Perú no cuenta con estudios que determinen disponibilidad del agua

Se prevé que para los próximos 20 años, la demanda de agua por parte de la minería se incrementaría en un 132%.

De El Gran Angular

Un reciente informe de CooperAcción “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo”, pone en evidencia que la minería no usa el 1% del agua a nivel nacional como lo afirma los organismos del Estado y el gremio minero, ya que el cálculo data de 1979, es decir desde hace más de tres décadas, cuando la minería representaba el 12% del total de las exportaciones. En la actualidad se desconoce la cantidad de agua empleada para este sector que supone más del 50% del total de las exportaciones.

“Hay un lobby que ha permitido cambios en las leyes, lo que muestra el poder que ejerce el lobby minero en Perú para controlar el proceso de adjudicación del agua que emplean. Son las empresas las que deciden sobre qué indicadores se les va a fiscalizar, son las empresas las que gobiernan a través de las normativas. Con la modificación de la resolución directoral  N°007-2015-ANA, ahora se pueden entregar licencias de agua incluso antes de que se apruebe el EIA. Tampoco ya es necesario contar con la aprobación del consejo de cuenca. Estas dos medidas dan más poder a las mineras”, explica Ruth Preciado, coautora de la investigación.

El informe  analiza en particular dos zonas emblemáticas en Perú: la Cuenca del Río Grande (Cajamarca) donde opera la minera Yanacocha, la mayor mina aurífera de Sudamérica y la segunda más grande a nivel mundial; y las cuencas de los ríos Cañipía y Salado  (Espinar, Cusco), donde opera desde el 2006 la minera Glencore Xstrata -que controla el 50% del mercado mundial de cobre-.  Las poblaciones que viven alrededor de estas cuencas (Río Grande y Cañipía y Saldado) reciben agua que bombean las mineras porque sus fuentes de agua están desapareciendo por el impacto de la actividad minera.

La cuenca del río Grande es de gran importancia para la ciudad de Cajamarca ya que la provee del 70% del agua que utiliza.

Los impactos y problemas descritos por los pobladores de las dos zonas estudiadas son compartidos: escasez y reducción de la calidad del  agua por la minería. Especialmente alarmante es la situación de pobladores de Espinar, porque dependen  de la minera, que en  época seca  les  bombea el agua.

Otro tema que  resalta el estudio es lo que viene sucediendo con las aguas subterráneas: “Se está invisibilizando el impacto, la sobre explotación de agua subterránea es de dimensiones graves porque no se vuelve a llenar el acuífero, esto es un tema que no está entrando al debate”, advierte Preciado, y agrega que en la región Cajamarca hay problemas en cuanto a la cantidad de agua, mientras que en Espinar (Cusco) el problema es crítico en cuanto a la calidad de este recurso.

Créditos: Milton Sánchez

La mitad de los conflictos socioambientales durante el periodo 2005-2013 fueron por el agua. La escasez y  mala  calidad de este recurso por la actividad minera son los principales reclamos alrededor de los conflictos, como: Conga, Espinar  o Tía María, que ha dejado centenares de heridos y decenas de muertos en el país. El  informe dirigido por las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, demuestra que tras la contaminación y la elevada conflictividad se esconde una deficiente gestión del agua marcada por la falta de información y fiscalización.

Falta de información

Los impactos de la minería sobre la disponibilidad, cantidad y calidad de los recursos hídricos en Perú son todavía  imposibles de determinar debido a la falta de los estudios necesarios. “No hay balances hídricos que determine adecuadamente cuánta agua usa la industria extractiva , cuánta agua bombea una empresa minera o cómo el constante bombeo de agua tiene un gran impacto en el agua subterránea, este dato está ausente dentro de los cálculos de la propia Autoridad Nacional del Agua (ANA) y en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)”, afirma Preciado.

Las autoridades desconocen la cantidad de agua que discurre por las 159 cuencas. No existen registros completos sobre lagunas, manantiales y puquios;  por lo  que en muchos casos no es posible determinar si las empresas mineras los han afectado y cómo; esta falta de información se encuentra en la base de cientos de denuncias de pobladores locales de zonas de explotación.  Para tomar decisiones sobre el agua, la ANA generalmente cuenta con los estudios de impacto ambiental que elaboran y presentan las empresas mineras para obtener la certificación ambiental de la actividad que pretenden desarrollar. Ana Leyva directora de CooperAcción señala que la ANA decide con información que le brinda el EIA, es decir con información de parte.

