Mirtha Vásquez escribe una reflexión en el ¨En el Día Mundial del Agua¨

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)de 1992 en Río de Janeiro. Luego de una resolución del PNUMA, se designó el 22 de marzo para celebrar y recordar la importancia del agua. Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día a la celebración de actividades concretas para el fomento de la conciencia publica sobre el cuidado del agua.  Como el estado peruano poco y nada se acuerda de honrar tan importante fecha, aquí planteamos algunos aspectos para reflexionar en torno a un tema tan delicado.

La disposición de agua en el Perú

Conforme lo señala la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Perú es un país privilegiado por su oferta hídrica, dispone de un volumen anual promedio de 2´046,287 MMC de agua, ubicándose entre los 20 países más ricos del mundo en este recurso; no obstante su distribución no es equilibrada en las tres vertientes hidrográficas que tenemos. Así el 97.7% del volumen en la vertiente del Atlántico, en donde se asienta el 30% de la población, el 0.5% se encuentra en la vertiente del Titicaca, en donde está el 5% de la población y, el 1.8% restante se encuentra en la vertiente del Pacífico, en donde paradójicamente se concentra el 65% de la población que además, es la que produce el 80.4% del PBI.

Esta desigual distribución espacial del agua y su variabilidad estacional, determinan diferencias significativas en la disponibilidad del recurso. A ello debiéramos incorporarle dos factores fundamentales que se vuelven cada vez más recurrentes en el país en torno al recurso hídrico, la competencia que se ha generado entre usuarios por incorporación de actividades económicas, y el deterioro de la calidad del agua.

La competencia por el agua y los usuarios preferentes

En el Perú se ha profundizado en los últimos años un sistema económico de apertura al libre mercado, producto de ello se ha intensificado el desarrollo de actividades productivas, pero sobre todo de tipo extractivo.  Estas generan un problema de competencia por recursos hídricos entre usuarios tradicionales (comunidades, agricultores) y los relativamente nuevos (mineros, agroexportadores, petroleros, usuarios energéticos).

Si bien la Ley de Recursos Hídricos, determina en su art. 35 la prelación de usos del agua, estableciendo que la prioridad es el uso primario, luego el poblacional y en tercer lugar el uso productivo, en la práctica resulta sumamente complicado que estos órdenes se respeten; el poder que ejercen las empresas les permite tener prioridad sobre el recurso valiéndose de un sistema legal que puede manipularse, un sistema institucional que es fácil de filtrar con corrupción, y la existencia de omisiones legales –por desconocimiento- por parte de los usuarios tradicionales, que luego bien pueden aprovecharse a su favor.  Lo segundo es la falta de fiscalización y control estatal que haga respetar escrupulosamente las prioridades que establece la ley.

La degradación permanente del agua

El otro gran tema, es la afectación a la calidad del agua que también impacta sobre la disponibilidad. Nuevamente, según la “Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú”, se ha determinado que  “el grado de contaminación, crece en el país en la medida que se desarrollan las ciudades y las actividades económicas, mereciendo especial atención por su incidencia negativa, la minería informal, la industria pesquera, las grandes ciudades, los complejos industriales, la explotación de hidrocarburos, la industria extractiva forestal y la agricultura”.  En ese sentido, en lugares en los que se desarrollan estas actividades surgen afectaciones al agua, en menor o mayor medida; la contaminación de los ríos Chiriaco o Marañón en los últimos meses producto de derrames de petróleo son solo ejemplos emblemáticos de ello; por desgracia todo esto sucede ante la inacción del Estado que no cuenta con mecanismos legales o institucionales eficientes para reaccionar, revertir o reparar estos graves daños al agua.

Qué tenemos pendiente en el país?

A pesar que en nuestro país se reconoce legalmente que el agua es un recurso fundamental para la vida, tenemos aún pendiente reconocer al agua como un Derecho Humano, condición básica para hacer prevalecer su uso a favor del ser humano, por sobre toda actividad económica. 

Tenemos pendiente la reorganización institucional armónica  para administrar el agua como bien natural, social y económico, que está impidiendo el uso, aprovechamiento y conservación adecuada. Pero además de ello es urgente un sistema legal, institucional firme, capaz de controlar y garantizar la protección del agua para que no se permita el “hidrocidio”, el exterminio hídrico, al que asistimos hoy. 

Nos queda pendiente pensar cómo garantizar no solo el derecho al agua, sino “el derecho del agua”, porque tenemos que abandonar esa perjudicial  concepción antropocéntrica que hace que los seres humanos creamos que los únicos que debemos preservarnos somos nosotros, sin reconocer que es a la propia naturaleza a quien le asiste este derecho. 

La abogada Mirtha Vásquez Chuquilín es Directora de GRUFIDES.

Artículo publicado en Noticias SER