabambas) son un recurso último, pero cada vez más factible, además por acceso a armas a través de los redes de economías grises e ilícitas.

5.  Los actores principales de estos conflictos son grupos de poder local, “empresarios” dedicados a actividades legales, grises o ilegales (y a menudo todo a la vez), comunicadores y medios de comunicación local, redes de operadores políticos, proveedores y de “gestores” de obras. Ellos esperan controlar y acceder a los diezmos en las obras de infraestructura, a los favores que promete las empresas para quien las facilita el avanza en sus proyectos, o al control de distintas actividades económicas satélites de la minería o de la administración pública.

6.  Es en estos procesos complejos, difusos y oscuros en que la sociedad local organizada debe intervenir para controlar su futuro, abriendo la puerta a conflictos internos, corrupción o corporativización de estas organizaciones. Surgen nuevos conflictos o se profundizan conflictos históricos. Hay confrontaciones entre comunidades, poblaciones y hasta entre familiares por su forma de insertarse en estos procesos (¿gran minería, minería artesanal o agricultura?) o por conseguir sus beneficios (donde se encuentra el lindero entre dos comunidades ahora pueda implicar ganancias o pérdidas económicas enormes). Ni hablar de los “partidos políticos” quienes se han vuelto simples móviles para estas disputas en tiempos electorales.

7.  Nuñéz y Roque fueron asesinados en circunstancias que ningún protocolo de seguridad permitiera. En general, la mayor de parte de los autoridades locales, la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas comprometidos con la democracia y los derechos humanos individuales y colectivos están poco preparados para enfrentarse con este escenario, con la excepción de las rondas campesinas en el Norte del país y algunos pueblos indígenas. Las prácticas de (auto-)protección y seguridad están débiles, y las propuestas para políticas locales o acciones colectivas frente a estas problemáticas también. Es urgente (re-)construirlas.

A modo de conclusión preliminar…

Planteo entonces que estamos delante de nuevas formas de violencia “política” en el país, que no expresa enfrentamientos ideológicos o programáticos, si no la disputa de facto por el control de territorios y sus recursos entre distintos grupos y redes que se muevan a menudo en las economías legales, grises e ilícitas. La articulación y mezcla entre estas economías es parte de la dinámica del capitalismo globalizado, como expresa tan claramente la foto de la “Reina del Oro” doña Gregoria Casas con empresarios de Volvo . Esta transformación de la política no solamente implica la amenaza principal para la democracia en el país, sino también para generar un modelo de vida más equitativo y sostenible, ya que es a través de estos procesos que se concentran las riquezas y ganancias en manos de unos pocos.