Archivan 77 denuncias de esterilizaciones forzadas en Gobierno de Fujimori

Esas 77 denuncias no habían sido consideradas en una primera resolución de la fiscal emitida en julio donde archivaba también de manera definitiva una denuncia anterior contra Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, por esterilizaciones forzadas.

Demus, que representa legalmente a las denunciantes Victoria Vigo y Celia Ramos, indicó que la fiscal archivó las acusaciones por no encontrar responsabilidad de autoría mediata (con dominio del hecho) en las esterilizaciones forzosas ni poder comprobar que estas constituyeran una violación a los derechos humanos.

La organización anunció que recurrirá la resolución de la fiscal para lograr en segunda instancia que la Fiscalía denuncie penalmente por crimen de lesa humanidad a Fujimori y sus exministros.

Argumentó que la resolución desconoce el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Mamérita Mestanza, suscrito en 2003 y donde el Estado peruano se comprometió a indemnizar a los familiares de la víctima e investigar y sancionar a los responsables de su muerte.

Mestanza murió en 1998 por una infección generalizada, ocho días después de someterse a una ligadura de trompas a la que accedió bajo coacciones de personal médico, que la amenazaba con multas y encarcelamiento si no se esterilizaba, según Demus.

Las presuntas esterilizaciones forzadas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.

De esa cantidad, 2.074 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento.

En enero de 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca exculpó a Fujimori de tener responsabilidad en este caso después de que la investigación reabriera en 2013, pero el fiscal superior Luis Landa ordenó revocar esa resolución cuatro meses después en cumplimiento a una recomendación de la CIDH.

La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.