“Los EIA son estudios delimitados, solo toman en cuenta la zona de producción de la empresa, cuando el EIA tiene que ir más allá de la zona de impacto, no se puede hablar del agua en una zona específica, se debe extender en toda la cuenca.  Estamos moldeando la realidad, y parece que lo que no está en el EIA no existe, y por lo tanto el Estado no puede intervenir más allá de lo que dice el EIA, la delimitación  de la información es un acto de poder”, advierte Patricia Urteaga, investigadora  de la Pontificia Universidad Católica (PUCP).

Créditos: Milton Sánchez

La situación es crítica. Hasta el 2014,  las instituciones manejaban información sobre caudales de ríos de más de 30 años de antigüedad. Recién el 2015 se ha iniciado una evaluación de los recursos hídricos en cada cuenca. Tampoco existen estudios que describan a detalle el impacto de la minería en la hidrogeología.

La población o las Juntas de Usuarios de Agua no son consultadas, ni informadas antes de entregar un derecho de uso de agua a una minera.  Además, los estudios no relacionan la conexión entre agua superficial, subterránea, calidad y cantidad.

El ejemplo de Espinar, en Cusco pone entredicho el papel fiscalizador del Estado sobre los recursos hídricos. El monitoreo de las aguas es parte de la gobernanza caótica y desordenada de la gestión del agua en Perú. Hay muchas instituciones que tienen competencia en este tema pero que no coordinan entre sí a pesar  de tener por objetivo cuidar la calidad del agua. Respecto al agua para el consumo humano se encarga la Dirección Regional de Salud (DIRESA); en el caso de calidad es la Autoridad Nacional del Agua (ANA);  para el caso de vertidos y límites máximos permisibles, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El músculo sancionador de este último organismo también fue debilitado con la aprobación de la Ley N°30230.

Uno de los principales nudos que detecta el informe “Gobernanza del Agua” es la falta de capacidad para analizar los EIA,  es el Ministerio de Energía y Minas quien recibe el EIA y solicita opinión técnica a la ANA ¿Cómo contrastan las instituciones del Estado los EIA si no cuentan con suficiente información? Además, los tiempos para la revisión de los EIA son escasos,  ya que se ha establecido como plazo 150 días, que incluye la aprobación del EIA y otros 14 permisos o autorizaciones.

A esto se suma la falta de transparencia con la que actúan la ANA y sus órganos desconcentrados. Según el estudio, la ANA deniega, dilata y omite entregar información sobre los derechos de uso de agua,  más aún si se trata de los expedientes técnicos de proyectos mineros.  Al solicitar el ciudadano información en las zonas de explotación, es remitido a las oficinas de Lima. Cita el informe que los expedientes de uso de agua de  gigantes como Yanacocha y Xstrata-Tintaya se desconocen.

Créditos: Milton Sánchez

No se puede tomar decisiones con información de hace más de 30  años de antigüedad, con información desfasada”, señala De Echave.

Costos de la contaminación

Aunque no se cuente con cifras oficiales, existen estudios que han tratado de medir el impacto económico y ambiental sobre los recursos hídricos de la minería.  De acuerdo a una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica (PUCP) el costo de la contaminación minera durante el periodo 2008-2009 ascendió a un total de 1.263 millones de dólares. Según el Ministerio de Energía y Minas hay más de 6.800 pasivos ambientales por esta actividad extractiva.

“Los economistas del siglo XXI tienen que comenzar a internalizar los temas ambientales porque nos cuestan. La degradación ambiental nos cuesta  6 mil millones de dólares todos los años. Es decir, cuando nos dicen que el Perú va a crecer 6%, bueno, hay que empezar a restar también. Hay análisis económico de cuánto se gana, pero no cuánto se pierde, eso no forma parte del análisis para la aprobación de un proyecto minero”, sostiene De Echave.

Un ejemplo de cuánto puede costar la contaminación es el caso del Río Rhin en Alemania, el costo para descontaminarlo fue de 50 mil millones de euros, durante 20 años.  En Perú, toda la cartera de inversión de proyectos mineros representa 58.3 mil millones de dólares.  Ana Leyva alerta que en nuestro país no se están contabilizando los costos de pérdidas de las fuentes de agua.