Inicio Las Bambas hora cero

El día lunes 28 de setiembre hemos sido testigos de cómo se desangraba el pueblo de Cotabambas, las delegaciones formadas por cientos de campesinos organizados para protestar por las condiciones de la empresa MMG, que busca explotar uno de los proyectos mineros más grandes del país[2], el de Las Bambas, enApurímac. La falta de diálogo y el incumplimiento de los acuerdos han derivado en un paro general, con el bloqueo de vías de acceso[3], cuatro muertos y más de 15 heridos, así como con la consigna de “Las Bambas no va”[4]. Este ha sido repelido con disparos a comuneros desarmados y ha motivado que se declare el Estado de emergencia en seis provincias de Cusco y Apurímac[5]. Ello repite la historia de más de 20 años de conflictos socioambientales en el país, y, a su vez,de un modelo de desarrollo en el que son insuficienteslas propuestas del gobierno para la obtención de la licencia social.

Además, llama la atención que en los cuatro días de paro no se vio ninguna noticia al respecto en los medios de comunicación, y sí en las redes, como alternativa informativa. Este hecho muestra cuán de espaldas está el país a la realidad campesina, que solo pasa a los titulares una vez que aparecen los muertos, quizás por tratarse de una población quechua hablante e indígena en el sur andino, que resalta más por sus índices de pobreza. Ello nos obliga a preguntamos si la indiferencia es otra de las constantes del modelo. Para el proyecto también debería haberse aplicadoun proceso de Consulta Previa, si se tomaba en cuenta a la población involucrada, su lengua, sus características étnicas y culturales, así como la permanencia de su población en el territorio.

Las Bambas es un proyecto que tiene una historia reciente que podríamos ordenar en tres ciclos. El primero, que va desde su venta y concesión, en el año 2004y hasta el 2007. El segundo, de introducción y negociación, entre los años 2007 y 2010. El tercero, de asentamiento y coexistencia, desde el 2010 hasta la actualidad. Cabe resaltar que el proyecto se ha prolongado durante los periodos de tres gobiernos distintos: Los de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Luego, en el 2013, sufrióun cambio de propiedad en el mercado global, cuando fue adquirido, después de la fusión Glencore Xstrata, por la empresa MMG, su actual propietaria.

El segundo período, del 2007 al 2010, es el de negociación y consta de una serie de actos de protesta y de desplazamientos de las organizaciones y la población de Cotabambas a Abancay, la capital departamental, y a Lima, por los beneficios para las comunidades, de la administración del Fondo Social de Las Bambas y del Fondo de Fideicomiso, que lideró la Federación Campesina de Cotabambas, para retirar a Proinversión de la administración, porque no estaban de acuerdo en que estos funcionarios decidieran el gasto de los fondos, en lugar de los miembros de las comunidades campesinas.

Luego, entre el 2008 y el 2010, se firmaron convenios, proyectos productivos y sociales. Fue entonces cuando se dieron las negociaciones para la compra de terrenos en el área de influencia directa de la comunidad de Fuerabamba, las mismas que implicaban su traslado. A su vez, se dio una fuerte polarización de la población en torno a la aceptación y la licencia social del proyecto. Sin embargo, se mantuvieron los principales cuestionamientos, porque las reformas se concentrabanmás en los espacios urbanos de los distritos, en desmedro de las zonas rurales donde se encuentranlas comunidades.

También fue una etapa en la que las organizaciones comunales y locales se fragmentaron, y sus líderes perdieron legitimidad, o bien sufrieron procesos legales, denuncias o juicios, o pasaron a formar parte de los programas de la empresa, de trabajo, transporte u otros. En este período, los líderes que  fueron parte de las organizaciones ocuparon cargos en los distritos, como regidores o autoridades. Fue una etapa en la que enfrentaron los fuertes cambios en el territorio, los desplazamientos, las infraestructuras, la llegada de población foránea y el movimiento tanto económico y como comercial. También se produjo la cooptación y hasta compra de favores de dirigentes por parte de la empresa, buscando facilitar las negociaciones y flexibilizar los acuerdos, lo que puso en evidencia la fragilidad de las instituciones.

Entre el  2010  y 2013 fueron construidos el campamento y las infraestructuras para el proyecto, vías de acceso, carreteras, etc. El punto de quiebre se dio cuando Xstrata presentó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas, donde aparece el mineroducto que se instalaría entre las provincias de Cotabambas y Chumbivilcas, y llegaría hasta Espinar. Sin embargo, las instalaciones de Tintaya producirían concentrados de molibdeno y cobre, lo cual implicaría el uso de las fuentes de agua y la derivación de sus desechos a la provincia de Espinar. El alcalde de Tambobamba, Guido Ayerbe,[6] declaró que aunque la minería esprioridad para la provincia, el mineroducto no iba, porque sus impactos afectaría a los varios distritos que atravesaría[7]. 

