El reasentamiento de la ciudad de Morococha es un tema que debería retomarse y colocarse en agenda. La construcción de Nueva Morococha se desarrolló en el año 2012 a cargo de la empresa minera Chinalco, que ejecuta el proyecto Toromocho. Casi mil doscientas familias fueron desplazadas en ese entonces; sin embargo, el proceso de mudanza no ha concluido. La población está literalmente dividida. Poco más de setenta familias se opusieron al desplazamiento y aún viven en la ‘Antigua Morococha’, ubicada a metros de la mina cuprífera a tajo abierto. Las familias ya reasentadas conviven con las consecuencias de un traslado no consultado, a zonas no apropiadas para habitar.
La población no estaba informada sobre la presencia de metales pesados en la zona del reasentamiento. Sólo se le entregó un resumen ejecutivo del EIA de Toromocho. La población solo se enteró de esto casi cuatro años después, cuando ya la mayoría se había mudado.
El Estudio de Impacto Ambiental del reasentamiento fue presentado como un anexo del EIA del proyecto Toromocho. Es decir, en el momento en que el Ministerio de Energía y Minas aprobó el mencionado EIA, automáticamente dio el consentimiento del reasentamiento de la ciudad. Frente a ello y al haber seguido de cerca el caso, Ana Leyva, directora de CooperAcción, sostiene que el EIA del reasentamiento de Morococha “debió ser sometido a un proceso de discusión, debate, revisión. Había pasado desapercibido”.
Lo crítico, además, es que se hizo caso omiso al estudio realizado en el 2009 por la consultora Knight Piésold. A excepción de una, todas las muestras tomadas en el suelo donde actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo (sustancias tóxicas, con efectos cancerígenos) por encima de los límites permitidos de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA); en algunos puntos los superaron hasta en 8 y 11 veces. La presencia de estos metales pesados es comparable con los niveles registrados en el suelo de La Oroya. En el caso del arsénico, los suelos de Morococha registraron los 589 mg/kg, y 1136 mg/kg de plomo; cuando los ECA establecen para suelos residenciales y parques niveles menores a 50 mg/kg y 140 mg/kg, respectivamente. En las zonas muestreadas en ese entonces, hoy hay viviendas, lozas deportivas para escolares, y zonas con desmonte y pasto usadas como espacio de recreación por niños y adultos.
A la problemática de salud pública se suman el incremento de la pobreza, el desempleo y la migración masiva de los residentes de esta nueva ciudad. Las calles permanecen vacías, no hay clientes para los pequeños negocios ni para las mototaxis, hay menos alumnado en los colegios y muchas casas lucen en las ventanas anuncios de venta o alquiler.
Para saber más sobre el caso de Morococha, revisar recientes informes de Mongabay:
Detonaciones de proyecto minero ponen en riesgo a la población de Morococha
Nueva Morococha: las consecuencias del reasentamiento
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros Perú
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