AUTORIDADES COMUNALES INVOCAN AL DIÁLOGO PARA PROTEGER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN SUPAYAKU

Cajamarca, el lunes 28 de mayo 2018. 
Redactado por: Fedepaz

Supayaku es una comunidad del pueblo indígena awajún de la región peruana de Cajamarca. Su población se distribuye en 1 comunidad central: Supayaku, y en 8 comunidades menores o anexos: Yamakey, Datem, Najem, Nuevo Kunchín, Suwa, Valencia, Saawientsa y Chingozales.

Existe otra comunidad awajún en la región, Naranjos. Ambas mantuvieron un conflicto alrededor de la actividad minera inconsulta en sus territorios. Sobre esto se recomienda leer “Un río de esperanzas. Situación de las comunidades awajún de San Ignacio, Cajamarca”.

En esta ocasión, el pueblo de Supayaku ha vivido días de tensión por un conflicto en Yamakey, su anexo más poblado ubicado a la entrada de esta zona awajún. A dos meses de haberse iniciado el año escolar a nivel nacional, en Yamakey, sus principales líderes y autoridades decidieron rechazar a 5 (de 6) docentes provenientes de la comunidad central de Supayaku y exigir que se contrate a profesores de Yamakey. En resumen, los niños y niñas llevaban dos meses sin clases y los docentes oficialmente designados para dicha escuela, sin poder trabajar ni cobrar su salario.

Yamakey cuenta con un colegio de nivel inicial y primario, donde la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Ignacio concursa 6 plazas docentes. La mayoría de ellas vienen siendo adjudicadas a profesores/as de la comunidad central de Supayaku, donde se concentra el mayor número de personas con formación técnica y/o superior (aprox. 20, 90% en educación) y que, por ello, han tenido mayores oportunidades laborales y/o de representación local y regional. En Yamakey existen 3 profesores con experiencia, pero solo 1 cuenta con título profesional y suele tener mayor ventaja en el concurso de plazas (igual que los de Supayaku) que sus colegas no titulados de Yamakey.

Esta desventaja específica, fue utilizada para argumentar una situación de desventaja generalizada frente a la comunidad central de Supayaku, en donde (señalan en Yamakey) se concentran todos los “beneficios”. Es muy probable que este argumento arrastre desencuentros de larga data entre familias de ambas comunidades, pero para los principales líderes de Yamakey es una “verdad” útil para exigir a los docentes de Supayaku que renuncien a sus plazas y que la UGEL contrate a su propia gente, aun cuando no reunan el perfil técnico requerido.

Como organización de derechos humanos que proporciona asesoría y acompañamiento a las comunidades awajún de Cajamarca, FEDEPAZ, coordinó con las autoridades implicadas en este conflicto para ofrecer capacidades y herramientas que aporten a la escucha y diálogo en este contexto. Una vez que todas las partes aceptaron esta intervención, la antropóloga Ingrid Sanca Vega, en representación de FEDEPAZ, visitó este crítico escenario.

Detrás de cualquier posición de exigencia o reclamo, hay intereses y necesidades concretas. Por ello, durante 10 días, la representante de FEDEPAZ sostuvo reuniones con autoridades y familias de Yamakey y de Supayaku, con el grupo de docentes “rechazados” y con el director de la UGEL San Ignacio. La primera ronda de reuniones fue básicamente de escucha y proporcionó información clave a considerar en este contexto y trabajar en el mediano y largo plazo. Sin embargo, el plazo para salvar el año escolar de las niñas y niños de Yamakey se iba acortando y, quienes discrepaban, parecían no tener claridad del riesgo en esta situación. Los 5 profesores de Supayaku no iban a renunciar a las plazas obtenidas por concurso público, la población de Yamakey no los iba a dejar entrar en su escuela y la UGEL estaba por clausurar el centro debido al tiempo acumulado sin clases.

Aun sabiendo que existen asuntos que merecen especial atención y tratamiento por parte de todos los implicados en este escenario, se decidió sostener una segunda ronda de reuniones con Yamakey y Supayaku. En Yamakey fue importante: a) dar a conocer a los asistentes los procedimientos de contratación docente; b) concienciar sobre las desventajas de un eventual cierre de la escuela, con todo lo que cuesta que se implementen centros educativos en comunidades indígenas; c) concienciar sobre las desventajas de dar lugar a la división, dada la coyuntura de desventaja para los pueblos indígenas; d) informar sobre los principales derechos constitucionales y del Convenio 169 que estaban peligrando con su extremo posicionamiento, como el derecho a la educación de niños y niñas, a una educación de calidad y adecuada culturalmente, a una inserción laboral justa e igualitaria y al acceso a programas sociales. Por todo ello, se les invocó a replantear su posición, a dejar que los profesores asignados trabajen para que los niños y niñas inicien sus clases, comprometiendo a las autoridades a trabajar los problemas de fondo durante el presente año 2018.

La respuesta inmediata no fue un cambio de posición, sin embargo, se observó la fragmentación de lo que inicialmente parecía ser un solo bloque en Yamakey. Un sector manifestó que esperaba que Fedepaz avale el rechazo a los docentes, pero al no ver signos de ello decidieron retirarse de la reunión, amenazando con radicalizar su posición. Mientras que, el otro sector decidió quedarse y, a la luz de las desventajas, empezar a pensar posibles alternativas de negociación.

Por otro lado, en la reunión en la comunidad central de Supayaku, se invocó a las autoridades centrales a poner más atención a las demandas de los anexos, a generar espacios de diálogo y trabajo conjunto, y a fomentar la participación de todas y todos. En efecto, las reuniones posteriores a la intervención de Fedepaz, promovidas por las autoridades comunales, locales y regionales, consiguieron mayores puntos de negociación y acordaron que se restablezcan las clases escolares.

Los detalles sobre las condiciones y el ambiente en el que se desarrolló esta intervención serán materia de análisis posterior profundo, desde los enfoques de género y de transformación de conflictos. Por ahora, el objetivo de esta nota es comunicar una situación real al interior de las comunidades awajún de Cajamarca, en donde las autoridades comunales y locales vienen dedicando todos sus esfuerzos para mantenerse unidos y resolver pacíficamente esta situación. Desde FEDEPAZ, saludamos esta forma de gestionar y ofrecemos seguir aportando a que las causas más profundas de los conflictos se aborden desde el diálogo y el respeto a los derechos humanos y colectivos, dando especial prioridad a la protección de la infancia awajún de Cajamarca.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 23 de mayo de 2018