Criminalización de la protesta

El Plan Nacional contra la Violencia de Género en Perú (2016-2021)[1] reconoce, entre las 16 modalidades de violencia de género, la violencia hacia las mujeres perpetrada por diversos actores en contextos de conflictos sociales.

Los conflictos sociales en el Perú no solo no encuentran solución al momento sino que parecen agudizarse cada vez más, una de las causas es posible que sea la política errada del gobierno en el manejo de conflictos, la cual parece estar basada principalmente en la “criminalización”.

Las normas legales son una manifestación de las relaciones del poder entre los actores sociales políticos y económicos. En el Perú es evidente que se está consolidando mediante ellas un modelo económico basado en las industrias extractivas con amplio respaldo del gobierno central sin importar que se violenten los derechos de las poblaciones más vulnerables.