Hace 16 años, el 15 de junio del 2001, un grupo de jóvenes, preocupados por la llegada de la megaminería a Cajamarca y los impactos sociales y ambientales que se empezaban a dar, decidieron organizarse para dar asesoramiento y acompañamiento a las comunidades que veían vulnerados sus derechos ambientales y sociales por las industrias extractivas.
A día de hoy, GRUFIDES ha defendido a más de 600 personas y 100 casos relacionados a contaminación, desaparición de fuentes de agua, criminalización o usurpación de tierras, como son decenas de líderes/as ambientalistas criminalizados.
Ha promovido la modificación de marcos normativos desiguales y criminalizadores de la movilización social, así como el empoderamiento de organizaciones e individuos en la defensa y ejercicio de sus derechos fundamentales afectados por las actividades de las industrias extractivas. También ha contribuido a generar propuestas de modificaciones normativas relacionadas a la protección del medio ambiente los derechos humanos en alianza con otros actores o redes (Red Muqui, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos).
Además, se realiza incidencia nacional e internacional para sentar precedentes jurisdiccionales para el respeto de los Derechos Humanos, como es la presentación de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Promueve acuerdos de gobernabilidad y otros instrumentos de concertación social sobre temas ambientales y de derechos humanos, interviene en el diseño e implementación de Políticas públicas regionales y locales y desarrolla capacidades a funcionarios y autoridades.
Es representante ante la Comisión Ambiental Regional, pertenece al Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Ambientales y Sociales y a la Red Muqui.
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