Caso Odebrecht: ¿cómo salpica a las empresas peruanas?

Por Karina Montoya, publicado en Semana Económica

Existe la expectativa de que las confesiones de Odebrecht revelen no sólo el actuar de la propia empresa en el Perú, sino también el de sus socias locales, que son numerosas (SE 1551). En Brasil el esquema de corrupción de Obebrecht y de otras constructoras brasileñas investigadas, como Camargo Correa, OAS, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez, implicaba la formación de carteles, los cuales tomaban ‘turnos’ para ganar licitaciones.

En Brasil, según las delaciones de diversos exejecutivos, tanto de las empresas constructoras como de Petrobras, los sobornos a funcionarios públicos y políticos permitía a los carteles de constructoras ganar las licitaciones para la expansión de Petrobras. En el Perú, este modus operandi no ha sido descartado ni corroborado. Se espera que las confesiones de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht Latinvest en el Perú, en Brasil den algo de luces a las investigaciones de las autoridades peruanas.

Empresas en consorcios

El impacto para el sector privado es, por ahora, reputacional, y es previsible que implique principalmente a las constructoras peruanas que conformaron consorcios con Odebrecht y que ganaron licitaciones que están bajo escrutinio.

Graña y Montero, por ejemplo, será la más cuestionada. Se ha asociado a Odebrecht en seis proyectos, incluidos aquellos que habrían sido obtenidos mediante sobornos, según las fechas de los sobornos declaradas por la firma brasileña: el primer tramo de la línea 1 del Metro de Lima y la carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur). Ambos proyectos han sido foco de diversas observaciones, como su exclusión del otrora SNIP —hoy Invierte Perú— y sobrecostos.

Ya en diciembre, consultada por semanaeconomica.com, Graña y Montero se deslindó de la brasileña. Recientemente su CEO Mario Alvarado dio un paso más y reconoció, en la revista Caretas que la “asociación [entre su empresa y Odebrecht] ha sido equivocada”. De hecho, la empresa está evaluando “opciones legales” para tomar una decisión sobre las acciones a seguir. El escándalo de Odebrecht ya ha afectado a la empresa, pues sus acciones cayeron 14% el jueves pasado. Éste genera incertidumbre sobre el destino del Gasoducto Sur Peruano, otro proyecto al que Graña y Montero entró recientemente en consorcio con la brasileña.

En el caso de los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur, una de las obras por las que Odebrecht habría pagado sobornos, hay otras dos constructoras peruanas con las que ha formado consorcio: JJC e ICCGSA. JJC, que tiene un 7% de participación en los dos tramos de la Interoceánica Sur, también deslindó de Odebrecht en un comunicado enviado a esta revista: “JJC no ha tenido conocimiento de pagos de sobornos en relación con la obtención de dichas concesiones ni con el aumento del costo. JJC rechaza esas conductas ilícitas”.

ICCGSA, que tiene un 4% de participación en dicho proyecto, indicó para este artículo* que “deslinda de cualquier conducta ilícita y rechaza todo acto de corrupción” y que “no ha tenido ni tiene otro proyecto en conjunto con Odebrecht”. Por el tamaño de su participación —precisó la empresa— “nunca ha participado en la gestión de dichas empresas [del consorcio]”.

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En el caso de la línea 1 del Metro, las irregularidades en la construcción del primer tramo ya están judicializadas, según informó la Contraloría la semana pasada. Dicha construcción, concesionada en el 2009, estuvo a cargo de Odebrecht y Graña y Montero. El proceso judicial, iniciado por la Contraloría, señala un perjuicio económico por US$111 millones. El proceso, desde la fecha de presentación de los informes de la Contraloría, lleva ya más de tres años sin resolverse.

Depende de los contratos

¿Están Odebrecht y Graña y Montero señaladas como responsables de dicho perjuicio económico? El contralor, Edgar Alarcón, indicó a SEMANAeconómica que sus evaluaciones de control se relacionan a las entidades públicas, y que será la Fiscalía y el Poder Judicial determinar las responsabilidades de las empresas. El tipo de responsabilidad que tendría cada firma, de descubrirse algún ilícito, dependerá del tipo de contrato de concesión.

“Proveedores como Odebrecht, que pueden haber actuado a título individual o en un consorcio, su participación y responsabilidad [en presuntos delitos] sería solidaria, según se haya establecido en los respectivos contratos suscritos y en las normativas específicas de contratación del Estado o APP, según corresponda”, detalló Alarcón a esta revista.

Christian Bello, socio del estudio Lazo, De Romaña & CBM, así como Carlos Caro, socio de Caro&Asociados, coinciden en que, en el plano jurídico, no posible sindicar a las empresas asociadas a Odebrecht en proyectos actuales o anteriores como sospechosas de haber actuado en actos ilícitos, como sí lo ha confesado la firma brasileña. De iniciarse alguna investigación, las empresas peruanas sí podrían ser citadas a ser interrogadas en calidad de testigos. Pero para que pasen a ser investigadas, se necesitará más que el haberse asociado a Odebrecht en una obra en la que se descubra algún delito de corrupción.

Las obras cuestionadas con participación de Odebrecht en el Perú son numerosas. SEMANAeconómica hizo un comparativo entre los sobrecostos en proyectos locales con irregularidades y los de otros países. En varios casos con presencia de Odebrecht, el valor final de la buena pro supera largamente el benchmark del sector (ver gráfico Sobrecostos en proyectos…).

El proceso para que se aclaren o se descarten responsabilidades, sin embargo, recién empieza para el Perú.

*Nota: En una versión original de este artículo, se consignó que ICCGSA no había logrado responder a SEMANAeconómica sobre su posición en el caso Odebrecht. La actualización incluye su posición, que fue enviada a esta revista luego de la publicación de este artículo.