En el 2011, el alcalde de la provincia, Odilón Huanaco, recibió a la primera dama Nadine Heredia, quien llegó a la provincia de Cotabambas. En la ceremonia de entrega del apoyo humanitario, para el impacto de las heladas en los distritos más altos, el alcalde de Challhuahuacho otorgó a la señora Heredia las llaves de su distrito y el traje típico de los apurimeños: “Hermanita Nadine –le dijo- con el gobierno del presidente Ollanta Humala los pueblos del país gobernarán, después de que han sido marginados y olvidados por muchos años”. Huanaco Condori estaba gestionando, además, la transmisión de fondos del gobierno regional, para la elaboración de estudios técnicos de proyectos, en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara[8].

En el 2013, se produjeron las protestas de la Federación Campesina de Challhuahuacho, mediante las cuales se pidió el respeto de los 17 compromisos que la empresa había asumido, para beneficiar a las comunidades situadas en el área de influencia indirecta del proyecto; uno de ellos recogía una de las principales demandas en la zona: La generación de empleo. Entre el 2013 y el 2015, las actividades del proyecto y las obras de infraestructura se incrementaron, con la presencia de alrededor de 17 mil trabajadores.

En el mes de marzo de este año, y después de las elecciones municipales, llegó a Challhuahuacho una comisión conformada por los representantes de los sectores de Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, y Educación. En esta ocasión, estuvieron ausentes los titulares de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agricultura y Cultura[9]. También fueron obviados los diálogos con estos sectores cuando se acordaron los proyectos y programas de la PCM para el distrito de Challhuahuacho en las mesas de desarrollo[10]. Las demandas por el acceso a recursos como el agua, por el cuidado del medioambiente y en torno ala propiedad comunal fueron dejadas de lado, pues se argumentó que las carteras de Energía y Minas y de Ambiente ya se estaban encargando del asunto.

A las pocas semanas de la primera reunión con la comisión, Alberto Roque Cconsilla, de la comunidad Yuricancha, recién electo alcalde de Mara, fue asesinado en extrañas circunstancias, cuando estaba por concretar una serie de proyectos para el distrito con los ministerios y la PCM e iba a convocar a una reunión para informar por los cien días de su gestión. Igualmente, el burgomaestre tenía entre sus propósitos intentar unir en una sola plataforma a las comunidades del distrito para poner en marcha nuevos procesos de negociación con la empresa. Ello evidenció un escenario de desconfianza entre líderes y autoridades, así como una conflictividad con niveles de violencia encapsulados pero dispuestos a emerger en cualquier momento.

Finalmente, esta historia tiene algunas lecciones que se pueden enlazar con las de los otros conflictos en el país, con la falta de institucionalidad sobre la gestión de los recursos, la flexibilizaciónen el cumplimiento de los procedimientos, ya su vez, con los diferentes momentos en los que se posterga la toma de decisiones de las poblaciones afectadas por los proyectos, que se organizan para protestar. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué se ocultó el cambio del EIA para la construcción de la planta transformadora de molibdeno, filtros y concentrados en la provincia de Cotabambas, de la que sí estaba enterado el ministerio de Energía y Minas?

A lo largo de la historia del proyecto, se mantiene una constante en las demandas sociales: Se pide cuidado de los recursos naturales, el acceso a las fuentes de aguay evitar la contaminación. También se venía madurando el descontento frente a las instituciones, pero los temas no abordados por los técnicos y funcionarios del Estado y la PCM fueron: ¿Qué va a pasar con sus recursos, el medioambiente y la propiedad comunal?

La promesa de este gobierno, largamente postergada para Cotabambas, de darle la potestad de gobernar sobre sus territorios después de años de haber sido olvidados,debe cumplirse. La población ha sido testigo de los conflictos en otros departamentos del país. Ante la falta de explicaciones, se ha acumulado cierto descontento, que podría haber desencadenado la movilización. Las demandas de información no fueron atendidas, hecho que mostró, una vez más, que tanto la empresa como el gobierno no los estaba considerando en sus decisiones. Ello prueba que aunque hay errores que pueden corregirse, así como responsabilidades en las malas decisiones del Ejecutivo -que han conllevado el trágico saldo de pérdidas de vida-, aún falta aprender las lecciones: Cumplir con los acuerdos, restablecer el diálogo y cambiar el modelo de crecimiento rentista.